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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 13 de julio de 2017
Que los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y la federación «no engañen más a la sociedad», exigieron organizaciones civiles y pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que se oponen a la presa El Zapotillo que se construye en territorio jalisciense e inundaría las tres poblaciones para supuestamente surtir de agua a los habitantes de León y Guadalajara.

Foto: Redtdt.
«El agua es para las empresas, para la agroindustria y los desarrollos industriales-automotrices del Bajío en Guanajuato y para las constructoras que promueven el desarrollo desenfrenado del Área Metropolitana de Guadalajara», denunciaron. «El beneficio es para las minorías, es decir, los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías que como nosotros trabajos todos los días por el cuidado y el control social del agua».
Por todo ello, demandaron a diputadas y diputados federales y locales de ambas entidades que no autoricen más presupuestos para «la ilegal» presa El Zapotillo e inicien políticas públicas, programas y proyecto para la gestión integral del agua; que garanticen el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el cumplimiento del fallo y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces federales que al día de hoy mantienen parada la obra; que no se valide ningún nuevo convenio de distribución del agua ni de continuación de la construcción de la cortina del embalse a 105 metros de altura.
A los presidentes municipales de los Altos de Jalisco les pidieron que no autoricen los cambios de uso de suelo para una cortina de 105 metros ni para el trazo del acueducto El Zapotillo-León que atraviesa sus territorios.
A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le exigieron revisar la conducta y el trabajo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente, que realizaron el estudio que avala elevar la altura de la cortina de la presa, pues resulta «alarmante que respondan a intereses absolutamente contrarios al respeto de los derechos humanos».

Protesta de habitantes de Temacapulín contra el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el 29 de junio. | Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.
Al cabo de su visita a la capital del país, explicaron a través de un comunicado de prensa que el proyecto impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, y que ahora fue ampliado por recomendación de la UNOPS, contempla la inundación de aproximadamente 4,500 hectáreas, que sepultaría miles de hectáreas de tierras fértiles y traería como consecuencia la pérdida de riqueza ambiental, producción agrícola y, particularmente, la desaparición de Temacapulín, Palmarejo y Acasico.
Además, impactaría la producción y abastecimiento de alimentos al dejar sin agua a los productores de Los Altos, debido a que en esta región de Jalisco se produce el 88% del huevo y el 22% de la proteína animal producida en México. Se vería afectado el tejido social, toda vez que el número de personas que se pretende desalojar de sus pueblos asciende a más de mil 500 y la economía se vería mermada por las afectaciones que sufrirían cerca de 600 mil productores agrícolas y ganaderos.
Recordaron que las empresas FCC Construcción (la española Fomento de Construcciones y Contratas), La Peninsular y Grupo Hermes iniciaron la construcción de la presa «de manera ilegal en 2009», y que en septiembre de 2011 la obra se adjudicó a la empresa española Abengoa México el acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León, Guanajuato.
«Durante estos 12 años de lucha El Zapotillo se ha caracterizado por una continua y sistemática violación a los derechos humanos. El costo del proyecto ascendió a 20 mil millones 856 mil pesos incrementándose de 2005 a la fecha en 49%. Por otro lado, autoridades han intentado rescatar» a Abengoa con recursos públicos: «El gobierno de Guanajuato le entregó 100 millones de pesos, el gobierno de Jalisco 604 mdp del fondo de pensiones de los trabajadores, y el gobierno federal dos millones 662 mil pesos».
Actualmente la presa El Zapotillo se encuentra detenida desde el año 2013, debido a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dictamina que la cortina de la presa El Zapotillo no debe rebasar una altura máxima de 80 metros.

En la imagen, Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato. El gobierno de este estado entregó cien millones de pesos para rescatar de la quiebra a la empresa española Abengoa, denunciaron opositores a la presa El Zapotillo. | Foto: Gustavo Becerra. / Cuartoscuro.
«Sin embargo, en un intento por continuar la construcción del proyecto el 29 de junio del 2017 el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presentó los resultados del estudio Proyecto “Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente que tuvo un costo de 4.6 millones de dólares, (90 millones de pesos). El gobernador, apoyado de este estudio, confirmó que la cortina de la presa El Zapotillo se terminará de construir a 105 metros de altura ocasionando con ello la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo».
Los firmantes del comunicado son el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comités de Hijxs Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey; Comités de Hijxs Ausentes de Watsonvill y Los Ángeles California, EEUU; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), y el Colectivo de Abogadxs.
Foto de portada: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.
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