SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 10 de enero de 2017
- Denuncian que en el inicio de las discusiones se excluyó en el Senado de la República las voces con perspectivas críticas
- Explican que el concepto de seguridad interior considerado para la nueva legislación es el mismo que se utilizó en Venezuela
Cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil y expertos rechazaron que sea evidente la efectividad de militarización del país en el ámbito de la seguridad pública, como se dijo en el Senado de la República al inicio de las discusiones sobre la eventual Ley de Seguridad Interior, y alertaron sobre el riesgo de «normalizar lo que hoy es irregular» y «dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal», sobre todo cuando «el propio secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan».
Denunciaron que la forma en que se llevan a cabo los trabajos de análisis en la Cámara Alta podrían traducirse en «un debate excluyente de las perspectivas de los derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de seguridad y corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de derecho».
- El Ejército en calles de Cancún, Qroo. | Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.
Luego de que este martes iniciaron las deliberaciones en la Cámara Alta, organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos emitieron un posicionamiento público en el que hicieron énfasis en los términos en que «se allanaron» coincidentemente las bancadas del PRI, PAN y PRD, incumplirían abiertamente la Constitución. «Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 (…) Además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció», que contempla la participación del Ejército mexicano.
No sólo eso, pues añaden que promulgar una ley «a partir de este concepto rector» llevaría a incumplir con los tratados internacionales signados por México y está obligado a respetar y garantizar. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública», lo que acarrea «funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico».
Hicieron notar que los tres partidos mayoritarios y el representante de la presidencia de la República hicieron saber su aspiración de que al cabo del debate «se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las fuerzas armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior». Una lógica en la que es «latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense'».
Aunado a ello, señalaron que también es grave el formato en que comenzaron las discusiones en el Senado, toda vez que no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectiva críticas; la inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista «carente de especialidad en el ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial».
- Familiares de victimas de violaciones a los DDHH han protestado ante legisladores federales. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
Llamaron la atención en el sentido de que se generó un precedente con el que «queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad».
Por ello, exigieron que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto y que considere todas las perspectivas planteadas, incluidas las que señalan los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.
«A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan», sostuvieron.
Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamaron a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. «Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse -como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad. El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década».
- Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro.
Además de las organizaciones ya citadas, firman el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto de Justicia Procesal Penal; México Unido contra la Delincuencia; Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI; Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AsiLegal (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AJAGI (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, Haciendo Camino (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, (Ciudad de México); Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos Don Sergio (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, (León, Gto.) y más de un centenar más.
A título individual, firman los expertos Alejandro Madrazo, Antonio Zavala Sánchez, Carolina Pimentel, Denise Dresser, Guadalupe Barrena, Javier Martin Reyes, Jorge Javier Romero, Jorge Javier Romero Vadillo, José Antonio Guevara Bermudez, José Pablo Girault, Josefina Ricaño de Nava, Juan Francisco Torres Landa, Luis F. Fernández, Martha Tagle, Margarita Griesbach, Miguel Concha Malo y Simón Hernández León.
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