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Redacción / SomosMass99
México, D.F. / Martes 19 de enero de 2016
“Ante la dolosa campaña de desprestigio que enfrenta”, más de un centenar de organizaciones civiles y activistas en derechos humanos manifestaron hoy su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en la investigación que realiza para esclarecer el caso Ayotzinapa.
- Las organizaciones sostienen que el GIEI “no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también el de las más altas autoridades”
Al mismo tiempo, expresaron su convicción de que el trabajo del grupo interdisciplinario “no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también el respaldo -expresado públicamente- de las más altas autoridades”.
En un texto de siete párrafos, las organizaciones y las y los expertos firmantes recuerdan que fue el propio Estado mexicano, en el contexto de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, el que aceptó la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014 y que sus integrantes fueron designados a propuesta tanto por el gobierno de la República como por los peticionarios, de tal cuenta que “los representantes del Estado mexicano estuvieron al tanto del alto perfil y el prestigio de cada uno de sus integrantes.
“Desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI señaló las fallas y omisiones de la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes; reivindicó la centralidad de las víctimas dentro del proceso y, mediante un contundente informe presentado en septiembre de 2015, ofreció nuevas líneas de investigación que deben agotarse”.
Hacen notar que “esta novedosa herramienta de supervisión internacional en materia de derechos humanos es ampliamente reconocida en México y en la comunidad internacional; su Informe ha sido considerado como uno de los más relevantes documentos sobre la situación de los derechos humanos en México en los últimos años. Adicionalmente, el GIEI se encuentra en una fase decisiva pues su segundo mandato, para el que se le habilitó a seguir supervisando técnicamente la investigación, se extiende en principio hasta el próximo 30 de abril”.
Al mismo tiempo llaman la atención sobre el entorno que se ha generado a partir de los resultados obtenidos por el grupo. Puesto que “conforme el GIEI ha avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos, se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y, de esta forma, confundir a la opinión pública.
- “No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres».
“La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados. Aunque el objetivo de la campaña hasta ahora se ha centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala -soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región-, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso.
“No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la Procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género”.
Alertan también que esa campaña mediática y política “coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI; señaladamente, la reticencia del gobierno federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas”.
De tal cuenta, instan al gobierno mexicano a demostrar su compromiso con la búsqueda de la justicia y la verdad para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias. “El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México”.
- «Es claro» que se quiere «deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso».
Entre los firmantes del documento se encuentran el obispo Raúl Vera, Elena Azaola, Karina Ansolabehere, Ximena Andión, Santiago Corcuera Cabezut y Vladimir Chorny. Entre los organismos de derechos humanos, Artículo 19, Freedom House, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM, Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA -León, Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo de Dolores Hidalgo, y Servicios y Asesoría para la Paz. Y entre las redes, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que integra a casi 80 organizaciones de 21 estados del país.
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