SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Jueves 31 de marzo de 2016
El Estado es, y ha sido desde su aparición, el instrumento a través del cual la clase dominante o grupos dominantes ejercen su poder en una sociedad determinada. Crea o coopta mecanismos para producir y reproducir las condiciones que refuercen ese poder, entre los que se pueden citar: el gobierno, las fuerzas armadas (ejército, marina, policías), el sistema político electoral, el sistema educativo, la legislación, las cúpulas sindicales y eclesiásticas, medios masivos de información, entre otros.
Para que el ejercicio del poder se desarrolle con un mínimo de obstáculos la clase dominante debe imponer a los dominados una visión y concepción del mundo y de la realidad, su ideología, que les impida identificar y ubicar correctamente a sus opresores e implementar las medidas y acciones adecuadas para sacudirse el dominio y construir una sociedad que atienda a sus intereses.
En nuestro país, el dominio ideológico ha permitido al grupo en el poder hacer y deshacer casi a su antojo. Las “reformas estructurales” impuestas mediante el Pacto por México son muestra de la capacidad que el sistema tiene para lograr sus objetivos. Y cuando algún sector de la población objeta o no acepta las acciones desde el poder, echan mano de su abrumador aparato de propaganda para denostar a quienes se oponen o, en algunos casos, distraer a la opinión pública; cuando eso no funciona, la represión, en sus más variadas formas, aporta la solución final (Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Ayotzinapa y un largo etcétera).
Aunque muchos mecanismos del sistema se han desgastado, la clase dominante los ha ajustado, renovado o creado los necesarios para mantener y reproducir su poder; siempre con base en el dominio ideológico y su legalidad, la que utilizan para legitimar todas sus acciones.
Sin embargo, y pese al dominio ideológico, la realidad es necia y no se adapta a la visión del mundo y la realidad que desde el poder tratan de imponernos. Cuando eso sucede se agudizan las contradicciones y la clase dominante tiene cada vez más problemas para ejercer el poder sin generar más y más graves contradicciones.
La intención de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que permita al presidente de la república solicitar al Poder Legislativo la suspensión de garantías y derechos de la población “en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro”, y crear prácticamente un estado de excepción, aduciendo que esa suspensión es una manera de tutelarlos, es muestra inequívoca de la agudización de las contradicciones del régimen con el pueblo.
La crisis estructural que padece el sistema, parte de la necia realidad, se ha encargado de agudizar las contradicciones y desenmascarar a quienes desde hace varias décadas nos han estado ofreciendo el paraíso mediante la modernización del país en el contexto de la globalización capitalista, modernización que obedece a intereses que no son los del pueblo mexicano, por tanto, requieren con urgencia de un marco legal que legitime sus acciones contra todo y todos los que se les opongan.
Los problemas de nuestro pueblo no se resolverán con parches al sistema vigente; la solución tendrá que ir la raíz, a las causas que los provocan. Y el sistema y su régimen son causantes fundamentales de casi todo lo malo que sucede en nuestro país.
No fue casual que en la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), se asentara: “Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México”.
El grupo dominante seguirá haciendo todo lo necesario para preservar su dominio en todos los órdenes de la vida hasta que nosotros, el pueblo, pongamos un alto a su proyecto de país y nos decidamos a construir otro, incluido el Estado; en otras palabras, la refundación de México.
Esa refundación es lo que se propone desde la Constituyente Ciudadana Popular. El cómo será tarea y decisión de todos.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.
Comparte en Facebook
Twittéalo








