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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 18 de agosto de 2016
“No creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”: Renato Sales Heredia
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en la que concluyó que en los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato, resultado del operativo implementado por la Policía Federal, fueron ejecutados «de manera arbitraria» 22 de los 42 civiles fallecidos ese día.
El presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, dijo en conferencia de prensa que la recomendación 4VG /2016 es producto de una indagatoria sustentada en pruebas técnicas y científicas, con la que a su vez se acreditaron «violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal». Además, se comprobó la comisón de «otras violaciones no calificadas como graves imputables a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán».
En aquella fecha, además de los civiles muertos, falleció un policía federal y fueron detenidos tres hombres. Los hechos ocurrieron 21 días después de la serie de bloqueos carreteros, quema de automóviles, autobuses, camiones, negocios, gasolineras y sucursales bancarias en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. Actos que fueron atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes se enfrentaron el 1 de mayo de 2015 a fuerzas federales (Ejército, Marina, Policía Federal y PGR) y derribaron con un lanzacohetes un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana -supuestamente para evitar la aprehensión de uno de sus lideres-, que tuvo como saldo tres militares muertos y diez soldados y dos agentes federales lesionados. El operativo de captura realizado por las fuerzas federales fue llamado Operación Jalisco.
Violaciones graves, turturas, cuerpos quemados e informes falsos
Respecto de lo ocurrido en Tanhuato, Mihoacán, el presidente de la CNDH informó, refiriéndose a la actuación de la Policía Federal, que se cometieron «violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles»; «violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de cuatro personas»; «violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de dos personas detenidas»; violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y/o degradante al que fue sometida una persona».
También se cometieron «violaciones a la integridad personal, legalidad, acceso a la justicia y a la verdad por la falsedad en los informes proporcionados por la Policía Federal, respecto de las circunstancias en que se desarrolló el operativo en el Rancho del Sol»; «la falta de respeto, dignidad y consideración a dos cadáveres derivado de las quemaduras que presentaron al haber estado expuestos a fuego directo»; «violaciones a la legalidad, seguridad jurídia, a la debida procuración de justicia y a la verdad con motivo de la manipulación del lugar de los hechos en cuanto al movimiento de siete cadáveres, de las armas relacionadas con los mismos, la colocación deliberada de armas de fuego que se asociaron con 16 cadáveres y la sustitución de otra».
En el ámbito de responsabilidad estatal, dijo que hubo «violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la debida procuración de justicia por las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en la descripción de la ubicación de las víctimas directas en el lugar de los hechos y de los indicios balísticos con que se relacionaron»; «violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, la seguridad jurídica y debida procuración de justicia por las irregularidades en las que incurrieron péritos médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en las necropsias que les practicaron a los cadáveres».
Gonzálex Pérez afirmó que las violaciones a los derechos humanos cometidas no sólo se tradujeron en la pérdida de vidas humanas y en la afectación a la integridad física y mental de las personas, sino que por su propia naturaleza y alcances, se verificaron conductas que «dificultan que (…) haya un efectivo acceso a la justicia y se pueda llegar plenamente a la verdad, al haberse manipulado elementos y evidencias, alterándose las condiciones que permitirían realizar debidamente las investigaciones penales y el deslinde de las responsabilidades correspondientes. Como consecuencia de ello, en el caso de 15 personas fallecidas este organismo nacional no contó con los elementos técnicos para determinar las circunstancias en que perdieron la vida».
Los derechos humanos, añadió, legitiman y fundamentan el Estado democrático y son el límite y parámetro que toda autoridad debe observar en la realización de sus actos, aún cuando se persigan y prevengan actividades ilícitas. El debido cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de las personas no es una facultad potestativa de la autoridad, es una obligación. De ahí que el poder público deba garantizar los derechos de todas las personas sin distinción alguna.
«México atraviesa por una situación difícil y compleja derivada de los altos índices de delincuencia organizada que trastocan los valores y principios que rigen en una sociedad pacífica y en todo Estado democrático de derecho. Porque afectan a familias y personas en sus bienes y derechos más preciados.La forma de enfrentarlos es con la fuerza legítima del Estado, con el estricto cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Este organismo nacional no se opone ni busca inhibir las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales su única opción sea repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de la de otras personas y/o derechos. Circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos ni de observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad y oportunidad inherentes al uso legítimo y debido de la fuerza.
- Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
«Actuar conforme a derecho y con respeto a la dignidad de las personas contribuye al efectivo acceso a la justicia, así como a la vigencia de los derechos de las víctimas del delito. Lo contrario propicia que se atropelle a inocentes y se propicie la impunidad de los responsables. Esta Comisión Nacional reconoce que las fuerzas de seguridad federales y locales desempeñan importantes funciones con el fin de proteger la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, lo que las convierte en los garantes del orden y la paz pública».
No hubo ejecuciones extrajudiciales
En conferencia de prensa posterior, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, anunció que se aceptará la recomendación de la CNDH, pero mostró su desacuerdo con las conclusiones expuestas por Raúl González Pérez respecto de la «ejecución arbitraria» de 22 personas.
De acuerdo con un reporte de La Jornada, Sales Heredia comentó: “No creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”, y precisó que los puntos de recomendación dirigidos a la CNS por parte de la CNDH serán cumplidos excepto en los temas de reparación del daño ya que, dijo, habrá que esperar a que la PGR concluya sus investigaciones.
- Renato Sales Heredia, titular de la CNS.
El comisionado sostuvo que el día de los hechos en Tanhuato, la Policía Federal actuó en respuesta a una denuncia ciudadana, y dijo que cuando los elementos arribaron al rancho se pidió a los presuntos delincuentes que depusieran las armas pero estos respondieron agrediendo con disparos de armas de fuego a los uniformados, “somos y seremos respetuosos de los derechos humanos pero si los oficiales son agredidos tienen y tendrán que hacer uso de la fuerza”, destacó.
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