Es urgente definir qué va a pasar con la PGR y el procurador: senadora Pilar Ortega

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Agustín Galo Samario / SomosMass99

León, Gto. / Lunes 20 de marzo de 2017

 

Es importante que pronto haya una definición de lo que va a pasar con la PGR, el pase automático del procurador general a fiscal general y replantear el artículo 102 constitucional, dijo Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

La senadora por Guanajuato también se pronunció por revisar la figura del fiscal, “porque aún con el mejor fiscal y todos los controles, si mantenemos este modelo (de procuración de justicia), donde el Ministerio Público es investigador y a la vez abogado en los tribunales, no estará funcionando”.

Las declaraciones de la legisladora se dan tres días después de que el colectivo #FiscalíaQueSirva, integrada por un centenar de organizaciones civiles y empresariales acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre la situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México y los “túneles falsos” de la reforma constitucional de 2014, que introdujo una fiscalía autónoma: que el nuevo fiscal sea designado “sin pasar por un proceso de selección y auscultación”, en el que además se permite el pase automático del actual procurador general de la República a fiscal general, y que “el personal que está actualmente en la PGR pase a la nueva fiscalía sin un proceso real de auscultación basado en el mérito”.

En la sesión pública celebrada en Washington, el colectivo presentó también ante la CIDH un informe en el que destacan la importancia de las fiscalías autónomas en las democracias y argumentan que sólo un Ministerio Público que pueda actuar con autonomía “será capaz de investigar y perseguir las conductas criminales con objetividad, sin importar si éstas comprometen a altos funcionarios estatales de los otros poderes”; “podrá resistir presiones indebidas y hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal, y no cederá a la pretensión de utilizar indebidamente (o políticamente) el poder punitivo del Estado para reprimir la protesta social legítima, o para desalentar los reclamos de minorías o grupos en situación de vulnerabilidad”.

Y además de aportar ejemplos -como el caso Ayotzinapa- que revelan las deficiencias de las investigaciones de la PGR, en su documento proponen a la CIDH una reflexión sobre la autonomía del Ministerio Público, pues como ocurre en varios países “siguen estando adscritos o vinculados al Poder Ejecutivo” y no existen mecanismos efectivos para impugnar las designaciones realizadas con motivos indebidos”.

Tanto el informe como las intervenciones del colectivo #FiscalíaQueSirva no pudieron ser conocidas por las y los senadores, pese a la que Cámara Alta es parte del Estado mexicano que fue invitado por la CIDH a la sesión de este viernes 17 de marzo.

En ese sentido, Pilar Ortega aseguró que “a nosotros no nos citó” la CIDH, pero que el miércoles sostendrá pláticas con las organizaciones civiles a las que “les envié un documento porque el objetivo de ellas es que expusiéramos en torno a la necesidad de contar con un nuevo modelo de procuración de justicia.

“Me hubiera gustado ir, pero estamos en medio del proceso de designación del fiscal anticorrupción. No me pude mover del país. Sí enviamos un documento de lo que hace el Senado, para que lo compartieran en la Comisión. No por desdeñarlos, sino porque tampoco tuvimos una comunicación directa con la CIDH”.

Aún así, dijo estar de acuerdo con muchos de los planteamientos de las organizaciones civiles. Por ejemplo, con la necesidad de revisar el artículo 102 constitucional, para lo cual “vamos a iniciar unos foros, justo para arrancar un mecanismo para el nuevo modelo”. “De hecho, en mi grupo parlamentario (PAN) impulsamos una fiscalía autónoma que no dependiera del Poder Ejecutivo, con criterios autónomos, jurídicos, en la forma en que se procurará justicia, que no hubiera dependencia que generara un sesgo y temas en los que pudiera estar involucrada la administración pública, ni impidiera la búsqueda de justicia.

“Lo importante es que pronto haya una definición de lo que va a pasar con la PGR, el pase automático (del procurador general a fiscal general), replantear el 102 -si el mecanismo es correcto, la temporalidad-, y revisar la figura del fiscal, porque aún con el mejor fiscal y todos los controles, si mantenemos este modelo, el del Ministerio Público investigador y abogado en tribunales, no estará funcionando. Otro tema es cómo generar autonomía del órgano de ciencas forenses y periciales, pues necesitamos un órgano científico que no esté en manos del Ministerio Público”.

La senadora panista dijo estar de acuerdo con que la CIDH acompañe el proceso para el nuevo sistema de procuración de justicia, toda vez que la cooperación internacional no hace sino coadyuvar con los diversos países “para que haya mejores modelos en materia de democracia, de derechos humanos, justicia, seguridad (…) Estos mecanismos funcionan y México debe ser aliado”. De modo que “todas las acciones encaminadas a la asistencia de estas organizaciones internacionales son muy deseables, las formas tenemos que verlas en las próximas semanas”.

En cuanto a la posibilidad de que la clase política intente simular que se cambia el modelo de procuración de justicia para que al final nada cambie, respondió que no lo percibe así: “Creo que aquí hay varias fuerzas políticas, hay un nuevo modelo propuesto por el PRD y PAN, y el procurador (Raúl Cervantes Andrade) entregó un diagnóstico, las fallas. En ese sentido tenemos la obligación de transitar al nuevo modelo. No hay pacto de impunidad. Tenemos que avanzar, necesitamos un modelo de justicia, de seguridad, antes de pasar a una nueva ley de seguridad pública. Vemos voluntad, pero por lo pronto hay un compromiso”. Además, “tenemos muchos años sin mayorías claras en el Congreso, sin mayorías absolutas, donde es necesario el diálogo con todas las fuerzas. El ejemplo de hoy es el sistema anticorrupción, que en un 90 por ciento ha funcionado. Y también la participación ciudadana ha cambiado los procesos, las ong’s no van a dejar de insistir hasta que lo consigamos un mejor modelo de justicia. Esa es una nueva realidad en México”.

Foto de portada: Senado de la República / Cuartoscuro.