SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 21 de marzo de 2017
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, el pasado 17 de marzo, cuatro audiencias para revisar igual número de problemáticas que suceden en México (http://bit.ly/2mK4TfR). Dos de las audiencias versaron sobre la procuración de justicia. Una puso en claro las enormes fallas existentes y otra esbozó las posibilidades de cambio.
La primera audiencia abordó la Situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México. Ahí un grupo de organizaciones civiles, expertos y empresarios informaron a la CIDH que estamos arrancando el proceso para transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en una futura Fiscalía General autónoma e independiente. (http://bit.ly/2nMlotM)
Las organizaciones señalaron que para que este proceso sea exitoso es indispensable mejorar el artículo 102 constitucional, realizar un proceso participativo para diseñar el mejor modelo para la Fiscalía y llevar adelante la implementación de dicho modelo con una activa participación ciudadana.
Es decir, existe la posibilidad que se trabaje de manera conjunta, autoridades y sociedad, para que la procuración salga del descredito y la falta de resultados actualmente existente. Esta puede ser la parte luminosa.
La segunda audiencia para revisar los avances del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa (http://bit.ly/2nEJaLq). En ésta los familiares y las organizaciones que los representan, Centro de Derechos Humanos Prodh y Tlachinollan, reiteraron los obstáculos que enfrentan para el avance de la investigación.
Mientras que la parte gubernamental insistió en sus resultados: 128 personas consignadas ante un juez, ampliación de la zona de búsqueda, atención integral a los estudiantes heridos, entre otros puntos.
Sin embargo el interés central de los familiares, que es saber qué pasó con sus hijos, permanece como una interrogante.
El Comisionado de la CIDH, señor Paulo Vannuchi, insistió en calificar a estas desapariciones como una “caso simbólico”, uno que seguramente muchas personas van a tener presente durante mucho tiempo. Le pidió a la representación del gobierno mexicano, que así como puso en función toda su capacidad de investigación para capturar al Chapo Guzmán, lo hiciera para ubicar el paradero de los estudiantes. Incluso le solicitó a la delegación mexicana que asumiera el compromiso, que para septiembre próximo cuando la CIDH sesione en México, el caso pudiera estar resuelto. No hubo tal compromiso.
Lo que si escuchamos al final de la audiencia, en voz del subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, fue que hasta ahora la única línea de investigación consolidada es la de la llamada “verdad histórica”. Para luego preguntarles a los padres y madres de los estudiantes, ¿existe alguna disposición para considerar esta hipótesis como válida?
Esta parte de las audiencias es el lado sombrío de la justicia mexicana. No se cumple con la obligación de la justicia penal, que sería esclarecer los hechos, ofrecer una explicación razonable y fundamentada sobre la suerte de los muchachos desaparecidos.
Por el contrario se les pide a los familiares de los estudiantes resignación, que acepten un resultado a todas luces cuestionable. Situación inaceptable por completo.
Estas dos audiencias nos mostraron en dónde está actualmente nuestra procuración de justicia: sumida en una profunda crisis; pero también nos permitieron vislumbrar que existe alternativas para salir del actual desastre.
@EdgarCortezm
Foto: Centro Prodh.
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