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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 22 de febrero de 2017
Al presentar su informe 2016-2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización Amnistía Internacional (AI) reportó que a diez años del inicio de la «guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada» en México la violencia sigue siendo generalizada, continúan recibiéndose casos documentados de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, y persiste la impunnidad por violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Presentado en Londres, Inglaterra, el reporte de AI da cuenta también de que se llevaron a cabo «intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo», además de que «la violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación» y que el Congreso de la Unión «rechazó uno de los dos proyectos de ley (…) que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas».
- El poeta Javier Sicilia. | Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro.
El informe de la organización señala que no obstante los ocho años de preparación el nuevo sistema de justicia oral persisten muchos de los problemas del anterior, como lo demuestran el incumplimiento de la presunción de inocencia, el plan de seguridad anunciado por Enrique Peña Nieto en 2014 no se ha aplicado plenamente y tampoco se ha cumplido con la promesa de promulgar leyes contra la tortura, las desapariciones forzadas ni contra desapariciones a manos de agentes no estatales. Y en tanto «la violencia aumentó notablemente» al registrarse 36 mil 056 homicidios hasta finales de noviembre de 2016 —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33 mil 017 de 2015, los registros oficiales indican un incremento en el número de solados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país.
En ese orden, Amnistía Internacional sostiene que los autores de ejecuciones extrajudiciales siguen gozando de impunidad y que, en el periodo que se reporta, esos delitos no se investigaban adecuadamente: «Las fuerzas armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares».
Violencia e impunidad
A la vez, se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo por iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales. «Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos. Los autores de los homicidios seguían sin ser identificados». En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad. «La Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas».
- Foto: Mopisés Pablo / Cuartoscuro.
En cuanto a la investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, en 2014, a la fecha todavía no ha arrojado resultados concretos. «Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de ‘abatir delincuentes’ (en este contexto, con el sentido de ‘matar’) que guió las operaciones militares en la zona (…) ni investigaron a los oficiales con responsabilidad de mando». Tampoco «se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán; las autoridades no investigaron adecuadamente los homicidios ni examinaron la responsabilidad de quienes estaban al mando».
Respecto al conflicto social entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con motivo de la reforma educativa de 2013, se asienta que hubo lugar a manifestaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras en todo el país que fueron respondidas por las autoridades con operaciones policiales, «algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles», «varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales» y, «posteriormente, muchos de ellos fueron puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones». «El 19 de junio (de 2016), al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial lanzada tras un bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la reforma educativa del gobierno. Las imágenes emitidas por los medios de comunicación contradecían la afirmación inicial realizada por las autoridades de que los policías estaban desarmados».
En casos de tortura, impunidad casi absoluta
Amnistía Internacional señala que «la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares», además de que «la violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres. Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer». Más tarde, en septiembre, «en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006».
- Foto: Nacho Ruiz / Cuartoscuro.
También en abril, «en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008». Ese mes, «el Senado aprobó una iniciativa de Ley General contra la Tortura que se ajustaba a las normas internacionales. El proyecto de ley se reformó, y al concluir el año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados».
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal cuatro mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura. Pero «como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de tres mil peticiones pendientes de tramitación. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones sobre torturas y otros malos tratos no avanzaban».
Plan Mérida y migrantes sin asilo, aunque tienen derecho
En cuanto a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, se informa que se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo. Hasta octubre se habían presentado seis mil 898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, sólo se concedió la condición de refugiado a dos mil 162 personas, pese a que se estimaba que anualmente más de 400 mil migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México, y según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema, «la mitad de estas personas podía reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo en México».
- Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro.
La aplicación del Programa Integral Frontera Sur, a su vez, volvió a dar lugar a un aumento de las operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala y Belice, «y eran frecuentes los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta noviembre, 174 mil 526 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas, y 136 mil 420 habían sido devueltas a sus países. El 97% de las personas deportadas eran de Centroamérica. Según datos de febrero del Congreso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense tenía planes de destinar 75 millones de dólares a ‘operaciones de seguridad y migración’ en la frontera sur de México, a través de la Iniciativa Mérida».
Periodistas y personas defensoras
Otro de los aspectos de la «persistente impunidad» por violaciones a derechos humanos fue la continuidad de las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras. «Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) no brindaba protección adecuada a estas personas», sostiene Amnistía Internacional. Así, en febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación —que las autoridades parecían tolerar— contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y contra organizaciones no gubernaentales nacionales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa.
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