SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Martes 31 de enero de 2017
La Corte de Apelaciones de British Columbia, Canadá, aceptó la demanda sobre daños y perjuicios presentada por ciudadanos guatemaltecos en contra de la minera Tahoe Resources Inc.
Con esta decisión, el sistema de justicia canadiense abre sus puertas para conocer el caso de los siete guatemaltecos gravemente heridos en el año 2013, durante la represión violenta a una manifestación pacífica contra el proyecto minero «El Escobal» en el municipio de San Rafael las Flores, Guatemala, a manos de miembros del equipo de seguridad privada de la empresa minera San Rafael, filial de Tahoe Resources.
- Foto: Tomada de Internet.
A través de un comunicado, la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA) dio a conocer lo anterior y celebró el hecho:
“El día de ayer, en un fallo histórico, la Corte de Apelaciones de British Columbia, Canadá, rechazó el recurso interpuesto por la minera canadiense Tahoe Resources quien pretendía evitar que la jurisdicción de ese país conociera y juzgara hechos ocurridos en Guatemala.
“Frente a las dificultades de las víctimas de la minera canadiense para acceder a la justicia en el Estado de Guatemala, así como por la debilidad institucional y los altos niveles de corrupción e impunidad en dicho país, la decisión de la Corte sienta un precedente importante pues implica la aceptación de su jurisdicción como el foro más adecuado para conocer y juzgar el caso”.
Explica que en el proceso de búsqueda de justicia extraterritorial, la noción del Forum Non Conviniens -que supone el establecimiento de la jurisdicción más competente para conocer y entonces juzgar un caso- representa el principal obstáculo para quienes, como los ciudadanos guatemaltecos, esperan que sus pretensiones sean atendidas por el sistema de justicia del país de origen de la entidad que se señala como responsable de abusos y violaciones a derechos humanos ocurridos en otro país.
El caso en contra de la minera Tahoe Resources llegó a los tribunales canadienses gracias al trabajo del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), del Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ) y de la firma de abogados de Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman (CFM).
Foto de portada: Tomada de Internet.
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