El Zapotillo: Ricardo Sheffield lucha por derechos económicos; nosotros por subsistir, dicen OSC

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

León, Gto. / Domingo 12 de marzo de 2017

 

Contrario a lo que opinan diputados del PAN como Ricardo Sheffield Padilla y Angélica Casillas Martínez, los proyectos de construcción de la presa El Zapotillo y Acueducto Zapotillo-León son inviables, tanto en lo social, lo técnico y financiero, sostienen Guadalupe Espinoza Sauceda y Geovanna Dávalos Álvarez de las organizaciones civiles Colectivo de Abogados y Acción Colectiva.

Guadalupe Espinoza, miembro del Colectivo de Abogados que acompaña jurídicamente a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que se oponen a la presa, señala que las declaraciones a favor de las últimas semanas de Ricardo Sheffield revelan los distintos intereses de cada quien: El legislador federal «representa a los entes políticos y empresariales que se quieren llevar el agua de Río Verde a León; ellos luchan por derechos económicos. Nosotros luchamos por subsistir, no queremos que los pueblos y toda su historia desaparezcan».

Para Geovanna Dávalos existe una grave falta de información -incluso reconocida por Sheffield Padilla- que les impide a los leoneses pronunciarse a favor o en contra de los proyectos, como es su derecho. De modo que en cuestión de derechos humanos, «no sé qué tanto estén dispuestos a que tres pueblos desaparezcan inundados (…) Y no creo que la gente de León esté dispuesta a eso. Al menos yo no, porque a mí como leonesa nadie me preguntó».

Las declaraciones de Geovanna Dávalos y Guadalupe Espinoza se dan luego del debate que sostuvieron el 2 de marzo con Ricardo Sheffield y Angélica Casillas y que fue transmitido por un canal de televisión leonés. En esa ocasión, los diputados, él federal y ella local, afirmaron de distintas maneras que la construcción de la presa El Zapotillo es la única opción viable para garantizar el abasto de agua a León durante los próximos 25 años.

Sostuvieron que se analizaron varias opciones, aunque solamente citaron dos ejemplos: inyectar agua al subsuelo y elevar las cortinas de las presas existentes en el municipio, las cuales resultaron inviables. Defendieron que el nuevo embalse permitirá que se deje de explotar el acuífero de León y que se recupere en 30 años, sin explicar cómo sucederá eso en tan corto lapso de tiempo si el acuífero tardó miles de años en formarse, como trataron de hacerles ver los activistas.

Los legisladores exaltaron la capacidad y calidad del trabajo que lleva el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), al cual calificaron como uno de los mejores del mundo. Y mientras Angélica Casillas, quien antes de convertirse en diputada fungió como directora de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, destacó las políticas estatales para una nueva cultura del agua que ha permitido importantes ahorros, Ricardo Sheffield terminó por descalificar los documentos que presentaron sus interlocutores e incluso hizo mofa de ellos. Les dijo que se oponen a El Zapotillo porque «están inconformes con la vida» y cuando le presentaron el libro La Crisis Multidimensional del Agua en la Ciudad de León, Guanajuato, comparó su seriedad «con el libro de ovnis» que él tiene, pese a que se trata de un trabajo de análisis coordinado por Daniel Tagle Zamora, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador de la Universidad de Guanajuato, casa de estudios que lo editó en 2014.

Por un nuevo modelo

Geovanna Dávalos explica que lo que proponen las organizaciones civiles, académicos de distintas instituciones y los mismos habitantes que se oponen a El Zapotillo es, en principio, que las políticas en materia hídrica dejen atrás el concepto de que la democracia es el bien y la voluntad de la mayoría, para sustituirlo por otro más moderno en el que «los derechos sean iguales para todos, privilegios especiales para nadie». De ahí que busquen «un modelo sustentable que no ponga en riesgo la viabilidad de la ciudad, una nueva cultura del agua con mayor participación ciudadana y una reorganización social del agua que permita consolidar un sistema de gestión integral y multidimensional, además de una serie de propuestas alternas que han sido construidas por diversos académicos de la región» Bajío.

El tema de la crisis hídrica, añade, es mucho más antiguo que la presa El Zapotillo. Y se da no tanto por la falta de agua, sino por la mala manera en que se gasta. «Nosotros cuestionamos más el sistema de oferta y demanda, que responde a su vez a un sistema económico capitalista. Ese es el problema, que se le da al agua un trato de mercancía. Hace más de 20 años que se maneja de esa forma, que es cuando se firma el Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento Integral de Aguas del Río Verde. Es el antecedente a la firma hace alrededor de diez años del acuerdo para la construcción de El Zapotillo, sin que se consideraran otras alternativas para solucionar la crisis».

La construcción de la presa pospone la discusión esencial. Es decir, cómo se usa actualmente el agua en León, toda vez que si se sigue por el mismo camino de ahora, «con el cambio climático y el crecimiento descontrolado de la ciudad, seguramente en 25 o 30 años nos vamos a colocar en un punto de no retorno». «Para solucionar un problema primero se tiene que entender por qué se da, y se da en León por la manera en que se utiliza el agua».

De acuerdo a cifras proporcionadas en enero por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de 2005 a la fecha se han invertido 20 mil 856 milones de pesos en los proyectos presa El Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo-León, monto de recursos públicos que “beneficiará principalmente a la empresa Abengoa que administrará y comercializará el agua por 25 años”.

Geovanna Dávalos dice no creer que la iniciativa de construir  El Zapotillo sea para dotar de agua a los ciudadanos o para los usuarios domésticos, sino para los industriales. «Para comprobarlo sólo falta voltear a ver cómo está integrado el Consejo Consultivo de SAPAL, que es el que toma todas las decisiones del sistema y que de 17 espacios, 12 son ocupados por los sectores industriales que más agua utilizan y contaminan: Coparmex, CMIC, CANACINTRA, Cicur, CICEG, APIMEX, Canaco-Servytur, CICL, Canadevi, AMMJE, ANTAAC e IMEF. De los otros cinco, tres corresponden al ayuntamiento, uno a la CTM y el último a un académico. Esto de acuerdo al artículo 22 del reglamento aprobado en el trienio de Ricardo Sheffield como alcalde. Entonces, para empezar, no estamos de acuerdo con que un consejo sea considerado ciudadano cuando no tiene representatividad ciudadana. Yo cuestionaría la legitimidad del Consejo Directivo. Si uno voltea a ver eso, entenderá más fácilmente por qué se toman ese tipo de decisiones. Así es mucho más fácil entender el discurso de que nos hace más agua y no de cómo usamos el agua».

Además, agrega Geovanna Dávalos, no hay información pública sobre las tarifas que se van a cobrar a los usuarios si finalmente llega el agua a león. «Lo que sí es público es que Sapal tiene 221 millones destinados para la infraestructura, pero ni la cortina de la presa ni el acueductos están terminados. Entonces, ¿por qué invertir, por qué apostarle a un proyecto del que no se tiene control porque es federal? ¿Por qué, si no se tiene certeza del tiempo en que va a estar lista la presa por los problemas jurídicos? Está suspendida por la controversia constitucional 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es inatacable y que determinó que la cortina no debe rebasar los 80 metros; y hay tres amparos con suspensión definitiva y vigentes radicados en un juzgado de Guadalajara».

Al final, dice la activista, lo que se plantea es que los funcionarios públicos tienen el reto de hacer políticas públicas para los ciudadanos sin que en el camino atenten contra los derechos de otros, aunque se les considere minorías como a las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. «Es muy irresponsable que un político o un diputado federal diga al aire que no hay problema con un proyecto que atenta contra los derechos humanos de las personas, porque finalmente se les paga, hay una indemnización. La dignidad no tiene precio, el arraigo a sus tierras, su cultura no tiene precio. Al final del día, el diputado se burló y es una verdadera lástima».

«Les van a vender agua virtual»

Guadalupe Espinoza asegura a su vez que la terminación de El Zapotillo y que el agua llegue a León es muy difícil. Primero, porque la presa no se va a llenar. Según gráficas de la Conagua hay agua cada 30 años, hoy no. En Temacapulín reportaron que sólo en 2001 y 2008 se registraron niveles en Río Verde para cumplir con las transferencias a León. «Ahorita son charcos».

De hecho, hay tres organismos que buscan una salida a la escasez: la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco y el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, integrado por expertos de la Universidad de Guadalajara y del ITESO. Además, en Los Altos «hay efervescencia» porque no van a dejar que se la lleven. «Hace quince días en una reunión con Temacapulín llegamos a la conclusión  de que les van a vender agua virtual» a los leoneses.

Segundo, como lo reconoció el diputado Sheffield, Además del fallo de la Corte y de los tres amparos definitivos, se desarrollan varios juicios más que impiden que se desarrolle el proyecto. «Yo llevo un archivo con amparos de 84 personas, otros de 33, de 11  y uno de la asociación civil Salvemos Temaca de 12 integrante, más 12 amparos individuales. No veo que se resuelva en 2017 ni 2018, y hay una amparo del ejido Agua de Obispo que va para largo, uno o dos años se puede llevar ese juicio. Además en Cañadas de Obregón nos han dicho que no van a dar permisos para el acueducto, al menos en esta administración».

Coincide con Ricardo Sheffield en que la Comisión Nacional del Agua ha sido omisa en abrir la información, lo mismo que Jorge Malagón Díaz, quien fue designado en 2015 director del organismo de Cuenca Lerma-Chapala-Santiago luego de la renuncia de José Elías Chedid Abraham ante las denuncias del Observatorio del Agua de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara, precisamente, por negarse a dar información pública.

El discurso de Sheffield Padilla «es muy apocalíptico, pero no lo sostiene con algún documento», afirma Guadalupe Espinoza al recodar que en el debate «quiso descalificarme porque soy parte. Él también lo es, pero de los políticos y de los empresarios. Yo lo soy de las comunidades. Él no ha ido a Jalisco, no conoce las comunidades. Tampoco conoce a los jueces, a lo mejor porque no tiene personalidad jurídica, pero podría platicar con los jueces e informarse aunque no le puedan mostrar los expedientes».

Dice que acudió al debate porque se trataba de un espacio que había que aprovechar, era una oportunidad de hablar del tema. Pero la lucha la están dando en Jalisco, sobre todo, porque el gobernador Aristóteles Sandoval «no ha dado marcha atrás como lo prometió y hay un cartel encabezado por Enrique Dau Flores (ex director de la Comisión del Agua de Jalisco) que mueve intereses inmobiliarios, que en eso coincide con Guanajuato, que también tienen intereses y por eso impulsan la transferencia de agua».

La situación actualmente es muy delicada, añade, pues «en Los Altos, en Tepatitlán, se genera el 20 por ciento del Producto Interno Bruto de Jalisco. En esa zona se produce toda la proteína animal del estado, el huevo, cerdo, lácteos, carne de gallina. Y si se llevan el agua los ponen en peligro.

Entonces, a diferencia «de los empresarios y de los políticos a los que representa Sheffield, que ellos luchan por derechos económicos, nosotros luchamos por subsistir, no queremos que los pueblos y sus cultura desaparezcan. la gente del panismo nunca se ha caracterizado por ser muy culta. Por eso el diputado se burló del libro de los investigadores de la Universidad de Guanajuato, los mejores que hay en El Bajío. Si alguien sabe del tema, son ellos».

Lo importante, afirma el abogado, es que para cualquier persona es legitimo defender sus derechos. «Y los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo tienen derecho a la legalidad, tienen derecho y el deseo de no desaparecer. Estos pueblos tienen una larga historia. Ahí estuvo el virrey Antonio de Mendoza, que fue a negociar la paz en la Guerra del Mixtón en que participaron pueblos indígenas de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, el sur de Sinaloa. Miguel León-Portilla ha escrito sobre eso. Son los territorios donde empieza Mesoamérica. Hay una memoria antigua, no queremos que desaparezca. Por eso lucha Temacapulín, que fue una república de indias».

Foto de portada: Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.