La Ley Minera no se toca

La argumentación de la Suprema Corte fue que como han sido canceladas las dos concesiones mineras del territorio de Júba Wajiín, los efectos que se reclamaban en el amparo cesaron. Cabe señalar que la comunidad ya había advertido que la anulación del amparo la dejaría en total desprotección.

Después de que las dos empresas mineras decidieron desistir de las concesiones, se emitió la declaratoria de libertad de terreno(publicada el 24 de noviembre 2015 en el Diario Oficial de la Federación), como consecuencia de esta cancelación. “Libertad de terreno” significa que después de 30 días de la declaratoria se pueden solicitar nuevas concesiones sobre este territorio.

Fue en el año 2011 que la comunidad se dio cuenta que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V.

En el amparo, la comunidad de San Miguel del Progreso también había pedido que se revisara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, en particular los artículos 10, 15 y 19. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, “la Primera Sala del Máximo Tribunal del país pierde una oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar los criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

El Centro de Derechos Humanos denunció que la Secretaría de Economía y la industria minera buscaron detener la discusión de la Ley Minera. Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad, declaró ante los medios de comunicación: “queremos que los gobiernos Estatal y Federal, a través de la Secretaría de Economía, ya no sigan dando concesiones. Están en contra de la vida campesina”.

Según el Centro de Derechos Humanos-Tlachinollan, “ahora toca a la Jueza Primera de Distrito del estado de Guerrero mantener el estándar de protección de los derechos colectivos del pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso en el nuevo proceso contra la posibilidad de que su territorio vuelva a ser concesionado”.

La cancelación de las dos concesiones mineras (Corazón de Tinieblas y Reducción Norte Corazón de Tinieblas) ha beneficiado a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, abarcando alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.