Comunicar, ¿es un crimen o un derecho?

SOMOSMASS99

 

Emma Aguado / SomosMass99

Puebla, Pue. / Jueves 5 de mayo de 2016

 

En las últimas semanas el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzó una campaña para detectar radiodifusoras que operan sin concesión a través de spots de radio invitando a la sociedad a denunciarlas. Uno de los argumentos que esgrimen para convencer a la población es que las radios de este tipo pueden causar graves perjuicios como intervenir señales de aviones, lo que entendemos podría provocar accidentes. En realidad el argumento no sólo es bastante endeble sino que recuerda que se ha usado con anterioridad para desmantelar radios que cumplen un papel importante en alguna comunidad. Es el caso de las radios ubicadas en Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, y en la comunidad de Tlaxcalantzingo, municipio de San Andrés Cholula Axocotzin, Puebla, que el 4 de agosto de 2014 fueron desmanteladas por personal del IFT despojándolas de sus equipos de transmisión. Durante el desalojo a Axocotzin Radio mencionaron que el motivo era la “amplia señal que interfiere con otras señales, así como la de los aviones”. Sin embargo, el oficio IFT/DO2/USRTV/DGASIS/1361/2014 indicaba que el motivo de la incautación del equipo era debido a que la radio comunitaria no contaba con un permiso y/o concesión, de acuerdo a lo dicho en un boletín emitido por parte de las radios en ese momento y que además explicaba que habían desempeñado un papel sumamente relevante en la comunidad, dando voz a los pueblos de Zacatepec y de Tlaxcalantzingo, creando el espacio para terminar con el silencio impuesto por siglos.

Por tal motivo Erik Coyotzin, actual coordinador de ambas estaciones, anuncia que muy pronto se fusionarán en una. Asegura que ha sido la posición política y la apertura a la pluralidad de voces en las radios la que tuvo mucho que ver en lo sucedido y como era de esperarse fue gracias al apoyo del pueblo que lograron salir adelante de las multas y las aprehensiones de compañeros, sumado al despliegue informativo de la prensa y el cobijo de  organizaciones como la asociación mundial de radios comunitarias o Artículo 19 y otras.

Pero el acoso no ha parado, agrega Erik, “desde 2014 sentimos la agresión al medio de comunicación, y sobre todo el espionaje que se vive en el estado de Puebla. Se ha vivido un hostigamiento muy fuerte,  el ambiente de represión se ha ido incrementando desde arriba”, desde el gobierno de Moreno Valle.

Axocotzin Radio.

A principios de año se anunció que el IFT lanzaría licitaciones en telecomunicaciones que son, por ejemplo, la correspondiente a la cadena de televisión que no compró Grupo Radio Centro y las 310 estaciones de radio AM y FM con una inversión estimada es de 25 mil pesos por cada estación de radio. Considerando sólo la concesión y por la cadena de televisión, serán alrededor de 10 millones de dólares. De igual modo se informó de la disminución en la separación entre frecuencias radiales para Frecuencia Modulada (FM) que reduce de 800 a 400 la separación mínima entre estaciones de radio FM que operen en una misma localidad, lo que abre espacio a más estaciones.

Estos anuncios mantienen a radiodifusoras en el país a la expectativa de obtener la famosa concesión y podría ser este mes de mayo cuando se tenga un dictamen que favorecería a radios comunitarias e indígenas, como las poblanas San Bernardino Tlaxcalztingo en Cholula y Juan C. Bonilla Radio Zacatepec, de las cuales Erik es además de coordinador, gestor de licitación ante las autoridades federales desde 2014. Él mismo comenta: “En muchos estados a pesar de que no existen las radios comunitarias con permiso o concesión, operan por la necesidad y el derecho a comunicar de los pueblos. Buscar la legalidad entendida desde el punto de vista del gobierno federal, es el camino que hemos emprendido desde 2014 y estamos en espera de un fallo, porque el IFT va a liberar frecuencias en todo el país, desde comerciales, comunitarias y de uso social. Si nos lo dan sería una etapa de mayor compromiso, aunque seguiríamos buscando la manera de sobrevivir, porque es distinto ser autónomos a estar en una frecuencia otorgada por el estado que te somete a otra lógica: que te regula los contenidos y ejerce una vigilancia en lo fiscal, que requiere de mucho más gente de tiempo completo en la radio”.

Y es que las radios comunitarias, agrega Erik, de acuerdo a la ley no pueden comercializar espacios y establecer convenios con gobiernos municipales, “una porque no nos interesa y otra porque ni siquiera las leyes protegen que haya un recurso público destinado a estos medios”. Por eso muchas están respaldadas por una asociación civil, pero para poder acceder a ser donatarias tienen que hacer trámites fiscales a nivel federal que regularmente piden muchos requisitos y no lo logran. Entonces estas radios se sostienen con aportaciones voluntarias de los pueblos y son ellos mismos los que hacen radio, “desde el campesino, la que hace tortillas, la que promociona la medicina tradicional, la señora que moviliza a la gente, los niños, activistas. Es muy amplio el abanico de personas que participan. Nadie de las emisoras comunitarias recibe un salario como tal, es mucho voluntariado”.

Operan de manera autónoma, no ilegal

Para entender la situación de las radios que operan de forma autónoma ejerciendo su derecho a comunicar sin permiso del gobierno federal, Erik Coyotzin Posada explica que es importante comprender primero el papel que juega una radio comunitaria en un determinado espacio territorial, ya sea en un pueblo, en una ciudad o en comunidad indígena. “El trabajo es básicamente de acompañamiento a la sociedad civil, se transmiten desde mensajes básicos hasta cuestiones que tienen que ver con la defensa y promoción de derechos humanos, de mujeres, de indígenas, y demandas ciudadanas. Muchas radios de este tipo hacen ‘periodismo de intermediación’ que es un ejercicio poco común donde la ciudadanía cuestiona a un gobernante o a un presidente en un diálogo para que se cumplan sus demandas”. Entonces la pregunta que surge ante la campaña de legalidad del IFT es: comunicar, ¿es un crimen o un derecho? “Me parece que la respuesta es muy sencilla, todos tenemos ese derecho humano tan fundamental, como la vida, que es comunicarnos”, agrega Coyotzin.

Avances y retrocesos en la ley

Antes de 1960 la ley no contemplaba la posibilidad de que grupos ciudadanos y mucho menos indígenas pudieran operar sus propios medios de comunicación. Para la especialista Aleida Calleja la radio comunitaria nació tarde en comparación con otros países. Llegó hasta el siglo XXI a México y cuando finalmente las comunidades deciden tener un permiso, tuvieron que enfrentar una enorme batalla contra el gobierno y en general contra la industria de la radio y televisión. Añade que uno de los grandes avances en el año 2013 es el reconocimiento de la radiodifusión como de servicio público y el sector social comunitario e indígena que sientan las bases para avanzar en pluralismo y diversidad. Por desgracia, continúa, la reforma siguió dejando algunos criterios discriminatorios que viven estos sectores.

Calleja explica además que la persecución penal contra emisoras sin autorización no existía hasta 2009. Cuando se lograron los primeros permisos en la época de Fox, los radiodifusores vieron que seguía la demanda porque estaban amparados por los organismos internacionales, lo que hacen es cambiar la ley nacional de bienes nacionales sin que nadie se diera cuenta y eso incluyó la operación de radios sin permiso en época de Calderón, es cuando inicia la persecución.

Erik Coyotzin.

“Tenemos una reforma interesante pero en la legislación secundaria es en muchos puntos una contra reforma. Se avanzó en términos de telecomunicaciones pero en radiodifusión que es donde se juega la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, ahí si es una protectora del status quo, porque protege los intereses de un grupo muy poderoso pero pequeño que va en contra de las mayorías. Todas las emisoras comunitarias para garantizar su permanencia necesitan mecanismos varios de financiamiento, solamente limitarlas a la publicidad oficial es peligroso. Van a recibir el uno por ciento del total de la publicidad oficial federal, pero nadie sabe cuánto gasta e gobierno en publicidad”.

Contenidos de calidad

Antes de terminar nuestra conversación con Erik Coyotzin de Puebla le preguntamos por qué preocuparse por la existencia de radios comunitarias. “Bueno la gente debe saber que tiene derecho a recibir contenidos de calidad, que es el derecho de las audiencias, que poco se ha hablado en el país, que tiene que ver con la pluralidad de ideas, de contenidos. La ciudadanía se merece escucharse a sí misma en medios comunitarios, con propuestas musicales distintas,  que plantee respuestas de cómo vivir en este entorno social, para que haya esta famosa democratización de los medios”.

Cabe recordar que recientemente el comunicador Mardonio Carballo, indígena originario de Chicontepec, Veracruz, quien es poeta, actor y periodista en español y en náhuatl, se inconformó en contra de la preferencia hacia el idioma español en las concesiones de radiodifusión. Las consideró inconstitucionales porque la Carta Magna no reconoce una sola lengua ‘‘nacional’’. De este modo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) fue exhibida en su carácter discriminatorio y se falló a favor del poeta. Mardonio dijo días después que “saber que existen otros dioses, otras concepciones del mundo, de la vida, de la muerte, del amor, debe verse reflejado en los medios de comunicación porque nos beneficia a todos y a todas; ya es hora de acabar con el racismo. Para todos todo, incluido el espacio radioeléctrico mexicano”, concluyó.