SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 29 de agosto de 2017
Al menos 300 organizaciones de defensa de los derechos humanos, de migrantes, empresariales, académicos e intelectuales exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) se convierta en una Fiscalía General autónoma, capaz, independiente y sensible a los derechos de las víctimas; en una institución profesional, técnicamente sólida y con controles más efectivos «para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación».
En un acto celebrado en las escalinatas del Ángel de la Independencia, Alejandra Zapata, directora de Educación e Innovación del IMCO, y el activista Abel Flores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, leyeron el pronunciamiento conjunto de los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, convertido en #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, en el que hicieron público una parte del diagnóstico de la PGR, rechazaron el nombramiento automático de Raúl Cervantes como fiscal general y anunciaron que en los próximos días presentarán al Congreso de la Unión un dictamen, realizado por expertos nacionales y del extranjero, que permita modificar la Constitución con el fin de asegurar la independencia política de la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos.
En un análisis de la situación del país, señalaron que las violaciones graves a los derechos humanos, la corrupción rampante, el crimen organizado y la lacerante impunidad son expresiones del México de la injusticia, y todas con un denominador común: la ausencia de una Fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro Estado de deerecho.
La PGR, añadieron, está «capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser el complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato (…), es uno de los más costosos y dañinos obstáculos para la impartición de justicia en México».
En el mismo tono, señalaron que la deriva de la PGR se constata en las historias de personas agraviadas por la inadecuada investigación de delitos que suceden todos los días y se cuentan por miles. Incluso, «en el dicho de sus propios titulares, como el de Jesús Murillo Karam, quien siendo procurador en 2012 dijo públicamente que ‘recibía una institución desmantelada¨’.
Por ello la PGR debe convertirse en una Fiscalía autónoma, capaz e independiente, porque de lo contrario la autonomía constitucional aprobada en la reforma de 2014 corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no se le acompaña de mayor rendición de cuentas, supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del personal.
Los grupos y personas que integran el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva sostuvieron que no basta con diagnosticar los problemas o señalar deficiencias, sino que además de criticar y exigir también les corresponde proponer. Y para ello, pese a sus distintas posturas políticas, se han acercado para construir una alternativa cívica para transformar a la PGR.
La iniciativa que presentarán al Congreso de la Unión atiende la complejidad que vivimos en México, se fundamenta en estudios y diagnósticos profundos, a la vez que reconoce el trabajo previo de legisladores e incorpora los planteamientos más sólidos de los partidos políticos y del Ejecutivo federal.
Respecto del pase automático del procurador Raúl Cervante a Fiscal General, «que ha generado un amplio rechazo en la sociedad mexicana», su propuesta busca asegurar la independencia del fiscal e incorporar criterios de designación que permitan recuperar la legitimidad perdida por la PGR derivado de los vínculos partidistas, las cuotas de partido y prácticas de control político. Por ello sugieren que la ley asegure procedimientos con contrapesos, máxixma publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito, además de que la duración del encargo sea de seis años sin derecho a la relección y en un periodo transexenal, con el fin de reducir las condiciones de influencia presidencial o del gobierno en turno.
También propusieron que cuando las fiscalías estatales no tengan la independencia necesaria, o cuando se trate de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, la Fiscalía General cuente con facultades para garantizar el recurso efectivo de las víctimas y evitar que esos delitos queden impunes.
Entre las organizaciones y personas que conforman el colectivo se cuentan el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Academia Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, I(dh)eas Litigio Estratégico, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Tlachinollan, RedTDT, Serapaz y Albergue Hermanos en el Camino; Layda Negrete, Santiago Corcuera y Mariclaire Acosta.
Fotos de portada e interiores: IMDHD.
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