SOMOSMASS99
Rausati / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 26 de julio de 2016
«Tengo cinco años, cinco meses y dos días buscando a mi hijo. Lo busco desde que me avisaron que había desaparecido del hotel donde también se hospedaban más de 300 elementos de la Policía Federal de Investigaciones y donde compartía habitación con otros tres compañeros».
El testimonio es de Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, desaparecido desde febrero de 2011 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Era el penúltimo año del sexenio de Felipe Calderón, quien lanzó la «guerra contra el narco». Los asistentes al Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, y cometida por particulares en México, realizado el jueves y viernes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, escuchan cuando cuenta que le dijeron que su hijo fue visto por última vez cuando hablaba por teléfono con una amiga, a la una de la mañana.
Cuando llegó al hotel donde se hospedó Juan, le entregaron su billetera completa, lo cual indica que no pudo salirse sin ella, además de que sus tarjetas no presentaban retiro alguno. «Es lógico pensar que por ser policía federal, por estar rodeado de agentes de investigaciones, por ser un elemento de ellos, se van a mover rápido. No es así, nadie hace nada. Adentro todo está corrompido, como lo he podido comprobar durante mis investigaciones. He podido saber que los altos mandos están coludidos con la delincuencia organizada, que los superiores hacen acuerdos con los delincuentes y les entregan a algunos de sus elementos para que ellos no toquen a los altos mandos.
«Me enviaron un citatorio a mi domicilio en el Distrito Federal, donde vivo y vivía mi hijo, diciéndome que debía presentarme de inmediato en Nuevo León, entidad donde se sucedieron los hechos, pues al parecer habían encontrado el cuerpo de mi hijo y necesitaban que lo identificara. Partí de inmediato con toda la angustia que puede cargar y sentir una madre. Al llegar me pusieron ante una pantalla gigante, haciéndome ver cuatro videos donde se observaba cómo decapitaban en vida a cuatro jóvenes. Todavía tengo en mis oídos, y lo tendré toda la vida, el sonido de la sangre que salía a borbotones cuando los degollaban.
«En el último, el agente encargado de la ‘investigación’ me exigía identificar a mi hijo: ‘Véalo bien. ¿ Verdad que ese es su hijo? Tome en cuenta que está hinchado, que fue golpeado, que ya no tiene el cuerpo’. Todo el tiempo haciendo esfuerzos por no gritar ante ese horror. Sólo dije: ‘No, no, no es mi hijo'».
- Juan Hernández Manzanares desapareció en febrero de 2011. Foto: Rausati.
Después fue Nayarit. Allí estaba detenida una mujer que afirmaba haber visto cuando mataron a mi hijo. Dio varias versiones. Primero dijo que con un picahielo le habían picado los ojos, picado la cabeza y luego tirado al piso. Después, que le habían sacado los ojos y picado el corazón. Posteriormente dijo que con el picahielo le picaron los ojos, el cuello, el tórax, que después le prendieron fuego en unos… y allí lo desaparecieron».
Doña Patricia pidió imaginar la tortura psicológica a que son sometidos los familiares de los desaparecidos, cuando «los únicos responsables de estas ineficiencias, atrocidades y torturas a los famailiares son los altos mandos, las altas autoridades que están coludidas con los delincuentes. No son los policías de abajo los que tienen la culpa, son los de arriba, y mientras a estos no se les toque este país va a seguir igual».
«Si el Estado no reconoce las desapariciones forzadas, no habrá solución al problema»
Para Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, es ineludible tomar plena conciencia de la gravedad del problema de las desapariciones forzadas por parte de los particulares, así como urgente es que se realicen las transformaciones estructurales para contrarrestar el patrón general y sistemático de violación a los derechos humanos, la impunidad y la falta de acceso a la justicia en que viven las víctimas, los familiares y el pueblo en general por este crimen de lesa humanidad. «El reconocimiento por parte del Estado mexicano de su responsabilidad por comisión o por omisión en las desapariciones forzadas es el primer paso para implementar políticas públicas que erradiquen tan aberrante práctica. Es decir, si el Estado mexicano no reconoce que efectivamente ha desarrollado una política que consiste en desaparecer por múltiples motivos a sus ciudadanos, y que al mismo tiempo ha sido omiso ante la desaparición a manos de particulares, no se va a poder erradicar el problema de raíz».
El 13 de agosto de 2001, cuando Vicente Fox encabezaba el gobierno federal, Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo, junto con el indígena nahua Pablo Alvarado Flores, fueron detenidos por policías federales sin orden de aprehensión. Se les sometió a torturas durante doce horas al interior de su domicilio para obligarlos a firmar una declaración autoinculpatoria por supuestamente haber detonado petardos en tres sucursales bancarias el día 8 de ese mismo mes. Recluidos en el entonces penal de alta seguridad de La Palma, ahora El Altiplano, fueron acusados de terrorismo, almacenamiento de explosivos, empleo de armas de uso exclusivo del Ejército y vinculación con la guerrilla. Ninguna de las acusaciones se les comprobó y uno a uno salieron de prisión. Alejandro el 1 de marzo de 2005, Pablo Alvarado el 13 de agosto de 2006 y Antonio y Héctor el 16 de febrero de 2009. Al quedar libre, Héctor advirtió en entrevista con la revista Proceso que «se avecinan tiempos oscuros, de persecución policiaca para los movimientos sociales, de represión militar, incluso de desapariciones encubiertas en la lucha emprendida por la administración federal contra el narcotráfico». Alejandro, a su vez, le dijo al mismo semanario que «en el gobierno de Vicente Fox se reprimió a la disidencia social, pero en el de Felipe Calderón existe el riesgo del autoritarismo militar y policiaco».
Hoy, Héctor comentó que el foro permite reiterar la exigencia de la sociedad, repetida desde por lo menos 1999, para que se cree la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Tortura. «La difícil situación de impunidad que estamos viviendo, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros miles de desaparecidos que se registran diariamente en el país, nos lleva a la pregunta de si efectivamente existe un Estado de derecho, de si verdaderamente estamos en un Estado democrático, o si estamos padeciendo el desarrollo de una política de terror en contra de su población. Porque cada desaparición forzada es una vida trunca, es una familia llena de dolor, es una sociedad lastimada».
«Los únicos casos realmente atendidos son los de los ricos»
Otro de los testimonios que se escucharon en el foro fue el de María Guadalupe Fernández Martínez, madre de José Antonio Robledo Fernández, desaparecido cuando estacionó su vehículo frente a una refaccionaria y platicaba por celular con su novia, con la que planeaba casarse.
- Integrantes del Comité Cerezo México en una conferencia de prensa.
«Gracias al foro por permitirme hacer visible lo invisible. Llevo siete años y medio buscando a mi hijo; desapareció el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila. Trabajaba en ICA-Fluor Daniel como ingeniero foráneo. Es originario de la Ciudad de México. Así como yo, miles de personas pululan por el país en busca de sus familiares desaparecidos, algunos solos, otros acompañados por algún organismo de la sociedad civíl. Unos tienen una averiguación previa, otros sólo un acta circunstanciada, otros no se atreven a denunciar por múltiples circunstancias, miedo la mayoría de las veces», dice María Guadalupe.
Cuenta que el expediente de José Antonio llegó a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y a la PGR, pero precisamente «no se hace primero la denuncia por miedo. Después (cuando se decidieron a presentarla) se encuentra la indiferencia y la insensibilidad de las autoridades, quienes se encargan de poner infinidad de trabas burocráticas, tratando de disuadir, de convencer a los familiares de no levantar una denuncia, buscando que terminen por elegir una acta circunstanciada, olvidándose que se trata de una persona, no de una cosa o de animales».
En su relato da cuenta de que han insistido en que se haga una búsqueda, una investigación, en base a la información que proporcionan los familiares, los amigos. Sin embargo, «esto no se hace. Los únicos casos realmente atendidos son los de los ricos, los políticos o los famosos. En 500 casos documentados se encontró que en la mayoría intervinieron policías, autoridades; ellos eran quienes detenían a la victima para entregarla a los grupos delincuenciales, en Coahuila a Los Zetas. La mayoría de estos casos están tipificados como secuestro o privación ilegal de la libertad. ¿De que sirven las leyes si no se aplican? Hay miedo, sobresalto, incertidumbre».
Tanía Ramírez Fernández, catedrática de la Universidad del Claustro de Sor Juana e hija de «un desaparecido político», comparte en su turno que la última noticia que tuvo de su padre cuando «lo vimos en el Campo Militar Número 1. Tenía una costilla rota, estaba muy golpeado, en la cara se notaba, había sido victima de choques eléctricos. Sin embargo, se estaba recuperando».
Considera que «la tortura constituye un medio para sacar información de los detenidos por motivos políticos», y pregunta: «¿Cual debería ser el papel de las víctimas y de los familiares, organizados, ante la desaparición de los seres queridos? Viendo la definición de la palabra víctima, vemos que proviene de victus (alimento), o vieo (atar con juncos). Atado o inmovilizado, no puede hacer nada; nos quedamos las victimas en una actitud pasiva, doliente. Es importante apostar a la actividad, a la organización, a la politización de las victimas. Somos el Grupo, las victimas, que puede lograr el cambio que el país necesita urgentemente. Porque es útil levantar la voz, porque es útil la memoria. Los cambios en Argentina y Guatemala no se dieron por la benevolencia de sus dirigentes, se dieron por la politización que alcanzaron, por los ejercicios de memoria de los familiares y víctimas, por esa lucha constante que son los elementos curativos de la impunidad. Somos una sociedad amnésica, no vemos lo que pasa, esta amnesia garantiza la impunidad.
Nunca llegó
«En marzo pasado se pusieron amparos para no procesar los restos de dos fosas encontradas, donde el Estado tenía la urgencia de hacer el proceso por el clamor internacional provocado por los hechos de Ciudad Cuauhtémoc y por los estudiantes de Ayotzinapa, además de las condiciones políticas en Chihuahua, estado que tiene la tasa más alta de desapariciones. Se presenta Amnistia Internacional y el gobernador (César Duarte) dice que no ha habido ninguna desaparición durante su mandato, y que las que se cometieron antes de su llegada ya se resolvieron en su mayoría».
Esa es una postura que se repite, y según cuenta Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDHAM), «¿qué hace la Fiscalía? Va casa por casa de los familiares para convencerlos de que den su anuencia para procesar los restos, sabiendo que los restos quemados sólo pueden procesarse una vez, prometiéndoles, para convencerlos, que llevarían los cuerpos a un laboratorio extranjero y en quince días tendrían los resultados si ellos firmaban, lo cual sabemos, es imposible. Es evidente cómo juegan con el dolor de las familias y les hacen crear falsas expectativas, pues desean saber si en esas fosas está o no su familiar. También se les pidió dar crédito a un testigo que habían detenido y que afirmaba haber visto a quiénes los ejecutaron y cómo lo hicieron. Lo curioso es que todos los responsables que señaló ya están muertos. Por ahora, los amparos han permitido proteger las fosas, no pueden tocar ningún cuerpo hasta que entre el Grupo Argentino de Antropología Forense».
Ese es el caso más reciente, pero hay otro que ilustra la situación en esa entidad y en el país. Es el de José Rosario Hernandez Domínguez, a quien de acuerdo con la relatoría que hace Alejandra Nuño, lo detuvieron policías de Seguridad Pública, al parecer por manejar en estado de ebriedad: «Va con un amigo y los detienen hasta que llega el oficial de tránsito. Llaman a una grúa para que remolque el carro a los separos. A su amigo lo suben a una patrulla y a José Rosario a otra. El amigo llega al centro de detención, llega el carro también, y José Rosario, nunca. Se localizó al oficial que subió a José a su patrulla y dio tres versiones: primero dijo que él no se lo había llevado, que se lo comprobaran; después que (José) iba muy borracho y que en un alto se le escapó, que no lo pudo detener porque él iba manejando; y por último dijo que cuando iba rumbo al centro de detención se le emparejó un auto, al parecer de narcotraficantes, y acribillaron a José Rosario. El amigo lo vio por ultima vez cuando lo subieron a la patrulla».
El caso se llevó a investigación por la denuncia e insistencia de la esposa, los hijos y los familiares.
Comparte en Facebook
Twittéalo
