SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 14 de abril de 2016
- Denuncian que desde 2012 se han encontrado más de 500 osamentas en fosas clandestinas en Guerrero
- La desprotección del Estado mexicano genera serias amenazas a las víctimas y pérdida de evidencia de los 143 cuerpos encontrados por familiares
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha negado a dar acompañamiento en Guerrero a personas que realizan excavaciones en fosas en busca de sus seres queridos y que el gobierno federal ha cumplido con «pocas» de las medidas cautelares que se comprometió a brindar a los familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
I(dh)eas Litigio Estratégico, el Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia (IMDHD) y la Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) emitieron un comunicado en el que informan que esta situación prevalece a pesar de que el domingo 3 de abril fueron encontrados restos humanos, toda vez que «hasta la fecha ninguna autoridad» ha acudido a la zona a preservar dichas osamentas.
«Desde septiembre de 2015, diversas organizaciones (…) solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas acciones urgentes a favor de 117 personas desaparecidas y medidas cautelares a 39 de las víctimas que se han dedicado a la búsqueda de sus seres queridos desde hace un año cuatro meses, pero en el acompañamiento para su seguridad la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las han abandonado».
Explicaron que para la búsqueda de Los Otros Desaparecidos de Iguala -como se identifica a aquellos cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- se juntan en promedio entre 30 y 40 personas, y en algunos casos hasta 70, de tal cuenta que forman tres o cuatro grupos de familiares que recorren distintos sitios en los alrededores de Iguala para encontrar fosas clandestinas. «Pero la Policía Federal sólo les envía tres elementos» en los recorridos que realizan por grandes cerros, de modo que «quedan vulnerables ante los grupos del crimen organizado». Incluso, los policías no están presentes durante toda la jornada.
«Representantes de la PGR se han negado a realizar de nuevo los acompañamientos porque, han dicho, se destruye la escena del crimen al excavar con picos y palas, argumentando de manera falsa que será imposible la posterior identificación de los restos humanos. Los familiares pidieron entonces a los especialistas forenses utilizar detectores de osamentas, pero no les han dado respuesta.
«En los hallazgos recientes, algunos familiares reconocieron zapatos que sus seres queridos utilizaban, lo que hace necesaria la presencia de psicólogos y paramédicos para ayudar a las víctimas que al contemplar los cuerpos desmembrados se han sentido mal por varios días».
I(dh)eas, el IMDHD y la CMPDH sostuvieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha documentado esos hallazgos ni las circunstancias que atraviesan los familiares para su atención debida, ni en el momento y el lugar ni para elaborar un diagnóstico de la población a atender. «Su inexistente presencia tampoco le permite el acompañamiento jurídico adecuado para llevar un seguimiento a través del Plan Integral de Atención a favor de las víctimas».
Aclararon que «en cumplimiento de las medidas cautelares, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la PGR se comprometió a acompañar las búsquedas, todos los domingos, con un ministerio público de la federación y los peritos necesarios para dar seguimiento y asegurar cualquier tipo de hallazgo. Pero generalmente no se incorporan a la ruta y en otros casos no han podido resguardar la evidencia, como ocurrió en diciembre del 2015, cuando dejaron en abandono 22 cuerpos en una fosa de Chichihualco, momento que aprovecharon personas desconocidas para quemarlos».
Por el contrario, la PGR disminuyó totalmente su presencia semanal en las acciones para la localización de personas desaparecidas a través de excavaciones. Así, «en la fosa recientemente encontrada en el pueblo de Mexcaltepec, hacia la zona norte de Iguala, aún no acuden a resguardar los cuerpos encontrados».
Aunado a ello, elementos de seguridad pública locales dejaron de hacer los rondines en domicilios de las víctimas y algunas de ellas recibieron nuevas amenazas de muerte que se extendieron a sus familias, como es el caso de Mario Vergara Hernández, vocero del grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, para quien la organización I(dh)eas solicitó el 28 de marzo pasado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Constante deterioro
Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, organización que acompaña a las víctimas, consideró que el incumplimiento sistemático de las autoridades en la protección de las familias, los hallazgos y las garantías de seguridad, se enmarca en un constante deterioro de la posición de México frente a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
Esta organización estima que el Estado considera que las medidas de las Naciones Unidas no son obligatorias y no lo comprometen, a pesar de la existencia de la Convención de la ONU contra las desapariciones forzadas. «Así, la instalación del protocolo de seguridad, el acompañamiento jurídico, psicológico y médico, el resguardo de cuerpos o esqueletos encontrados, el procesamiento de datos que deben dar a conocer a las víctimas, no han sido atendidos por el Estado mexicano.
«El incumplimiento sobre las acciones urgentes dictadas por el Comité de Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas, tiene lugar a pesar de la inseguridad constante en la entidad, en donde desde el 2012 se han encontrado más de 500 osamentas en fosas clandestinas y en 2015 fueron asesinados Norma Bruno Román y Miguel Ángel Jiménez Blanco, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en plena búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas.
«Por ello es preocupante que el pasado 29 de marzo el CEAV informara de la pérdida de más de 400 expedientes de personas desaparecidas y que intentará recuperar en sólo una semana».
Las organizaciones hacen énfasis en que a pesar de la desprotección del gobierno mexicano a los familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala, las víctimas han recuperado 143 cuerpos y un centenar de esqueletos en 90 fosas. Pero hasta el momento, la PGR sólo ha identificado 15 cuerpos.
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