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Redacción / SomosMass99
Washington, EE.UU. / Martes 29 de marzo de 2016
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó «categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez de Icaza Longoria». Y calificó de «temeraria e infundada» la averiguación previa iniciada contra Álvarez de Icaza por un «presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano» en relación con el trabajo realizado por el grupo de expertos, «tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación».
- Emilio Álvarez de Icaza.
La CIDH aclaró que Álvarez de Icaza firmó el acuerdo de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo y en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de «delegación de firma» y conforme a las reglas de la propia organización. Hizo notar además que «la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA. «La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el secretario ejecutivo».
El posicionamiento expresado por la CIDH en respaldo al GIEI y a Álvarez de Icaza se da un día después de que el poeta Javier Sicilia y decenas de organizaciones de derechos humanos dirigieron un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, «y a sus organizaciones clientelares», en el que manifestaron que no aceptarán nunca «que se calumnie, se criminalice, se persiga, se torture o se asesine a nadie, mucho menos a los defensores de derechos humanos ni a quienes han tomado el camino de la justicia, la paz y la no violencia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la campaña que, entre otros, inició desde hace semanas la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien ha descalificado tanto a Emilio Álvarez de Icaza como el trabajo realizado por los integrantes del GIEI; y a la denuncia interpuesta ante la PGR contra Álvarez de Icaza por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, organismo identificado por el periodista Álvaro Delgado en el semanario Proceso como «una de las caretas del Yunque, la organización secreta de extrema derecha que ensalza a militares y políticos acusados de represores y criminales, como Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia».
- Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.
A través de un comunicado de prensa, la CIDH «expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada».
Cita la denuncia, que señala: «Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos».
- José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal.
Recuerda que el convenio de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), y que «fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
«La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Las partes acordaron ‘la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano’ tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares».
La designación de ese grupo se hizo por un periodo de seis meses, con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.
- Los y las integrantes del GIEI han sido objeto de una campaña de desprestigio, sostiene la comisión.
La CIDH da cuenta que «el informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona ‘la versión histórica’ de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso».
A la vez que la comisión reiteró su respaldo al GIEI «en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el grupo», expresó su apoyo «en forma categórica» a la actuación del secretario ejecutivo, «que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
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