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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 15 de noviembre de 2016
Organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron una acción urgente ante el «riesgo inminente de represión contra el pueblo nahua de la Costa Sierra de Michoacán» por parte de «fuerzas de seguridad federales, estatales y/o delictivas». Dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al procurador General de la República, Jesús Cervantes Andrade; y al gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles Conejo, afirmaron contar con información «de que se han agudizado las acciones de criminalización del derecho a la protección autónoma comunitaria».
- Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública de Michoacán. | Foto: SSP Michoacán.
El documento firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indigenas y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que agrupa 80 colectivs de 21 estados del país, consigna que el riesgo se ha incrementado «especialmente» desde «el anuncio político de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huizontla, y los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila y Coahuayana, todos situados en la Costa Sierra de Michoacán.
«Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez. Estas acciones de criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región realizaran como acción de protesta y llamamiento a la negociación el bloqueo de la carretera federal 200 y la toma de las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que ha realizado el secretario de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un entendimiento de la realidad que se vive la región».
En los días recientes, la SSP estatal informó de enfrentamientos con personas «armadas» que habrían atacado a sus elementos en Nueva Italia y Buenavista Tomatlán. Las supuestas agresiones se dieron contra uniformados que realizaban operativos de vigilancia en coordinación con fuerzas federales en «esa y otras regiones de Michoacán», dijo el lunes en un comunicado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que esa «preocupación legítima y fundada de riesgo inminente de represión» es acorde con la información que han obtenido directamente en la región y varios antecedentes, como la detención el 19 de julio de 2015 de Cemeí Verdía, uno de los líderes de la policía comunitaria de Santa María Ostula, en el marco de un operativo conjunto entre el Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal. En esa ocasión, «se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta» en esa comunidad que dejaron un saldo de un niño privado arbitrariamente de la vida, presuntamente por elementos castrenses, además de varias personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas.
- Policía comunitaria de Santa María Ostula en noviembre de 2015. | Foto: Alan Ortega / Cuartoscuro.
«A las organizaciones de derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas cautelares a favor de Santa María Ostula, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los habitantes.
«Tenemos conocimiento de las múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que han elevado las comunidades de la región sin que se hayan encontrado respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes. Esta omisión se extiende a las reiteradas denuncias de las comunidades para que sean detenidos Federico González y Mario Álvarez López, a quienes los habitantes ubican como responsables de estos hechos».
Las organizaciones que emiten la alerta hicieron un llamado a los gobiernos de Michoacán y federal para que prvilegien el diálogo, atiendan la problemática, «que es de máxima urgencia», desde un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los puebelos originarios a ejercer sus propias formas de protección y justicia, así como «la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la corrupción». Y exhortan al Estado mexicano «a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de perrsonas de la región Costa Sierra.
- Sepelio de Edilberto Reyes García el 21 de julio de 2015. | Foto: Alan Ortega / Cuartoscuro.
La alerta también va dirigida a Roberto Campa Cifrián, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Paulo Abrao; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Foto de portada: Alan Ortega / Cuartoscuro.
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