OSC: eliminación de la tortura, un pendiente

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 27 de junio de 2016

 

Con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un centenar de organizaciones civiles e instituciones académicas recordaron que, de acuerdo a la Cconstitución, «cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula» e hicieron un llamado al Estado mexicano para que garantice los derechos de las víctimas y que en el nuevo sistema penal se elimine el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), I(dh)eas Litigio Estratégico y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), entre otros organismos defensores de derechos humanos -que durante diez meses han hecho aportaciones para la iniciativa Ley General contra la Tortura que se encuentra en la Cámara de Diputados federal-, reprobaron también la desinformación que existe sobre la tortura y las víctimas de ese delito.

En un posicionamiento dado a conocer a través de un comunicado de prensa, hicieron notar que «el Estado mexicano anunció su compromiso de erradicar la tortura cuando se reformó la Constitución para contemplar una Ley General contra esta práctica. No obstante, ese compromiso con las víctimas de tortura y con la sociedad se materializará en la medida en que el Congreso apruebe una Ley acorde a la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado».

Recordaron que expertos y expertas, incluido el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,Luis María Aguilar, han resaltado la centralidad de la obligación de eliminar el uso en procesos penales de pruebas producidas mediante tortura, porque «sólo así el Estado brindará justicia mediante investigaciones reales, evitando la fabricación de culpables».

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos… ostenta un carácter absoluto e inderogable”.

El Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó al Estado sus obligaciones bajo diversos tratados de Naciones Unidas ratificados por México, al señalar que se debe excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales”.

En efecto, añaden las organizaciones, «nuestra Constitución establece que ‘cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula’, estándar también adoptado en jurisprudencia de la SCJN» y, en ese sentido, «cualquier propuesta de permitir la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tales violaciones, o de limitar la regla de exclusión solamente a cierto tipo de prueba, demuestra un desconocimiento del derecho nacional e internacional aplicable. Más grave, es que tales propuestas fomentarían la repetición en el nuevo sistema penal de los mismos vicios que siempre han generado arbitrariedad, errores e injusticias en el sistema tradicional».

Sostienen que a la luz de la larga serie de casos documentados en años recientes de tortura a personas inocentes, es importante tener en cuenta «que en los casos de liberación de sobrevivientes de tortura -mismos que suelen ser ampliamente mediatizados aunque no representen la mayoría de casos-, ésta procede porque al excluir las pruebas ilícitas y no confiables, resulta que no hay pruebas para acusar o condenar a una persona. Es decir que procede liberar, por la ausencia de pruebas sólidas y confiables ofrecidas por el Ministerio Público.

«Las víctimas de tortura, como toda víctima del delito y de violaciones a derechos humanos, tienen derecho a la justicia y a la reparación del daño. No menos urgente es garantizar la no repetición de este crimen en el contexto de la justicia penal, de privación de la libertad, de represión de la protesta social y en cualquier otro. La Ley General pendiente en la Cámara de Diputados debe reflejar esta obligación en cada uno de sus artículos, en congruencia con su objeto de combatir y erradicar la tortura».

Entre las cerca de cien organizaciones e instituciones que firman el posicionamiento se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociadas por lo Justo (JASS), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

También, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT), que reúne a más de 70 organizaciones afines.