EE.UU.: Muere jornalero H2-A y sus compañeros se organizan

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David Bacon* / SomosMass99

Washington, EE.UU. / Miércoles 9 de agosto de 2017

 

La muerte de un jornalero en los ardientes campos de cultivo del estado de Washington ha llevado a sus compañeros a poner en en juego su sustento de vida por irse a huelga, unirse a un sindicato y arriesgarse a la deportación.

Ernesto Silva Ibarra murió en el hospital Harborview en Seattle el domingo 6 de agosto por la noche. Casado y padre de tres hijos, Silva fue un jornalero traído de México a los Estados Unidos contratado bajo el programa de visas H2-A para trabajar en los campos agrícolas.

Miguel Ángel Ramírez Salazar, otro jornalero contratado de la misma manera, dice que la semana pasada Silva fue con su supervisor en Sarbanand Farms quejándose de que estaba enfermo y no podía trabajar. Le «dijeron que si no seguía con sus labores sería despedido por ‘abandonar el trabajo’. Pero después de un tiempo ya no pudo continuar».

Finalmente, Silva fue a la Clínica Bellingham, a una hora al sur de la granja donde trabajaba, en Sumas, cerca de la frontera canadiense. Sin embargo ya era demasiado tarde. Fue enviado a Harborview, donde sufrió un colapso y falleció.

La muerte de Silva fue el empujón final para que los trabajadores contratados iniciaran una acción sin precedentes en la historia moderna del trabajo agrícola. Se organizaron y protestaron, y cuando fueron despedidos por ello se unieron al nuevo sindicato de trabajadores agrícolas de Washington: Familias Unidas por la Justicia (FUJ).

Mientras se redacta este artículo, 120 trabajadores del programa H2A están sentados en tiendas de campaña en un terreno cerca del rancho donde trabajaban, en protesta por los malos tratos y exigiendo derechos para los trabajadores huéspedes.

En el sitio web de CSI Visa Processing, que reclutó a Ernesto Silva, Ramírez Salazar y a otros para trabajar en Sarbanand Farms, una declaración dice: «El compañero que está hospitalizado, la causa fue meningitis, una enfermedad que había sufrido antes y no está relacionada con su trabajo». Ramírez y otros trabajadores dudan de esa explicación. porque Silva había estado trabajando en los Estados Unidos desde mayo y no llegó con síntomas de meningitis. En cambio, insisten en que fue la consecuencia de las cada vez más malas condiciones laborales en el rancho.

Según Ramón Torres, presidente de Familias Unidas por la Justicia, los trabajadores de H2-A de Sarbanand Farms se habían estado quejando por semanas de los malos alimentos, trabajar a altas temperaturas sin sombra, beber agua caliente y baños sucios en los campos. En las últimas dos semanas, el aire cerca de la frontera se convirtió en humo por los incendios forestales justo al norte, en Canadá, lo que hace difícil la respiración. Algunos trabajadores se desmayaron entre las plantas de arándanos donde hacían la pisca.

Cuando Silva enfermó y fue al hospital, un grupo de trabajadores fue a la gerencia del rancho y pidió condiciones de trabajo más seguras. Al ser rechazadas, el viernes 4 de agosto decidieron parar labores durante un día. Familias Unidas por la Justicia, que acaba de firmar su primer contrato sindical con Sakuma Brothers Farms en Burlington, celebró su primera convención ese mismo viernes. Entonces los trabajadores H2-A de Sarbanand Farms decidieron unirse al sindicato.

Al día siguiente, 70 jornaleros fueron despedidos. «Nos dijeron a todos que debido al paro nos despidieron por insubordinación», comentó otro trabajador, Bárbaro Rosas Olivares, a Maru Mora Villalpando, de FUJ, en una entrevista en video. CSI insiste en su declaración: «Once personas fueron despedidas por cuestiones de insubordinación, que es una causa legal».

Mientras que la mayoría de los trabajadores en los Estados Unidos están protegidos por las leyes contra represalias por realizar paros, los jornaleros agrícolas generalmente no tienen esa protección excepto en algunos estados, como California, que les han otorgado esos derechos. Los trabajadores de H2-A tienen aún menos derechos y protecciones. La visa que se les da cuando vienen a trabajar en los Estados Unidos los une al empleador que los reclutó. Pero si pierden ese trabajo, pierden la visa y se vuelven deportables, y no tienen capacidad legal para demandar a su empleador en un tribunal de los Estados Unidos.

Por lo tanto, fue notable que los trabajadores de Sarbanand no sólo hicieran huelga en protesta por sus malas condiciones, sino que después de ser despedidos no salieron del país. La compañía les dijo a los despedidos que no les pagarían inmediatamente sus últimos cuatro días de trabajo, sino que enviarían un cheque a su dirección en México, que es una violación a los reglamentos del programa H2-A. A los jornaleros se les dio una hora para sacar sus pertenencias del lugar de trabajo en la compañía, dejándolos en la calle y sin dinero.

CSI Visa Processing, reclutador de Sarbanand, llevó a algunos despedidos a una estación de autobuses local, pero no les compró el boleto de regreso a casa. Esto viola otro reglamento de reclutamiento H2-A, que requiere que los contratistas paguen el transporte hacia y desde el sitio de trabajo en los Estados Unidos.

Mientras tanto, los trabajadores se acercaron al presidente de FUJ, Ramón Torres, y a Community2Community, una organización defensora de jornaleros agrícolas y de los derechos de los inmigrantes en el noroeste de Washington. Juntos, encontraron una residencia privada cerca de donde se localiza Sarbanand, cuyos dueños acordaron dejar que los trabajadores despedidos acamparan en su propiedad mientras decidían su siguiente acción. Vecinos solidarios sacaron tiendas de campaña y un generador de electricidad, y rápidamente se levantó un campamento.

Los jornaleros marcharon de regreso al rancho y se manifestaron afuera. «Entre ellos mismos formaron un comité», dice Torres, «y otros 50 trabajadores abandonaron el rancho y se les unieron, a pesar de que los [sheriffs del condado de Whatcom] y la policía local amenazaban con llamar a la inmigración».

Torres dice que otros trabajadores han sufrido parálisis facial parcial y que tres de ellos están viviendo en el campamento. En la entrevista en video, Rosas Olivares hizo un cartel en el que denuncia a las autoridades locales por hacer caso omiso de sus condiciones. En él se lee:

Condado y Ciudad – Su ceguera = Culpable
– Supresión de los derechos de los trabajadores inmigrantes
– ¡Los trabajadores están expuestos ante amenazas de deportación!
– Los trabajadores inmigrantes mueren AQUÍ / AHORA
County & City – ¡Ustedes son cómplices por negligencia!
¿Qué tal duermen en la noche?

Ramirez, jornalero del programa H2-A,dice: «Sólo queremos respeto por nuestros derechos, despedirnos fue muy injusto. Queremos seguir trabajando hasta el final de nuestro contrato». Ramírez ha estado trabajando como un trabajador huésped durante 15 años, recolectando tabaco en Carolina del Norte y Kentucky, y arándanos durante los últimos dos años en el noroeste del estado de Washington. El pasado invierno firmó un contrato en la oficina de CSI Visa Processors en su ciudad natal, Santiago Ixcuintla, en el estado mexicano de Nayarit. Bajo los términos de ese contrato, se le garantizó un mínimo de cinco meses de trabajo, hasta el 25 de octubre.

Ramírez fue trasladado a Nogales, en la frontera entre Estados Unidos y México, y recibió una visa. «Pero vi que sólo era vigente hasta el 30 de junio», recuerda. «Cuando les pregunté, me dijeron que lo arreglarían, pero nunca lo hicieron».

Más de 250 trabajadores fueron reclutados en la oficina de Nayarit, dice, una de las nueve que CSI tiene en México. Fueron llevados a Delano, en el Valle de San Joaquín, California, el 7 de mayo. Allí empezaron a recoger blueberries en Munger Farms, un gran productor y socio de la gigantesca asociación de cultivadores Naturipe. Luego, el 1 de julio, al día siguiente de que expiró la visa de Ramírez y la de muchos otros, fueron trasladados al rancho Sarbanand Farms, en el estado de Washington, donde continuaron en la pisca. Sarbanand es una filial de Munger Farms, propiedad de la familia de Baldev y Kable Munger.

CSI reitera que los trabajadores «recibieron autorización del gobierno de los Estados Unidos para este segundo contrato, [y que] ninguno de ellos está fuera del estatus legal». Sin embargo, después de la agitación que comenzó la semana pasada, un trabajador trató de comprar un billete de avión de regreso a México y se le negó porque su visa había expirado. «No sabemos qué pasará ahora», dice Torres. «Lo que creemos es que los trabajadores tienen el derecho de protestar y organizarse, y no deben ser castigados por ello al negarles el trabajo que les prometieron».

«Creo que tenemos que organizarnos», añade Ramírez. «Estoy dispuesto a trabajar duro, pero nos ponen tanta presión, ese es el mayor problema. Tengo un hijo de 16 años en México, ¿qué le pasaría si yo muriera aquí, como ocurrió con Ernesto?».

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* David Bacon es un periodista y fotógrafo que da cobertura a temas laborales, de inmigración e impacto de la economía global en los trabajadores. Es autor de varios libros, como Personas Ilegales: Cómo la Globalización crea la Migración y Criminaliza a los Inmigrantes (Beacon Press, 2009). Su nuevo libro se titula In the Fields of the North / En los Campos del Norte (University of California Press / El Colegio de la Frontera Norte, 2017).

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Foto de portada: Facebook Familias Unidas por la Justicia.

Traducción del inglés: SomosMass99.