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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 17 de marzo de 2017
“La expropiación de la industria petrolera […] constituye una gesta de inmenso valor, humano y cultural, que nos debe ayudar a tomar conciencia de lo que somos y, algo quizá más importante, lo que podemos llegar a ser”.
Testimonios de la expropiación. De la Torre, Manuel et al. (1990)
Mañana, 18 de marzo, se cumplirán 79 años de que el presidente Lázaro Cárdenas diera a conocer al pueblo mexicano el decreto mediante el cual se expropiaron todos los bienes de las compañías extranjeras que explotaban el petróleo mexicano; días después, el 7 de junio, se creó la empresa estatal Petróleos Mexicanos, medida con la que se completaría la nacionalización de tan valioso recurso.
Con la expropiación del 18 de marzo de 1938 se hizo realidad el precepto del artículo 27 de la Constitución, que establecía la soberanía y la propiedad exclusiva de la nación sobre la tierra, el subsuelo y las aguas en los límites del territorio nacional, soberanía con antecedentes en 1783, cuando en las Reales ordenanzas para la minería de la Nueva España se estableció que toda la riqueza extraída del subsuelo, incluyendo el petróleo (que en esa época se conocía como “bitúmenes” o “jugos de la tierra”), era propiedad de la Corona y, por tanto, sólo ella tenía la potestad de conceder a los particulares el derecho de explotarla; luego, a finales de 1836, aún en vigentes en España las Reales ordenanzas para la minería de la Nueva España, se firmó en Madrid el “Tratado de Paz y Amistad entre México y España”, en el que México adquiría todos los derechos pertenecientes a la Corona española.
Y cuando después de una larga y difícil lucha el pueblo mexicano recuperó la riqueza petrolera, se inició otra no menos difícil por la consolidación de la industria nacionalizada, lucha que se libró en medio de presiones políticas y económicas de los gobiernos de los países de origen de las empresas que explotaban el petróleo mexicano, pero la voluntad, la capacidad combativa y la responsabilidad histórica de los trabajadores mexicanos quedó demostrada al impedir que la industria fuera saboteada por los intereses extranjeros.
La expropiación y nacionalización del petróleo permitió al Estado mexicano ampliar su radio de acción en la economía y garantizar los recursos naturales y económicos indispensables para impulsar la industrialización del país, en ese contexto se da la nacionalización de los ferrocarriles y la industria siderúrgica, entre otras.
Sin embargo, las distintas etapas por las que ha transitado el desarrollo de nuestro país, han sido variantes que en su momento obedecieron a las exigencias de un capitalismo del subdesarrollo que, aun con características propias, no escapa a las contradicciones y crisis del sistema, el que actualmente transita por una etapa de recomposición en la que, aunado a la imposición de políticas y medidas económicas contrarias y lesivas a los intereses de los pueblos, la internacionalización del capital, en gran medida especulativo, y la acción de los grandes conglomerados industriales y financieros se presentan con una intensidad y peso como nunca antes; proceso en el que han desempeñado un rol importante los avances científicos, tecnológicos y el poderío militar del grupo de países más industrializados y en especial, de Estados Unidos.
Y es en esta etapa que surge la imposición del neoliberalismo como una política de acumulación por despojo a los pueblos y, de modo particular, a los trabajadores, política que de una manera más que obediente aplica el gobierno desde hace 35 años.
En México, en relación al petróleo, esa imposición se hace más evidente a partir de la administración de Miguel De la Madrid Hurtado (1982-1988), cuando mediante una reclasificación de productos, comenzó la transferencia de la industria petroquímica a empresas privadas, situación que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari adquirió más fuerza y significó el inicio del desmantelamiento de Pemex.
La privatización continuó con la participación de empresas privadas en la ejecución de labores tradicionalmente realizadas por trabajadores de Pemex, quienes poco a poco han sido desplazados por otros trabajadores, con salarios menores y casi sin prestaciones.
Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, la corrupción, cuya presencia se advertía en la industria petrolera de tiempo atrás, adquirió niveles inusitados que continúan hasta el presente.
Felipe Calderón (2006-2012), intentó en el año 2008 una reforma energética que en aspectos del petróleo enfrentó el rechazo casi generalizado del pueblo y de sectores progresistas, lo que impidió que se consumara.
Paralelamente al proceso privatizador se dio el desmantelamiento financiero de la industria petrolera nacional, mediante la aplicación de regímenes fiscales tan desproporcionados que en no pocas ocasiones Pemex debió solicitar préstamos para cubrir sus obligaciones fiscales, situación que descapitalizó a la empresa; la obligó a endeudarse, a frenar su crecimiento y la condujo a la quiebra financiera.
En este proceso han tenido un papel relevante, como aliados y cómplices del grupo en el poder que lo impulsa, la cúpula sindical y las administraciones corruptas que en lugar de defender los intereses de la empresa, y del pueblo, han actuado con patente de corso para enriquecerse a costa de lo que alguna vez fue propiedad de la nación.
Con el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, la firma del Pacto por México y la dispersión de las fuerzas y luchas progresistas en el país, el grupo en el poder, por medio de sus fieles servidores, modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para dar el tiro de gracia al esfuerzo que nació el 18 de marzo de 1938.
Ahora, mediante una farsa implementada anualmente desde hace más de tres décadas, los responsables de la debacle de la industria petrolera otrora nacional, llaman a celebrar la gesta que significó la lucha que desembocó en la expropiación del 18 de marzo de 1938, con discursos huecos y mentirosos, con promesas reformuladas y siempre incumplidas, con llamados a la unidad y con un cinismo que raya en ofensa.
Por eso muchos nos preguntamos:
¿Celebrarán acaso el despojo realizado a la nación y los beneficios que les ha dejado, y les dejará, la contrarreforma energética?
¿Festejarán logros como la disminución de precios de la energía eléctrica y los combustibles, o la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población?
Y si en los principales episodios de nuestra historia, en épocas aún más difíciles, cuando se dieron cambios trascendentes para el país, el pueblo ha sido siempre quien entrega lo mejor de sí, en la actual situación será el pueblo, más temprano que tarde, quien defina el rumbo de la industria petrolera y de México.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Observatorio Ciudadano Biosfera y de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
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