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Redacción / SomosMass99
Guerrero / Jueves 5 de mayo de 2016
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación por parte de militares en 2002, denunciaron este martes en audiencia privada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede de Costa Rica, que el Estado mexicano no ha cumplido de forma íntegra con las sentencias emitidas en su favor hace seis años.
En hechos diferentes, aquel año las dos mujeres indígenas me’pha fueron agredidas sexualmente por soldados en el estado Guerrero, de donde son originarias. Inés fue violentada a los 25 años en Barranca Tecuani, en tanto que Valentina fue atacada a los 17 años en un arroyo de su comunidad Barrana Bejuco. Enviaron un video a la audiencia de la Corte IDH en el que piden justicia plena y denuncian que el gobierno mexicano no ha cumplido los acuerdos respecto a la puesta en funcionamiento del centro de salud donde debieron ser atendidas de las agresiones que sufrieron y de un centro comunitario, ambas instalaciones en el municipio de Ayutla de los Libres. Reclamaron, además, que uno de los agresores fue asesinado y el gobierno no ha informado qué fue lo que pasó.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó a través de un comunicado que la audiencia privada celebrada en la Corte IDH fue de supervisión del cumplimiento de sentencias para los casos Inés Fernández Ortega y Otros vs. México y de Valentina Rosendo Cantú y Otra vs. México.
«A seis años de la emisión de las sentencias y a más de 14 años de los hechos, esta es la primera vez que la Corte IDH sostiene una audiencia de supervisión de cumplimiento de ambos casos, si bien ya ha emitido 3 resoluciones al respecto. Cabe recordar que en octubre del 2010, la Corte IDH publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano y a favor de ambas mujeres indígenas. En dichos fallos determinó que -en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente- ambas mujeres habían sido objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, México, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó ‘violencia institucional castrense’.
«Durante la audiencia, se presentó un video en el que ambas mujeres enviaron un mensaje al Tribunal regional sobre el estado en el que se encuentra el cumplimento de ambas sentencias y sus preocupaciones al respecto: los procesos de justicia, su participación en medidas de reparación comunitarias, así como la garantía de la implementación de medidas de no repetición».
Sus representantes legales, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el centro Tlachinollan, «dieron cuenta de los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, los cuáles son resultado de la participación activa de las Sras. Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano. Ejemplo de ello son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra cuatro elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra de ambas mujeres, hecho inédito en el país. No obstante, también se expresó la preoucpación por los obstáculos a que las mujeres puedan acceder plenamente a la justicia, como se deriva del asesinato de uno de los inculpados en el caso de Inés Fernández Ortega en una prisión militar, sin que hasta ahora se conozca el contexto en el que esto sucedió».
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron énfasis en que para Inés Fernández,y Valentina Rosendo «los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se consideren como cumplidas.
«De igual forma, durante la audiencia se informó a la Corte sobre aquellas medidas que aún no son cumplimentadas y que demuestran paradigmáticamente las dificultadas para alcanzar pleno cumplimiento en las medidas de no repetición, por vía de medidas legilslativas y de políticas públicas, incluyendo entre otras, estandarización de protocolos de actuación respecto a la atención e investigación de violaciones sexuales; los programas y cursos de capacitación en relación a la investigación diligente de casos de violencia sexual contra las mujeres; la capacitación y formación en derechos humanos a integrantes de las Fuerzas Armadas; servicios de atención en Guerrero a víctimas de violencia sexual en instituciones de procuración de justicia; entre otras».
También informaron que las obligaciones respecto de las modificaciones a la jurisdicción militar no han sido completamente cumplidas, toda vez que el Congreso de la Unión «volvió a pasar una serie de reformas al Código de Justicia Militar y al Código de Procedimientos Penales de Justicia Militar. Además de que las reformas adoptadas contrajeron diversas críticas de organismos de derechos humanos por sus repercusiones en posibles violaciones de derechos humanos; resalta que en este paquete de reformas, el Legislativo no haya decidido concluir con las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, perdiendo así una oportunidad de dar cumplimiento total a lo ordenado por la Corte».
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