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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 8 de septiembre de 2017
Los impactos sociales, económicos, políticos y culturales de la crisis estructural que golpea a nuestro país han tenido efectos devastadores en la mayoría de la población y han generado un ambiente en extremo adverso que incide en todos los aspectos de la vida.
Para paliar los efectos de la crisis que, además, es sistémica y ante la necesidad urgente de recuperar sus tasas de ganancia, la oligarquía, el capital financiero y los grupos de poder a nivel mundial impulsaron e impusieron una serie de medidas principalmente en los planos económico y político para lograr su objetivo. Esas medidas constituyen lo que conocemos como la doctrina neoliberal.
En nuestro país esa doctrina se aplica desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y las siguientes administraciones federales, hasta la actual, se han encargado de profundizarla. Para imponerla, nos vendieron la ilusión de que la inserción en un mundo globalizado modernizaría al país y potenciaría su desarrollo hacia niveles de primer mundo.
Pues bien, han logrado dos cosas: la primera, favorable a quienes detentan el poder, que la oligarquía local acreciente su poder económico y político, que el gran capital opere prácticamente sin restricción alguna y que el patrimonio antes nacional ahora sea propiedad de poderosos grupos monopólicos locales y extranjeros; la segunda, mediante todas las promesas habidas y por haber, que continuemos comprando una ilusión que la realidad nos muestra cada día más lejana e inalcanzable.
En este contexto, la violencia, inseguridad, pobreza, violación de derechos humanos, desigualdad, injusticia, impunidad, exclusión, inequidad y todos los males que aquejan a nuestro pueblo se han incrementado; muestra palpable de la incapacidad del grupo en el poder y sus gobiernos para resolver los problemas del país.
Ello, asociado al descrédito mayúsculo de todos los niveles e instancias del gobierno, del Estado y del sistema en general, ha generado un clima de inconformidad y descontento casi generalizado que amenaza seriamente el control político que ejerce el grupo en el poder y, particularmente, la existencia de las llamadas reformas estructurales, eje central de la estrategia de la oligarquía para aplicar esa doctrina y, al mismo tiempo, mantener y acrecentar su poder.
Ante ese clima de inconformidad y descontento, el grupo dominante, además de violar su propia legalidad cuando así le conviene, tiene la necesidad de reforzar sus mecanismos de control social, ideológico, económico y político, con el objetivo de cuidar sus intereses y privilegios. La Ley de Seguridad Interior, que con el argumento de combatir con mayor eficacia al crimen organizado pretenden aprobar en estos días, cumpliría en buena parte con tal objetivo.
No obstante el Congreso carece de atribuciones para legislar específicamente en materia de seguridad interior, se valen de la reforma al artículo 73 de la Constitución (5 de abril de 2004), mediante la que se le faculta «para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes»,
Dado que buscan legalizar, legitimar y normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, intención que va contra las atribuciones que les otorga la Constitución, facultaría a una sola persona, el presidente de la República, a suspender las garantías ciudadanas cuando él lo crea conveniente, ya sea en caso de que por motivos internos o externos considere la existencia de un peligro para el país. En otras palabras, es darle facultades para que declare un estado de sitio, sin la aprobación de nadie, sólo de él.
Asimismo, la pretensión de que las Fuerzas Armadas puedan «hacer uso de cualquier método de recolección de información» (artículo 28 de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por el PRI), ampliaría las formas de espionaje a la ciudadanía, derivaría en mayor violación a los derechos humanos y, lo más grave, legitimaría la tortura.
Al amparo de esta ley se podrían llevar a cabo acciones militares contra organizaciones de ciudadanos o individuos que les resulten incómodos al grupo en el poder, al presidente en turno y al sistema, con sólo calificarlos como un peligro para el país. Y así como se maneja actualmente la justicia, las verdades oficiales serían las únicas prevalecientes.
La realidad ha demostrado que el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha contenido sólo temporalmente la violencia que se atribuye al crimen organizado, con consecuencias en varios casos altamente lamentables que han minado en alto grado el prestigio que en algún momento esas fuerzas tuvieron.
En tanto no se atiendan las causas profundas que originan la violencia y la inseguridad, la Ley de Seguridad Interior y la acción de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, servirán solamente para mantener el actual estado de cosas, dicho de otra manera: para proteger los intereses del grupo dominante y continuar con la devastación del país.
Es urgente que tomemos conciencia de lo que esa ley significa y oponernos a la política de militarización, fascismo y dictadura que puede desplegarse si llegan a imponerla.
Sin embargo, la oposición en términos declarativos o de ocupación momentánea de plazas y calles sería insuficiente. La construcción, desde abajo y con la participación más amplia posible, de un programa político y económico que atienda las necesidades de nuestro pueblo y lo convoque a tomar las riendas de su destino, podría ser parte importante de la solución.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Frente Regional en Defensa de la Soberanía de Salamanca, Guanajuato.
Contacto: [email protected]
Foto de portada: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro.
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