SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 31 de agosto de 2017
- Se requiere ayuda internacional para llevar a juicio a los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos en México, sostuvo José Antonio Guevara Bermúdez, director de la CMDPDH
México necesita de un mecanismo internacional para el combate a la impunidad a imagen y semejanza de la CICIG de Guatemala; y de las instituciones judiciales de otros países y de la Corte Penal Internacional para llevar a juicio a los más altos responsables de tolerar, auspiciar o promover políticas para torturar, desaparecer o ejecutar, tanto a nivel federal como de los gobiernos estatales y municipales, así como a los líderes de las organizaciones delictivas, sostuvo José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Guevara Bermúdez dio a conocer que «un grupo muy amplio» de organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de impulsar la creación de ese mecanismo internacional para el combate a la impunidad, porque ante la gravedad de este problema en el país «no es suficiente» contar con una Fiscalía General «idealmente» autónoma e independiente que sustituya a la Procuraduría General de la República.

José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH.
Se requiere un mecanismo internacional que coadyuve en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción, que sobre todo ayude a instalar capacidad profesional para realizar ese este tipo de investigaciones que no se han visto en nuestra historia.
Fue entonces que, enfático en que lo hace exclusivamente a nombre y en su carácter de director de la CMDPDH, precisó: «Pero también necesitamos que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en México para llevar a juicio a los más altos responsables que han tolerado, auspiciado o promovido políticas para torturar, desaparecer o ejecutar. Y me refiero a personas que forman parte del gobierno, tanto a nivel federal como de los gobiernos estatales y municipales, así como a los líderes de las organizaciones delictivas».
Sin especificar qué organizaciones están involucradas en la creación del mecanismo internacional contra la impunidad ni qué avances tiene, Guevara Bermúdez explicó que se trabaja en un modelo similar al de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha sido exitoso en sus contribuciones con la Fiscalía General de ese país para llevar a cabo investigaciones adecuadas y efectivas, y que han logrado revelar redes de corrupción en los diferentes niveles de gobierno.
La CICIG nació en diciembre de 2006 bajo acuerdo de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, el cual fue ratificado en mayo de 2007. Además de fortalecer la estructura de políticas públicas y de las instituciones del sector judicial, apoya a las instituciones del Estado guatemalteco en la investigación de las actividades de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que afectan el ejercicio de los derechos fundamentales de la población, y tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales. Es decir, de aquellos cuya influencia dentro del Estado es considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad en ese país.

La CICIG apoyó las investigaciones que obligaron a renunciar a la presidencia guatemalteca a Otto Pérez Roldán en 2015, quien desde septiembre de ese año se encuentra preso acusado de corrupción, al igual que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Apenas el 26 de agosto se dio a conocer que el Ministerio Público y el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, señalaron al actual mandatario Jimmy Morales de financiar ilegalmente la campaña electoral que lo llevó al poder en 2015, y la Fiscalía General solicitó retirarle la inmunidad para someterlo a un antejuicio.
Contra crímenes a gran escala
Guevara Bermúdez añadió que para entender la gravedad del problemas de la impunidad en México y para poder hacer investigaciones sobre las violaciones que se cometen a gran escala, crímenes de lesa humanidad o narcopolítica, o crímenes cometidos conjuntamente entre funcionarios públicos y la delincuencia organizada, se tiene que aprender de experiencias internacionales. Y para ello está el caso de la CICIG, que «es en mi opinión un modelo exitoso» que ayudó y ha ayudado a Guatemala a realizar investigaciones adecuadas y efectivas.
«Lo único que no podemos perder es la esperanza de tener un mejor país. Para eso vamos a necesitar la ayuda de todos los aliados, de personas sensible dentro del Congreso de la Unión, dentro de la sociedad civil y de los medios de comunicación; necesitamos generar un entendimiento común de qué es lo que realmente necesitamos. Repito, necesitamos una fiscalía independiente y autónoma, necesitamos un mecanismo internacional para combatir la impunidad (…) Además necesitamos la ayuda de otros países para que sus procesos penales y sus jurisdicciones también puedan iniciar investigaciones», como ocurrió cuando la Audiencia Nacional de España inició juicios contra la Junta Militar de Argentina y en contra de Augusto Pinochet. «Necesitamos que los jueces y las fiscalías de otros países también empiecen a abrir investigaciones para llevar a juicio a los responsables de la barbarie que está viviendo el país».
Por una Fiscalía autónoma
Las declaraciones de José Antonio Guevara Bermúdez se dan en el contexto del acto realizado el martes en el Ángel de la Independencia, donde cerca de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos, de migrantes, empresariales, académicos e intelectuales dieron a conocer la iniciativa #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva y la próxima presentación de una propuesta al Congreso de la Unión para que que la Procuraduría General de la República (PGR) se convierta en una Fiscalía General autónoma, capaz, independiente y sensible a los derechos de las víctimas, en una institución profesional, técnicamente sólida y con controles efectivos para ya no funcione «por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación».

Activistas que impulsan la iniciativa #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.
Además de rechazar el pase automático del actual procurador General de la República, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General, Guevara Bermúdez resaltó que por primera vez en la historia contemporánea de México diferentes sectores de la sociedad civil han coincidido en el diagnóstico de que el problema de la impunidad pasa en gran medida por la PGR.
«Tiene que haber un rediseño institucional y se debe garantizar un proceso de selección de la persona más adecuada para ser fiscal general. Es decir, que sea una persona que no tenga ataduras con los partidos políticos, ni con los grupos de interés y que garantice que las investigaciones se llevarán a cabo de manera profesional, independiente e imparcial», afirmó el director de la CMDPDH.
Es en ese contexto que el día de hoy se eligió en el Senado de la República a Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva. Se registraron dos abstenciones, tres votos por otros candidatos y 77 a favor de Cordero, entre ellos los de sus correligionarios Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Luis Lavalle y Octavio Pedroza.
Los otros 34 panistas se retiraron de la votación, bajo reclamos de Jorge Luis Preciado: «Es lamentable que (…) ustedes tengan la lastimosa necesidad de lastimar su propia dignidad para venirle a dar los votos suficientes (al PRI) para que tú (Ernesto Cordero) seas nuevamente presidente del Senado», en referencia a los tres sufragios que necesita la bancada priista para garantizar que Raúl Cervantes sea convierta de forma automática en Fiscal General.

Ernesto Cordero tomó hoy protesta como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. | Foto: Cuartoscuro.
«Nombrando como fiscal al procurador actual y nada más cambiándole de nombre a la PGR, no vamos a solucionar absolutamente nada», advirtió desde el martes Guevara Bermudez. El PRI y el PVEM «son los que quieren imponer al procurador General de la República por nueve años para garantizar la impunidad de los hechos ilícitos que han cometido muchos de los integrantes de esos partidos».
Fotos de portada e interiores: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
Comparte en Facebook
Twittéalo








