SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 15 de marzo de 2016
Cuando la señora Mary Robinson fue Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, decía que la situación de éstos, en un determinado país, se evaluaba por la manera en cómo se trata a las personas defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo con este criterio, en México quienes trabajan en la defensa de los Derechos Humanos son asediados y acusados de aprovecharse de la situación en aras de beneficios personales.
Desde hace algunas semanas, de nueva cuenta, Isabel Miranda de Wallace acusa a un grupo de defensoras y defensoras de integrar una red de complicidad para lucrar con temas como la tortura. Entre los señalados están Mariclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez y José Antonio Guevara, entre otros.
Señala que los defensores mexicanos acuerdan con el Relator de la Tortura de la ONU para usar la justificación de que personas acusadas han sido torturadas, liberarlas y luego obtener millonarias indemnizaciones.
La señora Wallace llega al grado de elaborar un mapa de relaciones en donde pone las fotos de aquellas personas que acusa, y hace una serie de supuestas conexiones para mostrar que todas y cada una de estas personas están conectadas con el propósito de hacer tropezar a la justicia mexicana.
La realidad es bastante diferente a lo sostenido por esta mujer, pues cada una de las personas mencionadas son defensoras y defensores de derechos humanos que desde hace décadas trabajan en favor de las víctimas de abusos, su trabajo es público y la actividad de sus respectivas organizaciones se sostiene con el apoyo de agencias internacionales de cooperación.
Conozco a cada una de las defensoras y defensores acusados y puedo asegurar que su trabajo es profesional, ético y nunca han cobrado a las víctimas.
La campaña de esta señora encuentra un terreno fértil pues, desde hace un año, funcionarios de alto nivel de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación han descalificado y cuestionado el Informe del Relator contra la Tortura sobre ésta práctica en México (http://bit.ly/22eiXhG); pusieron en cuestión las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (http://bit.ly/1Kyy4Yi) y ni qué decir de la total desacreditación del Informe de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos sobre la situación en México.
Este embate gubernamental y la campaña de la Señora Wallace repiten los mismos cuestionamientos y sostienen idénticos argumentos para descalificar a los organismos protectores creados por los mismos gobiernos y denostar a las personas defensoras de derechos humanos.
Son dos frentes con un único propósito, cuestionar a los defensores, minar su credibilidad y socavar el trabajo de defensa de los derechos humanos en México.
@EdgarCortezm
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