¿Una nueva Constitución?

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Alfonso Díaz Rey*

Viernes 3 de febrero de 2017

 

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, significó la elevación de muchos de los anhelos del pueblo mexicano a la categoría de Ley Suprema.

Esos anhelos y demandas del pueblo fueron el origen de la Revolución en 1910 y, en cierto modo, la Constitución marcó el fin de la fase armada de aquella, reafirmó el carácter popular de la soberanía y estableció el dominio de la nación sobre los recursos naturales.

Nuestra Constitución, ponderada alguna vez como la más avanzada en el mundo, por el significado y alcances de artículos como el 3°, el 27, el 123 y su contenido nacionalista y antimperialista que atentaba contra los grandes intereses económicos, fue objeto de rechazo y obstrucción por parte de los sectores ligados al gran capital local y extranjero y por los sectores reaccionarios de la sociedad.

Después de su promulgación, por más de 15 años fue casi letra muerta hasta que durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas comenzaron a hacerse efectivos muchos de sus postulados; sin embargo, los gobiernos posteriores, salvo por algunas medidas (como la nacionalización de la industria eléctrica, durante el gobierno de López Mateos, en 1960), mediante reformas o leyes secundarias elaboradas y aplicadas acorde a los intereses del grupo en el poder, se ha desvirtuado el espíritu que dio origen a esos postulados.

Sin embargo, a partir de que el capital financiero monopolista internacional se convirtió en poder hegemónico e impuso prácticamente al mundo la doctrina neoliberal, en nuestro país, desde 1982 a la fecha, con la finalidad de defender sus intereses y mantener su hegemonía, el grupo dominante, necesitado de una base jurídica que diera sustento y carácter legal a todos sus actos, ha modificado la Constitución; para lograrlo se valió de los gobiernos neoliberales y la imposición de sus “reformas estructurales”. Así, mediante el engaño, la propaganda, la desinformación, la corrupción y en ocasiones de la manera más burda e inconstitucional, han realizado, y continúan realizando, las modificaciones que les permiten lograr sus objetivos.

Por esa vía se han adueñado de los sectores estratégicos de la economía, mantienen al pueblo en la ignorancia y la pobreza, aumentan la explotación de los trabajadores del campo y la ciudad, son los causantes del prevaleciente clima de inseguridad y de la depredación de la naturaleza.

Han nulificado la esencia de la Carta Magna de manera que actualmente en aspectos relacionados con derechos humanos, recursos naturales y la soberanía (nacional y popular), se ha retornado, proporción guardada por lo que implican los avances de la ciencia y la tecnología, a condiciones de etapas previas a la revolución de 1910, que fueron el detonante de ese movimiento social.

En estos más de 30 años, cada administración nos ha prometido el paraíso con la aprobación y aplicación de sus reformas y el resultado ha sido un país cada vez más endeudado y dependiente de los monopolios y del capital financiero internacional; un pueblo más pobre, con creciente desempleo, violencia e inseguridad; un futuro incierto y sin esperanza para las nuevas generaciones y, en general, la pérdida de soberanía nacional y popular.

El grupo en el poder y sus servidores en el gobierno, valiéndose del control que ejercen sobre el pueblo, la apatía, la enajenación, la corrupción e incluso recurriendo a descarados fraudes electorales que en términos prácticos fueron equivalentes a tres golpes de Estado (1988, 2006 y 2012), han violentado su propio estado de derecho y la Constitución para darle continuidad a su proyecto y lograr su objetivo.

Ante estas circunstancias cabría preguntarnos: ¿No será tiempo de que como pueblo retomemos el espíritu de la Constitución de 1917 y la actualicemos para alcanzar objetivos más allá de los que se propusieron quienes con su sangre y sus vidas hicieron la revolución mexicana y, además, reunamos esfuerzos y voluntades de una manera organizada y nos preparemos para realizar los profundos cambios que requiere nuestra patria e intentar conquistar así nuestra real y definitiva independencia?

Porque si seguimos como hasta ahora, el grupo que detenta el poder seguirá decidiendo por nosotros en función de sus intereses.  Si queremos cambiar, como pueblo deberemos decidirnos a tener una vida digna y a ser forjadores y dueños de nuestro destino.

El gasolinazo, que es uno más de una larga sucesión de agravios contra la inmensa mayoría de nuestro pueblo, con la salvedad de que parece ser la gota que derramó el vaso, agravó y generalizó la indignación en casi todos los estratos de la población y deja al desnudo la incapacidad del Estado para resolver los problemas del país,  provocó un movimiento que si bien fue espontáneo en su inicio, ha entrado en una fase de construcción de espacios de diálogo, vinculación, articulación y análisis de propuestas y acciones que contribuyan a encontrar solución a nuestros problemas, lo que muestra un avance importante en la organización popular  ante la insatisfacción que directamente han provocado las contrarreformas neoliberales.

Este momento que actualmente vive nuestro pueblo es una oportunidad para realizar un esfuerzo con el fin de organizarnos, ejercer nuestros derechos, recobrar los que nos han suprimido, recuperar lo que históricamente ha sido propiedad de la nación y ejercer nuestra soberanía.

Y cabría  preguntarnos ¿de qué lado queremos estar?, si del lado de la conformidad o del lado del deber.

* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Observatorio Biosfera de Salamanca, Guanajuato.

Foto de portada: Isabel Mateos / Cuartoscuro