«Bajo ningún motivo se deben asignar a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad»

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Domingo 26 de marzo de 2017

 

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Legalizar un enfoque militarizado en materia de seguridad es contrario a las obligaciones internacionales contraídas por México, aseguran

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Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por las iniciativas de Ley de Seguridad Interior que se discuten en el Congreso de la Unión, por cuanto legalizan la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que a su vez es una de las principales causas detonadoras de violencia y potencia la comisión de abusos.

A través de un pronunciamiento público, las agrupaciones Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, CONECTAS. Direitos Humanos, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la FIDH. Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme precisó que la comisión de abusos «es particularmente preocupante en un país como México que enfrenta graves problemas de violencia e impunidad». De tal cuenta que la presencia de Ejército en las calles para realizar tareas de seguridad pública refuerza la idea errónea de que las Fuerzas Armadas son idóneas para resolver ese tipo de problemas, cuando dicha función corresponde a las fuerzas civiles y, más aún, la erogación de recursos destinados al Ejército resta apoyos para el fortalecimiento institucional de la policías.

«Una importante cantidad de sentencias, diagnósticos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos han indicado que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública es contrario a los estándares internacionales en esta materia y a su vez es una de las principales causas detonadoras de violencia y violaciones a derechos humanos. Asimismo, cabe destacar que el artículo 21 de la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil. Por todo ello, nos preocupa que se intente legalizar un enfoque militarizado que es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por México y, como ya se ha demostrado, es ineficaz y fomenta la impunidad.

«Reflejo de lo anterior son las violaciones a derechos humanos documentadas en las que elementos de las Fuerzas Armadas han sido responsables, como por ejemplo la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, en el Estado de México, la madrugada del 30 de junio de 2014. O los atroces actos de tortura que sufrieron cuatro personas a manos de militares en Baja California Norte en junio de 2009, los cuales fueron confirmados por el Comité contra la Tortura en 2015. Esto, sin dejar de lado a las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha en contra de elementos de las Fuerzas Armadas por actos de tortura, ejecución arbitraria y desaparición forzada», sostienen las organizaciones.

Respecto a los procesos emprendidos para avanzar en la agenda de derechos humanos, instaron al Estado mexicano a culminar la adopción de los marcos legislativos ya iniciados para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada y la tortura de forma eficaz y conforme a los estándares internacionales.

En su pronunciamiento, hicieron «un respetuoso pero enérgico llamado al Poder Legislativo del Estado mexicano para que cualquier marco legislativo en materia de seguridad se base en el respeto a los derechos humanos y se ajuste a las resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos». Porque «bajo ningún motivo se deben asignar a las Fuerzas Armadas de un país tareas de seguridad pública».

Otras organizaciones que firman el documento son CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales, DPLF. Fundación para el Debido Proceso, OMCT. Organización Mundial Contra la Tortura, LAWG. Latin American Working Group, Plataforma Internacional contra la Impunidad, REDRESS y WOLA. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Foto de portada: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.