«¿Quiénes defraudan y traicionan al pueblo?», preguntan OSC de Guerrero

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 13 de junio de 2017

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero reiteraron sus denuncias de que ante los huracanes Ingrid y Manuel de 2013, que dejaron decenas de muertos y desplazados de sus comunidades, ninguna autoridad llevó a cabo acciones efectivas para garantizar sus derechos. En cambio, ahora el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Lenin Carbajal Cabrera, «difama» al Centro Tlachinollan acusándolo de desvío de recursos.

Si en ese año, sostuvo el Centro Tlachinollan, no hubo dependencia estatal o federal que hiciera efectivos los derechos de la población indígena a la vivienda, educación, salud y alimentación, a casi cuatro años de las tormentas las mismas demandas siguen vigentes ante «la inacción, discriminación e inoperancia de las instituciones».

En una nota de El Sol de Chilpancingo se hace referencia a 60 millones de pesos destinados a las personas daminificadas a través del «programa alimentario». La información es confusa respecto al año o los años en que supuestamente fueron aplicados esos recursos, pues primero se dice que fue en 2016 y luego que «en los años anteriores».

En lo que sí es muy claro ese diario es en la acusación contra el director del Centro Tlachinillan que atribuye al delegado Lenin Carbajal Cabrera: «Recalcó que el programa en los años anteriores ha destinado 60 millones de pesos, que Abel Barrera ha utilizado a su libre albedrío, sin permitir que se revisen a quien se le canaliza el apoyo» (sic). Más aún, el funcionario federal habría tratado de explicar que «lo que pasa es que ese programa (alimentario) no estaba establecido, fue de manera emergente en el 2013 porque se dañaron las parcelas y no había que cosechar (sic), ya pasaron 4 años y se entiende que las propias gentes damnificadas ya debieron tener ellos cómo cultivar las tierras”.

Ante las acusaciones, y a través de un comunicado, el Centro Tlachinollan recordó que a partir de que los huracanes azotaron territorio guerrerense «ha acompañado la demanda justa» de los pueblos indígenas afectados, quienes están organizados en el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.

Pero «mientras Tlachinollan se reúne con la Canciller de Alemania Ángela Merkel, quien reconoce y valora su trabajo, las autoridades de México usan las calumnias y la difamación contra las y los defensores que son incómodos al poder, pues visibilizan las omisiones del Estado y defienden los derechos humanos de quienes menos tienen».

El Centro Tlachinollan y su director Abel Barrera han recibido por su labor reconocimientos nacionales como internacionales, tales como el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Alemania en 2011, el Premio del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy en 2010 y el Premio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Las declaraciones del delegado de la CDI, Lenin Carbajal Cabrera, también fueron respondidas por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña a través de un comunicado que tituló ¿Quiénes defraudan y traicionan al pueblo? A continuación el texto íntegro:

¿Quiénes defraudan y traicionan al pueblo?

Las familias indígenas de la Montaña de Guerrero tuvimos que ponernos a salvo de los desbordamientos de los ríos y desgajamientos de los cerros, improvisando refugios en las cimas de la Montaña a causa de los estragos ocasionados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel el 13 de septiembre de 2013. Ninguna autoridad municipal, estatal y federal se preocupó por nuestros muertos que quedaron sepultados por las toneladas de lodo que inundaron varias comunidades. Sólo se preocuparon por el Puerto de Acapulco, enviando helicópteros del Ejército para poner a salvo a los turistas. Como siempre el trato discriminatorio de las autoridades quedó evidenciado al ignorar nuestro sufrimiento y nuestras llamadas de auxilio.

Ante esta indolencia de las autoridades, las comunidades damnificadas nos dimos cita en La Ciénega, municipio de Malinaltepec, para compartir nuestro dolor y vislumbrar cómo hacer frente con nuestras propias manos los estragos de la naturaleza. Las autoridades nos obligaron a crear lo que hoy dignamente representa el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, que está conformado por 200 comunidades de 15 municipios y que abarca a 16 mil familias, desde aquella fecha funesta convocamos a las autoridades federales para que atendieran de manera urgente los daños ocasionados por estas tormentas.  La respuesta que obtuvimos no sólo fue nula, sino que se empeñaron en desacreditar nuestra lucha. Nos ignoraron y nos impidieron participar en las reuniones de evaluación que tenían con los presidentes municipales.

Como Consejo registramos 40 fallecimientos en la región de la Montaña, de las 130 personas fallecidas que se registraron en el estado de Guerrero. Más de 30 comunidades de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Acatepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán tuvieron que dejar sus hogares ante el agrietamiento y caída de sus viviendas. Otras comunidades como Zontecomapa, municipio de Acatepec, San Miguel Amoltepec el viejo, municipio de Cochoapa el Grande y San Marcos municipio de Metlatónoc, quedaron sepultadas por el lodo. Fueron más de 3 mil familias desplazadas que vivieron por varios meses a la intemperie esperando que se emitieran los dictámenes de riesgo por parte de CENAPRED y Protección Civil. La devastación de las parcelas para la siembra de maíz y el desabasto de los granos básicos en la región fueron factores que generaron una crisis de abastecimiento de maíz que se tradujo en un problema severo que nos puso al borde de la hambruna.  Ante el abandono del Estado y la discriminación histórica que hemos padecido, el Consejo de Comunidades Damnificadas elaboró una propuesta denominada “Que llueva maíz en la Montaña” y que planteó al Gobierno Federal para su implementación. Esta iniciativa nacida de los pueblos ha sido con el fin de hacer frente al déficit alimentario que persiste en la mayoría de familias pobres de la Montaña. Se logró establecer un acuerdo con varias instituciones de la Federación y del Estado que se comprometieron a dotar de granos básicos a 16 mil familias damnificadas en una primera etapa durante el 2014.

Esta lucha legítima por el derecho a la alimentación no ha sido atendida por las autoridades, cuando es su obligación velar por la población más olvidada del país. Por esta razón las comunidades del Consejo se vieron obligadas a movilizarse para demandar a las autoridades el cumplimiento de estos acuerdos que se establecieron en la Secretaría de Gobernación en junio de 2016. En ese encuentro estuvieron presentes el Subsecretario de asuntos políticos de la Secretaría de Gobernación Luis Enrique Miranda, el Gobernador Héctor Astudillo y la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nubia Mayorga, quienes se comprometieron a continuar con la segunda etapa de la propuesta planteada por el Consejo, con el fin de compensar el desabasto de granos básicos en la región y la crisis del café que ha golpeado severamente a las familias de la Montaña.

Hoy denunciamos la campaña que ha emprendido el Delegado estatal de la CDI Lenin Carbajal Cabrera contra el Consejo de Comunidades, al desacreditar públicamente nuestro movimiento y nuestra exigencia legítima del derecho humano a la alimentación. Es inadmisible que un funcionario que se dice representante de los pueblos indígenas centre su ataque contra las mismas comunidades que han sido defraudadas por los funcionarios públicos y las empresas constructoras, que a más de 4 años no han concluido las obras programadas haciéndose cómplices de este atraco millonario. Ahora resulta que a las familias pobres de la Montaña se nos quiere auditar y se nos hace ver como defraudadores que manejamos datos falsos y que estamos obteniendo beneficios millonarios de un programa de granos básicos, cuyos recursos los administra y opera la misma CDI.

Repudiamos esta acción dolosa y tramposa del delegado de la CDI, que en lugar de apoyar las demandas indígenas se dedica a denostarnos y darnos un trato indigno y discriminatorio. Como Consejo de Comunidades Damnificadas queremos decirle al gobierno que investigue a los funcionarios públicos y a sus empresas que defraudaron a las comunidades indígenas con los millones de pesos que recibieron y que a 4 años las familias siguen viviendo en refugios improvisados, con parcelas derruidas, con puentes caídos, hospitales, clínicas y escuelas inconclusas, como son los casos de los municipios de Tlacoapa, Acatepec, Metlatonoc, Malinaltepec, Cochoapa el Grande y San Luis Acatlán. El reclamo de la CDI debe centrarse contra estas empresas defraudadoras y contra los funcionarios cómplices, sin embargo, el delegado de la CDI se alía con ellos y ahora se vuelve contra las familias indígenas más pobres del estado, catalogándolas de la peor manera.

Como Consejo de Comunidades queremos aclarar que no tenemos ningún representante, mucho menos aceptamos que se quiera denigrar a las organizaciones que han estado luchando a nuestro lado y que han defendido los derechos del pueblo exponiendo su propia seguridad ante los ataques que recurrentemente realiza el gobierno con el fin de desprestigiarlos. No lograran su objetivo y más bien les decimos que seguiremos luchando juntos en defensa de nuestros derechos y exigiendo a las autoridades que cumplan con sus compromisos y atiendan las demandas legítimas por las que luchamos. Esto es lo que deberían de hacer en lugar de dedicarse a realizar campañas de desprestigio que muy mal habla de un gobierno que no le cumple a su pueblo.

Atentamente

Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña

Foto de portada: José I. Hernández / Cuartoscuro.