En México, espionaje contra periodistas y opositores: OSC en foro de la ONU

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Guadalajara, Jal. / Martes 6 de diciembre de 2016

 

Más de una decena de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos digitales, nacionales e internacionales, condenaron «la interceptación arbitraria de las comunicaciones privadas y el uso de malware de vigilancia para silenciar a periodistas y opositores políticos» por parte del gobierno mexicano, y denunciron que las autoridades de nuestro país «intervienen comunicaciones privadas y obtienen metadatos de usuarios y su geolocalización en tiempo real a través de medios ilegales», además de que «el 99 de estos actos se hacen sin orden judicial».

Guadalajara, Jal. / Martes 6 de diciembre de 2016. Alejandra Lagunes, coordinadora en México de la Estrategia Digital Nacional del gobierno de la Repúlica; lenni Montiel, subsecretario general de la ONU para el Desarrollo Económico en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco; embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, Jalisco. | Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.

En un pronunciamiento dirigido a las personas y entidades que participan en esta ciudad en el Internet Governence Forum 2016 -una plataforma multisectorial que busca facilitar la discusión de temas de políticas públicas relacionadas por internet-, organizado por la ONU y en el que también son participantes, las organizaciones civiles firmantes exigieron «justicia, respeto y protección de los derechos humanos» en México, y que «los representantes del gobierno mexicano respeten los espacios de diálogo y no repriman actos disidentes» en foro.

Luego de señalar las «graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país: desapariciones forzadas, torturas, las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, la persecución y asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos», que «no hay justicia» y que «la corrupción e impunidad son la regla», explicaron que en ese contexto la realidad en línea y fuera de ella es la misma.

«No sólo el gobierno mexicano es el cliente más importante de Hacking Team, sino que además el malware también comprado a otras empresas como NSO Group y FinFinisher se usa para espiar a periodistas disidentes. Durante la campaña de 2012, quienes ahora ejercen el poder contrataron a un haacker para espiar a sus opositores políticos. Estas acciones son intolerables en un país que se dice democrático», sostuvieron.

Foto: Hacking Team.

Las organizaciones Artículo 19, Contingente Mx, Derechos Digitales y Enjambre Digital se refieren, por ejemplo, a la empresa italiana Hacking Team especializada en servicios de vigilancia, espionaje y control de objetivos, que ha sido contratada durante años por instituciones de distintos países, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y distintas dependencias de seguridad del gobierno de la República. También al caso del hacker colombiano Andrés Sepúlveda, que en marzo pasado reveló a la revista estadounidense Bloomberg Businessweek que en las elecciones de 2012 dirigió a un grupo de hackers para robar estrategias de campaña y manipular redes sociales con el fin de crear falsas tendencias de los políticos opositores al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

Más aún, denuncian que «la violencia en línea es una extensión de la violencia estructural contra las mujeres y presenta patrones particulares», y hacen notar que «México es uno de los países más peligrosos para ser mujer: hay siete feminicidios cada día y muchas de estas agresiones comienzan en línea. Sin embargo, no hay acciones contundentes y efectivas de respuesta ante estos hechos. A la falta de reconocimiento social e institucional de los efectos e impactos que la violencia en línea tiene sobre las mujeres víctimas, se suma un sistema de procuración e impartición de justicia omiso, impune, indolente y desactualizado, que difícilmente brinda garantías para el acceso a una Internet libre de violencia hacia las mujeres».