SOMOSMASS99
Rausati / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 7 de junio de 2016
Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y lo que va del de Enrique Peña Nieto, «la intensidad y los patrones de violencia cometida desde diciembre de 2006 constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de Los Zetas, son considerados como crímenes de lesa humanidad», dijeron hoy Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes al presentar el informe Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México.
El análisis concluye que la situación actual en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), suscrito por México desde enero de 2006, así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales. Por ejemplo, el Artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que «sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Añade: «Es importante señalar que investigar y enjuiciar las atrocidades como crímenes de lesa humanidad, en lugar de hacerlo como crímenes nacionales ordinarios, permite evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían (o deberían haber conocido)».
Si bien se considera que el gobierno federal ha perseguido un objetivo legítimo al tratar de reprimir a la delincuencia organizada, «lo ha hecho a través de una política que desplegó elementos del Ejército y de la Policía Federal autorizados para utilizar de forma aplastante una fuerza extrajudicial e indiscriminada contra la población civil, presuntamente vinculada con los cárteles criminales, sin un adecuado marco regulatorio respecto al uso de la fuerza y prácticamente sin ninguna rendición de cuentas con respecto a los abusos ocurridos como resultado.
«Las miles de muertes, desapariciones e incidentes de tortura perpetrados por las fuerzas del gobierno satisfacen el criterio legal del término ‘generalizado’ y la magnitud, los patrones y la intensidad de los crímenes sugieren contundentemente que han sido también sistemáticos». Aunado a ello, existe una «insuficiencia del sistema judicial para investigar y procesar debidamente dichos crímenes», de modo tal que «los funcionarios federales han operado con ‘casi completa impunidad’ en el combate contra el crimen organizado, con poco o ningún éxito en los procesos relacionados con asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura».
El informe argumenta que los crímenes cometidos por el cártel de Los Zetas son igualmente generalizados y sistemáticos. En palabras de James Goldsten, directivo de Open Society, ese cártel tiene toda una estructura para controlar territorios y atacar a la población civil , y lo ha hecho, además de que es capaz de cometer torturas contra ciudadanos, de forma organizada.
El informe se basa en los estándares jurídicos establecidos en el Estatuto de Roma, a través del cual se estableció la Corte Penal Internacional y que México ratificó en 2005. Ese estatuto y las subsecuentes disposiciones judiciales definen los patrones de asesinato, desapariciones forzadas y tortura como crímenes de lesa humanidad cuando estos son cometidos para promover una política de Estado u organizacional, en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Todo inició con «la guerra contra el narco»
James Goldston explicó que si bien se sabe que desde hace tiempo México sufre de una ola de violaciones a los derechos humanos, analizarlas desde el derecho penal internacional implica que «se trata de culpabilidad individual por crímenes atroces graves que tienen que ser investigados, procesados, enjuiciados y, donde las pruebas lo justifiquen, (los responsables) condenados conforme a la ley». No sólo eso, sino que «permite revisar la cadena de responsabilidad de abajo hacia arriba, no sólo con los que aprietan el gatillo sino con los que hacen la política, dan las órdenes o fallan al prevenir o castigar a los autores materiales», y como «no hay una ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, siempre se puede investigar y enjuiciar».
El propósito del informe es apoyar al Estado mexicano, a las organizaciones y al pueblo de México a fortalecer el sistema de justicia nacional y el Estado de derecho. Porque los crímenes de lesa humanidad son de tal gravedad que interesan a toda la humanidad; no son sólo actos sino «políticas enteras que hacen posible la conducta criminal al nivel de un sistema, una organización, un Estado».
Dijo que desde que se puso en marcha la guerra contra las drogas en diciembre de 2006, el gobierno realizó un importante despliegue de fuerzas militares y casi inmediatamente se dio un aumento repentino de la violencia que se ha sostenido con algunas variaciones hasta hoy en día. «Una proporción considerable de este aumento es imputable a actores del gobierno federal.
«México tenía la tasa de homicidios dolosos más alta del mundo entre 2007 y 2010. Después de bajar ahora están aumentando de nuevo. Las desapariciones también registraron una vertiginosa escalada y las denuncias por torturas y malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevaron al cuádruple entre 2007 y 2012».
En cuanto al uso de la fuerza, comentó sobre la incapacidad del gobierno para regularla. «No adoptó ninguna directiva» respecto de la ejercida por el Ejército o la Policía Federal sino hasta abril de 2012, y después de tomar posesión la administración actual, «hasta ahora, no se ha aprobado ningún tipo de ley relacionada».
La impunidad «casi total ante tanta violencia es una señal clara de que no está por casualidad. Han habido más de 150 mil homicidios dolosos entre 2006 y 2015, la mayoría por los cárteles pero muchos por las fuerzas armadas y la policía militar. Pero de acuerdo con conjunto de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2007 y 2013 se llevaron a cabo solamente 29 investigaciones sobre asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
Respecto a los desaparecidos, «muchos datos del gobierno no son confiables. Pero hay muchos indicios de que miles de personas han desaparecido en los últimos diez años después de estar en custodia de las fuerzas federales. En 2015, la ONU concluyó que hay un patrón de desapariciones forzadas generalizado en México». También desde 2007 han habido miles de personas torturadas y objeto malos tratos, muchas de las cuales alegan responsabilidad de las fuerzas federales. En 2014, el relator contra la Tortura de la ONU concluyó que el fenómeno era generalizado, «pero según cifras oficiales sólo ha habido seis condenas a nivel federal. La impunidad reina».
Las desapariciones muestran líneas similares: detención arbitraria, sin orden de aprehensión ni indicios suficientes que justifiquen las detenciones. Cuando los familiares piden información se les dice que esas personas nunca estuvieron detenidas. «Usan los mismos métodos: golpizas, descargas eléctricas, tortura sexual, amenazas de muerte. Los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. Las autoridades con frecuencia aplazan la información sobre el paradero de la víctima y se les acusa de vinculación con el crimen organizado y son forzadas a confesar. El mismo patrón está documentado en muchos casos».
Y finalmente, han habido declaraciones de militares y funcionarios del gobierno «afirmando con claridad que a las fuerzas armadas se les han dado órdenes para abatir a los criminales o mejor dicho, aniquilar, eliminar a un criminal en lugar de detenerlo y entregarlo a las autoridades civiles. Se dice que hay una política abierta por parte del poder público de México, de los tres poderes, para encubrir todas las atrocidades y los abusos de autoridad que ha cometido el Ejército en contra de la población civil».
Entre las recomendaciones al Estado mexicano contenidas en el informe, se destaca que «para demostrar de verdad voluntad política y generar esperanzas de poner fin a la crisis de atrocidades e impunidad, México debe crear una entidad de investigación con participación internacional»y para abordar la crisis de impunidad, debe crear de manera urgente equipos interdisciplinarios para investigar las desapariciones, de forenses y de protección de testigos que deben «estar fuera del control» de la PGR; y finalmente, las fuerzas armadas deben dejar de realizar funciones de seguridad pública y aprobar la legislación que regule el uso de la fuerza.
Sin voluntad política
Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, abordó el tema de la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de los restos encontrados en las fosas comunes, es una característica de la impunidad y de la sistematicidad de las violaciones graves a los derechos humanos.
En este sentido, dijo, el informe indica que el Estado mexicano tiene la obligación primaria de investigar los crímenes de lesa humanidad. El planteamiento es que existe un marco jurídico adecuado, una serie de tratados internacionales, una reforma constitucional y unas instituciones fuertes, sólidas, que en lo formal permiten la posibilidad de enjuiciamiento y castigo eficaz a los responsables.
Pero el problema central no tiene que ver con la estructura del Estado. Tiene que ver con una pregunta puntual: ¿existe voluntad política para investigar las violaciones graves a los derechos humanos? El informe da algunos elementos para encontrar las respuestas, generar un debate al respecto y que cada quien saque sus conclusiones. Sin embargo, «consideramos que no existe voluntad política par investigar las violaciones graves a los derechos humanos. Primero, porque nunca se ha reconocido la gravedad de la situación.
La presentación del informe, que establece que «los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a la amnistía o restricciones estatutarias», se realizó en el Museo de la Tolerancia. Participaron, además de James Goldsten, de Open Society, Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila; Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Carlos Trejo de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
Muchos avances
La respuesta del gobierno de la República al informe se dio a conocer a través de un comunicado firmado por las secretarías de Gobernación, de la Marina y de la Defensa Nacional, en el que asegura que «las fuerzas armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos», y destaca «que en caso de excesos el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables». Afirma: «La estrategia del gobierno federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos».
Al principio del texto, recuerda que México ha sido tradicionalmente un país comprometido con los derechos humanos y cuenta con liderazgo internacional en su defensa y promoción. «Hacia su interior, ha reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara. Durante la actual administración se han dado pasos importantes, algunos de ellos son: procuración de justicia y combate a la impunidad; el próximo 18 de junio de 2016, entra en vigor en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad; en enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
En Combate a la tortura, en diciembre de 2015 el Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. El proyecto fue aprobado hace unas semanas por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados; también emitió el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura (2015), de aplicación en todo el país, así como el establecimiento de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura dentro de la PGR (2015).
Respecto a las personas desaparecidas, «el Ejecutivo presentó en diciembre de 2015 una iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Actualmente es discutida en el Senado de la República. Además, se cuenta con mecanismos en materia de procuración de justicia, como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, que opera en todo el país, así como el tránsito de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la PGR (2015)».
Finalmente, reconoce que tiene retos y asegura que el Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos.
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