Se cumplen dos años de impunidad de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Tlapa de Comonfort, Gro. / Jueves 8 de junio de 2017

 

Este miércoles se cumplieron dos años de impunidad de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de la República haya informado de avances significativos en la investigación, sostuvo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que a la vez señaló que la corporación federal «no sólo mantuvo estancada la indagatoria por más de un año, sino que ha invertido la carga de la prueba hacia los familiares» al exigirles «que ofrezcan pruebas para acreditar que fueron policías federales los que dispararon conra el joven ñuu savi, omitiendo con esto su obligación de investigar».

En el marco de la jornada electoral del domingo 7 de junio de 2015, 24 policías federales a bordo de las patrullas 1699 y 1566 arribaron a las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) en la colonia Tepeyac de Tlapa de Comonfort. Allanaron el lugar y detuvieron violentamente a un grupo de maestros, entre ellas dos mujeres, y a un menor de edad. Al mismo tiempo, agentes federales sustrajeron de su domicilio -ubicado a un costado del edificio de la CETEG- al profesor Juan Sánchez Gaspar, padre del también docente Juan Leuguín Sánchez, éste golpeado por policías estatales dos días antes.

Posteriormente, al menos 35 policías federales en las patrullas 16998, 15442 y 17119 llegaron al lugar con el fin de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la coordinadora, todo lo cual provocó la reacción de vecinos que comenzaron a reclamar a los agentes y les impidieron la salida, advirtiéndoles que no los dejarían ir hasta que las y los profesores detenidos fueran a su vez liberados, quienes ya eran trasladados a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina.

Fue entonces que cientos de elementos extendieron su operativo, pero ahora en asedio a la población, mientras avanzaban las negociaciones con autoridades federales. El acuerdo fue que las y los profesores serían regresados a Tlapa, para entonces hacer un intercambio de detenidos. Las horas de espera se prolongaron, y a eso de las 18:30 los policías retenidos fueron llevados a la capilla de El Tepeyac. En el templo habían mujeres, niños y jóvenes, entre ellos precisamente Antonio Vivar Díaz, quien no era profesor sino estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral en la Universidad Pedagógica Nacional.

Antonio Vivar Díaz cayó ante una imagen de la guadalupana. Un balazo le atravesó el pecho. Al cumplirse un año del asesianto, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo en un artículo publicado en La Jornada que la PGR se negaba a investigar la participación de la Policía Federal, pese a que existe un examen de balística que que recoge indicios de 13 cartuchos pertenecientes a armas de uso exclusivo del Ejército en el lugar de los hechos.

A dos años, más impunidad

Ahora que se cumplen dos años, el Centro Tlachinollan emitió un comunicado en que señala que las dilaciones de la Procuraduría General de la República en torno a las indagatorias siguen el mismo curso. «Aunque los familiares y abogados exigieron la agilización y ofrecieron pruebas, con lo que se diera pie a realizar algunas diligencias, la actitud de las autoridades se sigue viendo centrada en la criminalización de las víctimas de los hechos sucedidos en la jornada electoral de 2015, con lo cual no sólo se sigue atrasando la investigación, (sino) dejando pendientes varias actuaciones para lograr establecer la identidad y responsabilidad de los policías federales involucrados.

«Cabe recordar, que los días en los que se dio la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz eran tensos en el Estado y en todo el país, pues derivado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa varias organizaciones sociales protestaban contra las elecciones y el sistema político corrupto que había dado pie a aquellos hechos. En Tlapa, no fue la excepción varios movimientos sociales protestaron en contra de las elecciones pues la llamada democracia no se consideraba presente en el Estado. En la jornada electoral la Policía Federal recorría las calles tratando de silenciar a los inconformes, con detenciones arbitrarias, golpes y torturando a más de una persona, es por ello que el pueblo vio preciso replegar a los efectivos en la capilla del Tepeyac para evitar más actos en contra de la población. Posteriormente, los policías federales sin la más mínima provocación abrieron fuego, impactando con precisión milimétrica una el pecho del joven Antonio».

En la relatoría de lo sucedido, el Centro Tlachinollan explica que la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar forma parte del uso excesivo de la fuerza que realizan las autoridades en contra de las manifestaciones pacíficas de la población y se suma a otros hechos lamentables como los de Tanhuato, Arantepekua, Nochixtlán e Ixmiquilpan. La intervención que en el caso de Tlapa hizo la Policía Federal también incluyó el uso de armas letales para contener una manifestación pública, lo que viola flagrantemente los estándares internacionales de derechos humanos.

A esto se suman las irregularidades en las investigaciones, realizadas por el Ministerio Público que inició las averiguaciones y por la propia Procuraduría General de la República, ya que no sólo no se aseguró ni se recogieron adecuadamente los indicios de la escena del crimen, sino que se retardaron diligencias importantes para la investigación como la necropsia. No se hizo una debida búsqueda de testigos de los hechos ni se siguieron los protocolos para la cadena de custodia, por lo que muchos casquillos percutidos que recabó el Ministerio Público local ya no aparecieron con la Procuraduría, en donde ahora el expediente se ha estancado.

Los más de dos años de nulos avances en las investigaciones, sostiene el centro de derechos humanos, contrastan con la rapidez inusitada con que se han establecido procesos contra luchadores sociales, «actuación que evidencia una intención deliberada de mantener en la impunidad el caso y proteger a los responsables».

Es ante esta indolencia e inactividad de las autoridad de las autoridades que los familiares de Antonio Vivar Díaz salieron a exigir un vez más justicia a las autoridades con una movilización en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a la que se sumaron también una representación de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como un sinnúmero de personas y colectivos sociales que unieron su voz para acabar con la impunidad.

De acuerdo con el diario guerrerense El Sur, los activistas Arnulfo Cerón, Antonio Solís León, Israel Jiménez e Hilario Villanueva, integrantes de distintas organizaciones sociales, denunciaron que transportistas del sitio de taxis Benito Juárez, en Tlapa, después de la manifestación amenazaron de muerte a familiares de Antonio Vivar Díaz. Les dijeron: «Ya no le sigan, si no se los va a llevar la chingada».

Por todo lo anterior, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron a las autoridades agilizar las investigaciones, a fin de procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz; investigar ampliamente a la Policía Federal y fincarle responsabilidad a los altos mandos por el uso de armas letales en manifestaciones públicas y el uso desproporcionado de la fuerza pública; y poner alto a los asesinatos de líderes sociales en el país. También lanzó un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que retome la queja iniciada desde 2015 y emita una recomendación que considere las graves violaciones cometidas por autoridades federales y estatales, con el fin de que se investigue, sancione y reparen los daños causados a las víctimas.

Foto de portada: Salvador Cisneros Silva / Cuartoscuro.