Espionaje al GIEI obliga a una investigación independiente: OSC

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 10 de julio de 2017

 

Ante las revelaciones del Citizen Lab y The New York Times que confirman que el gobierno mexicano habría vigilado con el malware Pegasus al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones que denunciaron hace un mes haber sido víctimas de espionaje, a través del mismo spyware, alertaron que ese hecho podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional e insistieron en la exigencia de integrar un panel de expertos internacionales que supervise la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

Las informaciones conocidas este día ponen otra vez en duda el actuar de las instituciones del gobierno federal encargadas de una de las investigaciones que han marcado el sexenio: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala a manos de agentes municipales y bajo conocimiento de policías federales y elementos del Ejército.

«La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica», sostuvieron en un comunicado conjunto la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Dentro Prodh), El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Un nuevo informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, afirma hoy que la investigación internacional sobre la desaparición masiva en Iguala, Guerrero, en 2014, «fue atacada con intentos de infección utilizando software espía desarrollado por el grupo NSO, una compañía israelí de ‘guerra cibernética'».

En el mismo sentido, el periódico estadounidense The New York Times confirma que el GIEI, «que llegó a México para indagar una de las peores atrocidades de derechos humanos en el país», la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, «fue blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas».

Citizen Lab detalla que un teléfono utilizado por las y los expertos intentó ser infectado a principios de marzo de 2016 a través de mensajes de texto con enlaces a la infraestructura de NSO, precisamente cuando habían criticado al gobierno mexicano por interferir en sus investigaciones y preparaba su informe final sobre el caso Ayotzinapa, mientras que el periódico neoyorkino reitera que «ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje» y que «la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa».

Estas revelaciones se dan a una semana escasa de que se conoció que Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Alejandro Valencia y Francisco Cox, integrantes del GIEI, enviaron una carta a la CIDH en la que denunciaron haber sido posibles víctimas de espionaje por parte del gobierno mexicano.

En declaraciones citadas por The New York Times, Francisco Cox dijo que “no estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, en tanto que Esmeralda Arosemena de Torittiño, designada en marzo relatora para México de la CIDH, sostuvo que las acusaciones son “extremadamente preocupantes” y que la investigación que realiza la PGR “debe establecer las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”.

Por todo ello, las siete organizaciones firmantes del comunicado dijeron que frente a las nuevas revelaciones el caso del espionaje al GIEI «es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa» y, por tanto, «podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional».

Es así que, consideraron, se «refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria, como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH», y que «a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus» por parte de todas las dependencias del gobierno mexicano que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares.

«Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación; sin embargo, sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas», afirmaron.

Foto de portada: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.