Amílcar y la criminalización de migrantes por el Estado mexicano

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 11 de septiembre de 2017

 

A casi tres años de haber recibido la queja, y a ocho años de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, Policía Federal y de la Procuraduría General de la República violaron los derechos humanos del migrante hondureño Ángel Amílcar Colón de Quevedo, quien permaneció por más de cinco años encarcelado por delitos que no cometió.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional se trata de un caso emblemático que ejemplifica la criminalización del Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito.

Colón de Quevedo, que ha sido defensor de migrantes y líder comunitario garífuna, dejó su país en 2009 en busca de llegar a los Estados Unidos. De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), que lo declaró preso de conciencia, fue detenido por la policía en Tijuana, Baja California, en marzo de ese año. «Sufrió entonces tortura a manos de policías y militares, que lo golpearon y lo sometieron a asfixia y a insultos racistas. Lo obligaron a firmar una declaración falsa, que se utilizó para implicarlo en actividades delictivas. Se retractó de la declaración cuando lo llevaron ante un juez y denunció la tortura a las autoridades, que no hicieron nada».

En una comunicación dada a conocer hoy, pero firmada el domingo, la CNDH publicó la recomendación 33/2017, dirigida al gobernador de esa entidad, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade.

En el documento, la CNDH reconoce que a Ángel Amílcar Colón le fueron violados los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la asistencia consular, a la protección de datos personales y al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.

Acusado falsamente por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Colón Quevedo fue obligado a caminar de rodillas, puesto a disposición de la autoridad ministerial 15 horas después de su detención, arraigado por cinco días, incomunicado en instalaciones militares y no se le mencionó su derecho a contar con la asistencia consular de su país, con lo que se le colocó en estado de indefensión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con AI acompañó el proceso legal del migrante hondureño, precisó que, además de que «fue torturado por elementos del Ejército y policías federales», cuando se le obligó a caminar de rodillas lo hizo esposado y fue exhibido en medios de comunicación como responsable de los ilícitos mencionados, lo cual lo avergonzó y lastimó en su reputación como líder comunitario del pueblo garífuna y defensor de derechos humanos.

Sin embargo, dice la CNDH en su recomendación, el 15 de octubre de 2014 la PGR presentó, ante el Juzgado de Distrito que conoció del caso, conclusiones no acusatorias en favor del agraviado, considerando que no ocurrieron las conductas ilícitas atribuidas al mismo, por lo que fue absuelto y 10 días después egresó del CEFERESO 4 de Tepic, Nayarit.

Tras concluir su investigación, ahora la CNDH solicita al gobernador de Baja California y al comisionado Nacional de Seguridad se repare el daño la víctima, mediante compensación justa y atención psicológica; colaborar en el seguimiento de las quejas y denuncias de hechos que la CNDH formule ante la Contraloría Interna y la Procuraduría General de Justicia de la entidad, Procuraduría General de la República y Órgano Interno de Control de la PF, así como inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas, para que tenga acceso en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Al procurador General de la República se le solicitó practicar las diligencias en la averiguación previa del caso, para que se integre a la brevedad, y dirigir circular a los Agentes del Ministerio Público de la Federación y al personal adscrito en la Delegación en Baja California, para que se abstengan de emitir determinaciones sobre la retención y resguardo de indiciados en instalaciones del al Ejército Mexicano, y se les aleccione sobre la garantía de los extranjeros de ser notificados en el derecho de contar con asistencia consular.

En cuanto al arraigo, la CNDH reiteró que es una práctica contraria a los estándares internacionales y de riesgo en materia de derechos humanos, en tanto que esa figura contraviene los principios de presunción de inocencia y pro persona.

 

Al conocer la recomendación, el Centro Prodh y Amnistía Internacional exigieron que sea cumplida a cabalidad y «que las autoridades señaladas como responsables acepten a la brevedad los puntos recomendados por la CNDH, a fin de que se garantice el derecho a la reparación integral del daño de Ángel Amílcar, incluyendo impulsar con debida diligencia la averiguación previa que ya existe abierta por el delito de tortura en la PGR desde enero del año 2014.

«El caso del hondureño es emblemático del trato violatorio de derechos humanos que brinda el Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito por el país; que en vez de ser tratados como víctimas son criminalizados. En el informe “Migrantes en prisión” del Centro Prodh y del Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se documentó que en el año 2013 había más de mil migrantes encarcelados, muchos los cuales presumiblemente eran víctimas de un sistema penal que criminaliza a los más vulnerables», señalan las organizaciones.

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Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.