SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 11 de diciembre de 2016
Luego de cumplirse diez años de que el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, alrededor de 200 organizaciones y defensores de derechos humanos alertaron a legisladores del Congreso de la Unión sobre las iniciativas de ley para regular la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, toda vez que prevén la suspensión de derechos y garantías de los y las mexicanas «sin verdaderos controles y contrapesos», lo que «incentiva el uso arbitrario del poder y vulnera a la población civil».
Además de pedir una discusión pública sobre el actual proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, exhortaron a los legisladores actuar como garantes de la Constitución y pidieron no aprobar «de forma apresurada estas leyes que hacen permanente la presencia militar» en las calles de todo el país.
- Foto: Bernardino Hernández / Cuartoscuro.
A finales de septiembre, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, presentó a nombre de su partido una iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior, la cual justificó por la «necesidad impostergable» del Estado mexicano de regular de forma clara la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las autoridades civiles estatales y federales,. Su propuesta precisa que podrán intervenir en dichas labores cuando exista una declaratoria de afectación de la seguridad interior, a petición del Ejecutivo federal, los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxic o por la mayoría de algún congreso local. Se requiere regular «los supuestos materiales y formales que justifican los procedimientos, acciones e intervenciones en materia de seguridad interior; las técnicas de investigación, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre autoridades, cuando se ven rebasadas las capacidades de las autoridades civiles”.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo, del PRI, presentaron otra iniciativa en el mismo sentido, que prevé la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, con la precisión de que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación. Se trata de regular operaciones en las calles, como la implementación de destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y «hacer uso de cualquier método de recolección de información».
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo la semana pasada que en el Ejército «no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando», además de que los soldados ya «mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer órdenes». «Yo sería el primero no en levantar una mano, las dos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales».
A través de un comunicado, las y los defensores de derechos humanos recordaron que el saldo de la guerra contra las drogas en México es grave. En 10 años se han acumulado «más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares. Los datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Peña Nieto es equivocada».
- Roberto Gil Zuarth, senador por el PAN. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
Sostienen que el endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia, pues hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente. Más aún, el sistema adversarial que entró en pleno vigor este año está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura. De tal cuenta que «la dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
«Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones, hasta la investigación del delito-.
«Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil».
También se pronunciaron por cualquier propuesta de regulación del Ejército, pero que retome las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México de la ONU y que vaya orientada a que los soldados regresen a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable, además de ir acompañada de una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
- César Camacho Quiroz, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados federal. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
«Está por aprobarse en la cámara de Diputados, la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En situaciones de emergencia, el Estado debe poder actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios. Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir.
«El proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.
«Los frenos y contrapesos que plantea el proyecto son casi inexistentes. El papel del Congreso y del Poder Judicial son limitados, cuando debieran ser proactivos, de vigilancia extrema y respuesta inmediata ante cualquier posible violación a los derechos humanos. Por la gravedad de la medida –que prevé suspender los derechos y garantías de las y los ciudadanos- deben incluirse medidas de vigilancia fuertes y claras. Es grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza.
«La ley, además, no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga -y modificación de los alcances-, aún antes de concluir el periodo original. Esto crea incentivos para máximizar, no minimizar el uso de la medida. El hecho de que el congreso pueda extender los poderes extraordinarios del Ejecutivo mientras éste goza de poderes extraordinarios, es riesgoso».
Recordaron que la experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, con lo que se normaliza lo que pretendía ser excepcional. No podemos negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las Fuerzas Federales. Pero las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción, no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho. Es en un esquema de seguridad humana y de procuración y administración de justicia eficaz, donde se debe legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad que existe en el país.
- Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
Entre otras, firman el comunicado las organizaciones Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 80 grupos defensores de 21 estados de la República; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Artículo 19; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Servicios y Asesoría para la Paz; Equis: Justicia para las Mujeres; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y Fundar, Centro de Análisis e información.
A título personal, los y las defensoras Edgar Cortez, Alejandra Rojas Pérez, Alejandro Madrazo Lajous, Ana Aguilar García, Ana Lorena Delgadillo, Ana Pecova, Armando Sánchez Martínez, Carlos Garza Falla, Carlos Silva Forné, Carlos Téllez Rojo, Carolina Pimentel y 50 personas más.
Foto de portada: María José Martínez / Cuartoscuro.
Comparte en Facebook
Twittéalo
