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Redacción / SomosMass99
Estado de México / Miércoles 28 de junio de 2017
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) emitió una alerta de acción urgente por la detención del indígena otomí Juan Villegas Mejía, representante de las comunidades de San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la constructora Autovan-Teya, filial del Grupo Higa.
El CDHZL da a conocer que Villegas Mejía fue aprehendido la mañana del domingo 25 de junio y trasladado de inmediato al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, acusado de extorsionar a un empleado municipal de Huixquilucan a nombre del cartel Jalisco Nueva Generación. La detención fue realizada por dos agentes ministeriales bajo la carpeta administrativa 1238/2017.
Columnas de lo que será un puente de la autopista construida por la empresa Autovan-Teya. | Foto: Archivo SomosMass99.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero sostiene que la acusación de las autoridades municipales contra Juan Villegas, en el sentido de que el defensor de los derechos indígenas forma parte de ese grupo delictivo, equipara «así la defensa de los derechos humanos con el crimen organizado, una política usada por los sectores más retrógradas del país desde hace varios años: la criminalización de la protesta social».
La alerta de acción urgente AU-CDHZL: 5/201 está dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al gobernador Eruviel Ávila Villegas; al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch F. Delgado Carbajal; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez; y al presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien el 30 de agosto de 2016 llamó por teléfono a Juan Villegas Mejía para exigirle que desistiera de sus acciones contra la construcción de la autopista o «le iban a dar en la madre», según lo denunció el propio indígena otomí.
En el documento, el CDHZL señala que al someter a un proceso penal a Juan Villegas Mejía «se presume» que buscan suspenderle sus derechos civiles y políticos, lo que repercutiría en el recurso de queja 82/2016 ganado el año pasado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa, por no haberse realizado una consulta con las comunidades indígenas afectadas por el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en sus territorios y con el cual podría suspenderse, al menos en el tramo que pasa por Ayotuxco, el proyecto carretero de la constructora Autovan-Teya.
Maquinaria abre paso a la autopista Toluca-Naucalpan. | Foto: Saúl López / Cuartoscuro.
En 2016, Juan Villegas resultó electo por el sistema de usos y costumbres como representante indígena en San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, cargo que le permitió interponer un amparo a nombre de las comunidades ante el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Un recurso legal que permitía advertir que si se realizaba la consulta indígena la construcción de la autopista no se aprobaría.
«Estas acciones legales, resultaron incomodas a los intereses de los gobiernos estatal y municipal de Huixquilucan; este último intentó revocar el amparo sin lograrlo hasta el día de hoy», de modo que, dijo el CDHZL, «las amenazas» del alcalde Enrique Vargas del Villar contra Juan Villegas Mejía «parecen haberse cumplido con la fabricación del delito de extorsión».
El centro de derechos humanos explica que «el municipio es la parte acusadora y argumenta que un empleado de nombre Daniel Díaz González, recibió una llamada en donde Juan Villegas le exigía un millón de pesos, diciéndose respaldado por el cartel de Jalisco Nueva Generación; a cambio dejaría de promover el amparo antes mencionado.
Agosto de 2015. Protesta en la Ciudad de México contra el proyecto carretero de la empresa Autovan-Teya. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
«El gobierno municipal de Huixquilucan no ha querido reconocer como indígenas a las comunidades y barrios que se asumen como tales en su municipio. Es por eso que se ha negado a realizar la consulta correspondiente a las comunidades afectadas por la autopista Toluca-Naucalpan. Sin embargo, con el amparo ganado por Juan Villegas en 2016 se exigía realizar la consulta y de negarse la comunidad, el megaproyecto podría suspenderse».
Otra comunidad afectada, San Francisco Xochicuautla, también cuenta con un amparo para detener la construcción de la autopista en su territorio, sin embargo hasta el momento los trabajos de proyecto continúan.
Foto de portada: Artemio Guerra Baz / Cuartoscuro.
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