SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 21 de junio de 2016
Lo que ha estado sucediendo durante este último fin de semana en varios lugares de Oaxaca nos recuerda la historia de hace una década en el mismo estado. Protesta social, bloqueos de carreteras, violentos enfrentamientos, personas asesinadas e impunidad. ¿Por qué se repiten de nueva cuenta los mismos errores?
Entre junio de 2006 y julio de 2007 se vivió un largo conflicto social en Oaxaca. Inició con la protesta de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantenían un plantón en el zócalo de la ciudad. El plantón fue desalojado el 14 de junio de 2006 por la policía estatal y ahí arrancó el conflicto que dio pie al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Lo que inició como una demanda magisterial se convirtió en un movimiento social amplio que reclama un enorme número de agravios achacados al gobierno de Ulises Ruiz.
El 28 de octubre de 2006 interviene la Policía Federal y la espiral de violencia se vivió hasta julio del año siguiente con altos costos sociales y económicos.
Posteriormente el caso fue investigado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien en su sesión del 14 de octubre de 2009 concluyó (http://bit.ly/28JKoLR) que en Oaxaca se cometieron violaciones graves a las garantías individuales como fueron el derecho a la vida, acceso a la justicia, derecho a la integridad personal, garantía de libertad de trabajo, de tránsito, a la educación, así como libertad de pensamiento y expresión, derecho a la paz y derecho a la información.
Lo dicho por la SCJN no generó cambio alguno y la impunidad fue lo que prevaleció.
En 2010 sucedió la alternancia política y tampoco se generó posibilidad de rendición de cuentas respecto de los gobiernos anteriores y la impunidad fue también la divisa del Gobierno de Gabino Cué.
En septiembre de 2014, como resultado de un decreto del Congreso local se instaló la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), con un mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos sucedidos entre 2006 y 2007. Luego de año y medio de trabajo en mayo pasado la CVO presentó su informe final (http://bit.ly/1QWSMnb), donde concluye entre otras cosas lo siguiente.
- El movimiento social de 2006 y 2007 en Oaxaca, inició con las demandas del magisterio, luego se fue alimentando de la inconformidad de amplios sectores de la población hasta convertirse en una insurrección en contra de la forma de ejercer el poder por parte del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
- La estrategia del Estado, primero a nivel estatal y después federal, fue la de combatir al movimiento social a través de tácticas antisubversivas, a pesar de que éste se condujo de forma civil y rechazó expresamente la opción armada.
- El Gobierno estatal hizo uso indebido de la fuerza pública en contra de la población.
- El Estado violó los siguientes derechos humanos: derecho a la vida, a la integridad, el acceso a la justicia, la presunción de inocencia y acceso al debido proceso. La tortura fue sistemática y generalizada; hubo una frecuencia casi diaria detenciones a la población acompañadas de esta práctica.
Finalmente el informe de la CVO formuló treinta y un recomendaciones a las autoridades para cambiar la realidad oaxaqueña de impunidad y corrupción, para hacer posible que no se repitan sucesos similares.
A pesar que la creación de la CVO provenía de un acuerdo legislativo y un compromiso del Ejecutivo, su informe no tuvo mayor repercusión y apenas un mes más tarde la historia se repite.
Desde hace algún tiempo se mantienen las protestas de la CNTE en Oaxaca y, luego de la detención política de sus dirigentes sindicales, éstas se recrudecieron hasta llegar a la confrontación violenta que vimos hace tres días. El resultado son seis personas asesinadas durante el enfrentamiento en Nochixtlán, varias decenas de personas detenidas y una conflictividad creciente.
La contraparte de esta lógica violenta y represiva es la total ausencia de una mínima vía de diálogo político. La cerrazón represiva prevalece como única respuesta.
¿Será muy difícil que Enrique Peña Nieto, Gabino Cué y Alejandro Murat revisen lo dicho por la SCJN en 2009 y lo planteado por la Comisión de la Verdad hace apenas un mes?
La violencia como solución a los problemas sociales sólo traerá más violencia. Lo sucedió en 2006 es la crónica de que, si la cerrazón del gobierno federal no cambia de rumbo, volveremos a terminar en un baño de sangre.
Para cerrar el paso a la violencia creciente la alternativa es el diálogo político, posibilidad que depende de los Pinos.
@EdgarCortezm
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