SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México. / Jueves 3 de marzo de 2016
«Durante la madrugada de hoy 3 de marzo del 2016, personas armadas y con lujo de violencia irrumpieron en la vivienda y asesinaron a la compañera hondureña Berta Cáceres, fundadora del COPINH en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá al sur-occidente de Honduras. En los hechos fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), de tal suerte que logró sobrevivir y con ello convertirse en un actor clave para las investigaciones que esclarezcan el asesinato de nuestra compañera Berta».
Con esas palabras, Otros Mundos Chiapas emitió la alerta sobre el atentado y exigió al gobierno de Honduras el pronto esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres y protección para el activista mexicano, respectivamente. A la demanda se sumaron de inmediato más de cien organizaciones de derechos humanos de nuestro país, las que a su vez lanzaron un llamado al gobierno de México para que brinde todo el apoyo que garantice la seguridad de Gustavo Castro y su colaboración con las autoridades hondureñas.
Otros Mundos Chiapas, de la que es director el activista mexicano, dijo en su alerta que al sobrevivir al atentado en que Berta Cáceres perdió la vida, Gustavo Castro se convirtió «en un actor clave para las investigaciones que esclarezcan» los hechos.
«Tanto Berta como Gustavo son dos personas de reconocida lucha social y ambiental a nivel internacional, lo que muestra la coherencia de su vida dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a quienes han acompañado en sus procesos de resistencias para que de forma organizada y pacífica, eviten que el proyecto neoliberal de los gobiernos regionales se apropien del territorio mesoamericano a través de sus proyectos extractivos de muerte».
Al tiempo en que calificó los hechos como un «lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño», la organización exigió al gobierno mexicano que garantice el retorno sin contratiempos de Gustavo Castro a nuestro país y pidió a las autoridades hondureñas dar seguridad a todos los miembros de la Coordinadora General del Concejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
En México, organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente también se pronunciaron sobre el atentado al señalar que Berta Cáceres «fue una defensora que se destacó por su labor de defensa de los pueblos indígenas hondureños y del medio ambiente en Honduras y en la región centroamericana».
Relataron que «esta madrugada un grupo de hombres desconocidos entró a su vivienda, ubicada en el municipio de Esperanza, departamento de Intibucá al occidente de Honduras, donde fue asesinada. Gustavo Castro Soto se encontraba hospedado en casa de Berta cuando ocurrió el homicidio y fue herido durante el ataque.
«Gustavo Castro ha declarado ante la Fiscalía en calidad de testigo y la información que aporte puede ser clave para dar con los responsables. Esta situación puede poner en riesgo» su vida, «por lo que hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que le aseguren todo el apoyo en lo que se refiere a su integridad y a su colaboración con autoridades hondureñas.
Entre las organizaciones firmantes se cuentan el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario; la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Servicios Para una Educación Alternativa; la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua; el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos; la Red Mexicana de Afectados por la Minería; alumnos y profesores de 8 Generación de Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X; la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca; Nos adherimos como ABC; Hijos de la Tierra; el Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República.
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