SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 15 de abril de 2016
Alrededor de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y académicos se pronunciaron en contra de que sea la justicia castrense, y no la autoridad civil, la que someta a proceso penal a los militares que junto con policías federales torturaron a una mujer, como apareció en un video que se difundió este jueves en las redes sociales.
A la vez que sostuvieron que de acuerdo a la legislación nacional los actos de tortura deben ser competencia de la Procuraduría General de la República (PGR), reprobaron el tono de la respuesta en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoce la autenticidad del video y lo que ahí se documenta.
“Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Por ello, exigieron que los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, sean considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se lleva a cabo en el Senado de la República sobre los contenidos de la Ley General de la materia.
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, entre otras agrupaciones, recuerdan que el jueves 14 de abril circuló en redes sociales un video en el que un grupo de militares y policías torturan a una joven con el empleo de bolsas para provocar ahogamiento y con la simulación de ser ejecutada.
De acuerdo con el comunicado en que la Sedena reconoce los hechos, éstos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, pero que tuvieron conocimiento de ellos hasta el 10 de diciembre de 2015 cuando dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, un año después, informó a la PGR para que determine la responsabilidad respecto de las afectaciones civiles.
Las y los firmantes del pronunciamiento hacen notar que las autoridades militares también señalan que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a una policía militar y un elemento de tropa inmiscuidos en dichos actos, «quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento».
Rechazaron que “los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra, ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles. Al respecto, la Sedena argumentó que el proceso se desarrollará en los ‘dos fueros’; en el militar, por ‘desobediencia’, únicamente, y en el ordinario por el delito que la PGR considere”.
A la PGR, como instancia civil, le exigieron que investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos, e informe de los avances sobre las investigaciones; y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que haga contacto con la persona torturada -actualmente detenida- para verificar su situación legal y su afectación psicológica.
En lo que toca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideraron que debe integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar la cadena de mando, la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.
Y demandaron a la Comisión Nacional de Seguridad que informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, de su posición sobre los hechos y dé a conocer las sanciones disciplinarias, penales y el seguimiento a cada uno de los casos de los policías federales involucrados.
El pronunciamiento lo firman también ASILEGAL, el Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Documenta, Fundar, Presunción de Inocencia, la Red TDT y organizaciones de todo el país, además de académicos y expertos como Miguel Sarre y Carlos Ríos.
Comparte en Facebook
Twittéalo
