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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 30 de octubre de 2016
- Argumentan que ambas designaciones carecen de legitimidad
- La del nuevo procurador, muestra el divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República con quienes reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México
Más de 250 organismos civiles y defensores de derechos humanos de todo el país exigieron que los recientes nombramientos de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Funcion Pública (SFP) sean transitorios, toda vez que la presidencia de la República violó sus obligaciones internacionales y atentó contra la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una fiscalía autónoma. A la vez, emitieron un «extrañamiento, directo y claro» para el Senado porque «su papel en la ratificación del procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal», procedimiento que realizó en un sólo día.
El posicionamiento de las organizaciones civiles y expertos en derechos humanos y temas de justicia señala que la manera en que se llevaron a cabo las desingaciones de Arely Gómez como titular de la SFP y de Raúl Cervantes al frente de la PGR es contraria a lo que, en más de una ocasión, han manifestado sobre la «importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado», porque sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo.
- Presidente de México, Enrique Peña Nieto. | Foto: Saúl López / Cuartoscuro.
«Sin embargo, lo que acabó de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y al debate abierto. Estas prácticas debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción, asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto.
«El nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al secretario o secretaria. Esta consulta nunca se realizó.
«Por otra parte, el nombramiento del Procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México. Tan sólo días después de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia, diálogo que incluye la selección del perfil más adecuado que deberá operar éste, el Presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia)».
Recordaron que el año pasado Raúl Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que desde entonces su perfil fue severamente cuestionado. «La designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos», sostienen.
- Foto: Presidencia / Cuartoscuro.
«Sirva lo anterior también como un extrañamiento directo y claro para el Senado de la República: su papel en la ratificación del Procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal. Una designación del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República resolvió la designación presidencial».
Las organizaciones y expertos exigieron que ambas designaciones sean transitorias, «en particular en el caso del procurador», pues consideran que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de que no cuentan «con la legitimidad ni reconocimiento» para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción.
«Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están».
Entre otros, el posicionamiento lo firman el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Freedom House, Artículo 19, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro Nacional de Comunicación Social, Equis Justicia para las Mujeres, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal), Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Don Sergio (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Tequio Jurídico (Oaxaca, Oax.) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
- Protesta contra la corrupción y la impunidad frente a Los Pinos. | Foto: Saúl López / Cuartoscuro.
Las personas adherentes son Alberto Olvera, Aleida Calleja, Alejandro Madrazo, Alfredo Castillo Romero, Alfredo Lecona, Andrés Torres Checka, Aram Barra, Bosque Iglesias, Carlos Brito, Catalina Pérez Correa, Celso Alvarado, Claudia Magallanes Blanco, Denise Dresser, Erick Fernández Saldaña, Eugenia Legorreta, Fernando Belauzarán, Helena Varela Guinot, Isabel Hernández Medel, Iván García Gárate, Jenaro Villamil, Jorge Javier Romero, Julio Mena, Laura Rubio Díaz Leal, Lilia Vélez, Lucha Castro, Luis Daniel Vázquez, Maite Azuela, Martha Tagle, Miguel Sarre, Pablo Reyna, Paulina Gutiérrez, Ricardo Becerra, Roberto Ochoa, Sergio Aguayo, Silvano Cantú, Vladimir Chorny y Ximena Gallegos Toussaint.
Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
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