SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 30 de mayo de 2017
Luego del homicidio del periodista Javier Valdez, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas extraordinarias para la protección de periodistas (http://bit.ly/2rLNxGf). La segunda medida fue establecer un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. El objetivo que se busca será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos.
¿En qué se va concretando esta medida? En la hechura de leyes locales para establecer remedos de mecanismos de protección.
Un mal ejemplo es lo que sucede en Guanajuato donde la semana pasada se discutió, en el Congreso local, un proyecto de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.
Dicho proyecto tiene serias deficiencias. Por ejemplo, se propone crear en Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de acuerdo con el artículo 14: El consejo estatal es un órgano de deliberación, vinculación, coordinación y consulta que tiene por objeto emprender acciones y promover políticas públicas que garanticen los derechos y las medidas contenidas en la presente ley.
Dicho Consejo tendría diez integrantes. Cinco funcionarios públicos (el titular de la Secretaría de Gobierno, quien lo presidirá; el titular de la Procuraduría General de Justicia; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública; el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y un representante del Poder Judicial del Estado). El Procurador de los Derechos Humanos del estado y dos representantes de las personas defensoras de derechos humanos y dos representantes de periodistas.
Como parte de su funcionamiento la Secretaría de Gobierno tendría, entre otras, estas responsabilidades:
- Actuar como la autoridad receptora y compilatoria de los casos de agresiones de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e informar al Consejo Estatal;
- Recibir y dar el trámite correspondiente a las solicitudes de protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
Esto quiere decir que en Guanajuato no existirá un equipo técnico para realizar las evaluaciones de riesgo que enfrentan los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sino que será responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, instancia que toma decisiones de corte político y no técnicas.
En el Mecanismo Nacional sí existe un equipo especializado que realiza las evaluaciones de riesgo, para lo cual tuvo que realizarse un arduo proceso. Reclutar a un grupo de personas dispuestas a aprender; establecer una metodología con parámetros objetivos para determinar el grado de riesgo; desarrollar un catálogo de medidas de protección, entre otros pasos. Contar con un equipo técnico especializado es lo que ha evitado que la protección sea un asunto subjetivo o a expensas de intereses políticos.
Otro aspecto problemático es que en la ley se prevé la creación de un registro estatal de periodistas, colaboradores periodísticos y personas defensoras de derechos humanos, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno.
Un registro de esta naturaleza puede convertirse en mecanismo para determinar, por parte del gobierno local, a quién se considera periodista o persona defensora de derechos humanos y a quién no.
A diferencia de esta perspectiva los criterios internacionales de derechos humanos establecen que el carácter de periodista y personas defensoras de derechos humanos, lo determina la actividad que se realiza, y no el reconocimiento del Estado.
Luego de la muerte de Javier Valdez, tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales les ha entrado la urgencia de emprender acciones que demuestren que atienden la violencia e inseguridad que viven estos dos importantes grupos.
Sin embargo la real urgencia no debe ser justificación para leyes que sólo crean burocracia inútil y dan paso a la simulación.
El Consejo del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al respecto señaló lo siguiente (http://bit.ly/2ryk172):
El Consejo Consultivo advierte que estas unidades [de protección] deberán contar con los protocolos, recursos y capacitaciones necesarias que respeten los estándares que las leyes mexicanas e internacionales ya consagran para la protección de estas poblaciones en riesgo. Es de extrema importancia subrayar que este anuncio no debe ser interpretado como la creación de mecanismos locales pues hemos advertido en distintos foros y diálogos que la creación de mecanismos estatales no resolverá el problema en lo local. También hemos advertido las dificultades en metodologías y capacitación que ha significado la puesta en funcionamiento el Mecanismo de Protección. Esa experiencia debe ser tomada en cuenta antes de adoptar instancias similares en el ámbito local.
E insisten en lo siguiente. Un gran desafío a cuyo afrontamiento las nuevas unidades deben abonar es la falta de colaboración de las entidades federativas con el mecanismo federal en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Instamos a las autoridades estatales que hoy están sensibles al tema a que asignen personal y recursos suficientes a fin de que sus Unidades de protección puedan desempeñarse adecuadamente.
Tal vez lo mejor sería una ley sobre que establezca bases precisas para que el esfuerzo local se coordine efectivamente con el Mecanismo que depende de la Secretaría de Gobernación (http://bit.ly/2qsx45L) y no la creación de un mecanismo patito.
@EdgarCortezm
Foto de portada: Tercero Díaz / Cuartoscuro.
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