Militarización permanente

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Edgar Cortez

Martes 13 diciembre de 2016

 

El Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, exigió el pasado 8 de diciembre que se regule la actuación de la SEDENA en las labores de seguridad. El reclamo ha dado lugar a la urgencia y a que los legisladores aprueben una legislación inadecuada.

Los reclamos del Secretario fueron varios. El más destacado fue que se regularice la actuación de las fuerzas armadas; qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas, si quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. También cuestionó al sistema penal acusatorio pues dijo que libera a peligrosos delincuentes a causa del debido proceso y que eso lleva a que soldados y marinos ya lo piensan antes de ir a un operativo, porque les sale más barato ser juzgados por desobediencia que por violar derechos humanos.

Respecto de la regularización de la labor de las Fuerzas Armadas (FFAA), pongamos el asunto en perspectiva. Las FFAA se incorporaron legalmente y en los hechos a labores de seguridad desde 1995, cuando el Congreso aprobó la Ley general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública. Llevamos 20 años en que las FFAA hacen labores de policía y se ha justificado como una medida temporal, en tanto tenemos instituciones de seguridad civiles profesionales y confiables.

En los últimos días el tema ha tomado relevancia pues se está haciendo una revisión crítica luego de una década de la guerra contra la delincuencia organizada. Los datos son cruentos. Más de 174 homicidios dolosos. Más de 29 mil desaparecidos de acuerdo con cifras oficiales y un gasto de más de 1.8 billones de pesos.

En resumen llevamos dos décadas prácticamente la misma estrategia en materia de seguridad, 10 de los cuales recurriendo forma extraordinaria a las FFAA. Sin que a la fecha tengamos los resultados ofrecidos.

¿Por qué los militares hoy son y se saben indispensables? Porque las autoridades civiles, Presidente, legisladores, gobernadores y autoridades municipales, nunca han logrado establecer una política de seguridad y de persecución criminal coherente y consistente; al grado que luego de 20 años no existe la policía profesional que tanto se ha ofrecido y nuestras procuradurías son un completo desastre.

Entonces, el problema central no es la regularización de las FFAA sino la ausencia de una estrategia de seguridad que avance en la creación de soluciones y que pueda prescindir de los militares. Sin embargo desde el gobierno federal y desde el Congreso las cosas se quieren resolver al revés y aprobar, de manera apresurada, un par de leyes. Una es la que reglamente el artículo 29 constitucional para determinar las situaciones y condiciones en que se pueden afectar y restringir derechos humanos y, la segunda, la ley de seguridad interior.

Esta se dice que está fundamentada en el artículo 89 constitucional, fracción VI, que establece como facultad del Presidente, preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

El punto es que el concepto de seguridad interior no está definido y se puede convertir en una especia de cajón de sastre que se llene con lo que convenga al poder en turno.

Otra de las quejas del General Cienfuegos fue contra el sistema penal acusatorio, acusando que  libera fácilmente a delincuentes a causas del debido proceso y eso desincentiva a que los militares intervengan.

La queja del general da a entender que venimos de una situación donde la justicia penal era ideal, cosa por demás falsa pues venimos de un verdadero desastre de la justicia penal. Uno de los cambios que estamos instalando es que se aplique el debido proceso, es decir que todo mundo cumpla las reglas establecidas, y en caso que no suceda haya consecuencias. Eso quiere decir que los militares que detienen arbitrariamente, torturan o ejecutan extrajudicialmente, enfrentes las consecuencias sobre ellos mismos y sobre los irregulares procesos penales a los que han dado lugar.

El tema no es sencillo, llevamos un par de décadas enfrentando de manera equivocada nuestros problemas de inseguridad y violencia. Ahora el Congreso nos quiere llevar por peores caminos, la militarización permanente del país.

@edgarcortezm

Foto de portada: Ángel Hernández / Cuartoscuro.