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Democracy Now
Miércoles 1 de febrero de 2017
Legisladores en todo Estados Unidos están impulsando más leyes contra la protesta, en el marco de la ola de manifestaciones masivas que se oponen a la presidencia de Donald Trump.
En Iowa, los legisladores presentaron un proyecto de ley por el que el bloqueo de tránsito pasaría a ser considerado un delito grave punible con hasta cinco años de cárcel. Los legisladores de Minnesota impulsan un proyecto de ley antiprotesta que permitiría a las ciudades demandar a los manifestantes con el fin de cobrarles por el costo de vigilar las manifestaciones.
En Dakota del Norte, los legisladores presentaron un proyecto de ley para proteger a los conductores de responsabilidad si lesionan o matan a un manifestante que obstruya el tráfico. Por su parte, los legisladores del estado de Washington impulsan un proyecto de ley que catalogaría las protestas como “terrorismo económico”.
Y en Indiana, los legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que autorizaría a la policía a retirar a los manifestantes que bloqueen el tránsito usando “cualquier medio necesario”. Los activistas que defienden esta legislación han apodado el proyecto “bloquea el tránsito y muere”. Estos proyectos nuevos se producen al tiempo que más de 200 activistas enfrentan la posibilidad de recibir condenas de hasta diez años de cárcel por cargos de disturbios, por protestar en contra de la toma de posesión de Donald Trump en Washington DC.
Mientras esto sucede, continúan las protestas en ciudades de todo el país contra la orden ejecutiva de Trump de prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados y de los ciudadanos de siete países con mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. En Minneapolis, aproximadamente 5.000 personas inundaron las calles cercanas al Edificio Federal. El Anti-War Committee (Comité contra la Guerra, en español), organizador de la protesta, expresó: “Es un delito que Estados Unidos bombardee y ataque a otros países y luego rechace a los refugiados cuando ha sido el responsable de destruir sus territorios”.
En Columbia, Carolina del Sur, más de 600 personas se reunieron ante la Cámara de Representantes estatal para expresar su rechazo a la prohibición de Trump contra los musulmanes. También sigue aumentando la cantidad de impugnaciones legales presentadas contra la prohibición. Los estados de Washington, Massachusetts, Virginia y Nueva York se adhirieron a la presentación de demandas legales contra la orden ejecutiva de Trump. Estas son las palabras de la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.
Maura Healey sostuvo: “La orden ejecutiva es perjudicial, discriminatoria e inconstitucional. Discrimina sobre la base de la religión y el origen nacional, niega a nuestros residentes el acceso al debido proceso y a la protección igualitaria de la ley, y viola la ley federal de inmigración. El papel de esta oficina es defender la ley y la constitución de este estado y de Estados Unidos”.
Cerca de mil diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado firmaron un memorando de desacuerdo que condena la prohibición musulmana de Trump. Este memorando reúne muchos más suscriptores que cualquier otro memorando de desacuerdo que se haya firmado en los últimos años. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, intentó afirmar que la orden ejecutiva no es una “prohibición”, a pesar de que tanto Spicer como el presidente Trump la han llamado “prohibición” en diferentes ocasiones; por ejemplo, lo hicieron varias veces el lunes.
El martes, Spicer también intentó defender la decisión de las autoridades de esposar a un ciudadano estadounidense de cinco años de edad durante horas en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, cuando el niño volvía de un viaje a Irán, alegando que podría haber planteado una amenaza a la seguridad. Trump ha afirmado falsamente que sólo se les ha negado la entrada al país a 109 personas desde que se impuso la prohibición. En realidad, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza declararon el martes que se les ha negado el ingreso a Estados Unidos a por lo menos 721 personas.
Fotos de portada e interiores: Democracy Now
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