SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 3 de julio de 2017
«Ante el alto riesgo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que tiene como principal objetivo legitimar la intervención del Ejército en acciones de seguridad pública, nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales de las Américas, unimos nuestra voz a los diferentes organismos de la sociedad civil mexicanos e internacionales que denuncian sobre la afronta a los derechos humanos que significaría la aprobación de dicha ley».
Así lo advirtieron 45 organizaciones civiles canadienses, haitianas, estadounidenses y mexicanas a través de un posicionamiento hecho público el día de hoy en Canadá, en el que denunciaron que «todo indica que la estrategia de militarización implementada por el gobierno mexicano desde el año 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia con 213,000 muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha.

Salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro. | Foto: Tercero Díaz / Cuartoscuro.
«Existe evidencia de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1,273 denuncias por tortura en manos de militares».
Consideraron preocupante la intención del gobierno mexicano «de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública», sobre todo porque, a su juicio, varias de las disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado.
Por ejemplo, faculta al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para operar como investigadores y realizar acciones de vigilancia a la población por “cualquier método de recolección de información”, sin restricción y sin considerar la facultad de un juez, lo que vulnera el respeto y el derecho a un debido proceso, las garantías judiciales y el derecho a la privacidad; clasifica como reservada por 12 años la información sobre las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas; la ley no tiene «aplicación específica contra el crimen organizado sino contra ‘quien ponga en riesgo la nación’ (Artículo 3)'» y abre paso al uso de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas de las comunidades y movimientos sociales, ademas de que «privilegia acciones de represión y confrontación con la población en vez de apostarle a generar acciones de diálogo y paz en las zonas y regiones afectadas por una violencia generalizada».

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