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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 23 de octubre de 2016
Tras denunciar falta de voluntad para resolver la grave crisis en derechos humanos que atraviesa el país, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones emitidas el jueves por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. En particular, para la creación de mecanismos contra la impunidad y una fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos.
- Foto: José I. Hernández / Cuartoscuro.
Destacan que las 14 recomendaciones emitidas al Estado mexicano derivan de las cuatro medidas urgentes que el Alto Comisionado señaló al concluir su visita en 2015 y de posteriores contactos con autoridades nacionales «que le permitieron tomar en cuenta las políticas y acciones ya en curso en materia de derechos humanos».
Las medidas urgentes señaladas son: fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza; adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
A través de un comunicado conjunto, afirman que «desde diversos espacios y articulaciones de la sociedad civil hemos trabajado propuestas que van en concordancia con y profundizan las recomendaciones del Alto Comisionado; en ese sentido, manifestamos que la respuesta del Estado a las recomendaciones no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por este organismo internacional y sus diversos mecanismos en los años recientes, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Hicieron énfasis en que es «particularmente importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo compuesto por renombrados expertos y expertas en derechos humanos para asesorar al Estado, realizar un diagnóstico nacional y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias. Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población».
- Integrantes del GIEI. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
En esta línea, añadieron, es imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los órganos de administración de justicia, pues sólo de esta forma se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones.
«La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.
«Adicionalmente, el Alto Comisionado incluyó recomendaciones para prevenir graves violaciones, en particular un registro nacional unificado de toda detención (medida también ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se cumple con el sistema vigente) y, de manera más amplia, la reorientación de las políticas de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana».
Consideran que las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que hoy padecemos, ruta a la que han abonado también las recomendaciones emitidas por el GIEI y la propia CIDH en ocasión de su visita de país. Es deber del Estado demostrar que está escuchando no sólo a la sociedad civil mexicana sino a los organismos internacionales.
- Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.
El documento es firmado por I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, de Guanajuato; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Colectivo Resonar; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Equis, Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
Foto de portada: Alan Ortega / Cuartoscuro.
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