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Edgar Cortez
Martes 19 de septiembre de 2017
Los feminicidios son una cruenta historia de violencia, discriminación e impunidad en contra de las mujeres de nuestro país. Esta realidad viene desde Ciudad Juárez a principios de los años noventa hasta el asesinato de Mara Castilla en Puebla el pasado 8 de septiembre.
Durante veinticinco años las mujeres han empujado a las autoridades y la sociedad para reconocer la realidad de violencia estructural que viven y, al mismo tiempo, han promovido numerosas acciones para erradicarla: documentación de los feminicidios, leyes para garantizar una vida libre de violencia, tipificación de este delito, alertas de género y muchas otras más. Desafortunadamente todo lo anterior no ha sido suficiente.
Al feminicidio de Mara le anteceden varios hechos ominosos. Uno, son las declaraciones del rector de la Universidad Madero de Puebla, Job César Romero, quien dijo lo siguiente: Para mí se debe a la descomposición de la sociedad y a las libertades que las chicas tienen. Ahora, cualquiera de ellas puede salir a muy altas horas de la noche, puede regresar. Ellas han ido ganando espacios en las familias para tener esa libertad, esa autonomía para viajar en su carro o en otros medios. Yo creo que en esa libertad, y en descomposición de la sociedad, se vuelven presas.
Además este personaje se opuso a que se declarara la alerta de género en el estado de Puebla.
El segundo hecho fueron los comentarios del locutor Sergio Zurita, en un programa de radio difundido en MVS. Señoras, ir a recoger a sus hijos (al colegio) en hot pants va a hacer sufrir a sus hijos. Los niños van a decir ‘que buena esta tu mamá’ o ‘qué aguada está tu mamá’ porque se pone hot pants y van a sufrir. No señoras, no tienen derecho. Antes está la felicidad de sus hijos… Eviten verse como golfas.
Estas dos escandalosas muestras son evidencia de lo lejos que estamos de ser una sociedad que está convencida y actúa para asegurar una vida libre de violencia para todas las mujeres.
Durante los días previos a este feminicidio conocimos dos informaciones que nos muestran la dimensión del problema. El primero es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, que mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en el país. Entre sus hallazgos está que a nivel nacional el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica– patrimonial o discriminación, 34% física y 41.3% sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor (http://bit.ly/2hbjvI9)
La segunda información es la contenida en el Índice Global de Impunidad (IGI) de la Universidad de las Américas Puebla en donde se reitera que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8%, de acuerdo con datos de la Encuesta de Victimización (ENVIPE). Ahí mismo se remarca que entre las causas por las que no se denuncia es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.
Por tanto, los feminicidios tienen múltiples causas. Una es que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad discriminadora y machista, que menosprecia a las mujeres y celebra con bromas los comentarios misóginos que se hacen en la familia, en el centro de trabajo, instituciones educativas y muchos espacios más.
Dinámica social reforzada por los medios de comunicación que siguen cosificando a las mujeres y aceptando entre sus filas a locutores y comentaristas capaces de expresar públicamente insultos en contra de las mujeres; sin que exista consecuencia alguna para muchos de ellos y menos para las empresas de comunicación.
Una causa más es que autoridades federales y locales han abandonado lo poco que había de políticas preventivas de la violencia. En la mayoría de los casos las acciones son reactivas luego de tragedias como la de Mara.
Otra causa es el abandono, por parte de las autoridades, de su tarea de vigilar y supervisar que particulares cumplan con respetar los derechos de las personas. Es el caso de Cabify, que en el contrato que acuerda con los conductores establece que sólo intermedia entre el conductor y el usuario, deslindándose de toda responsabilidad. ¿Dónde está la obligación de las autoridades para vigilar y regular estos servicios?
Y uno de las causas claves es la impunidad total que existe en el país pero que se acentúa en contra de las mujeres. Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el 81% de los delitos sexuales denunciados entre 2010 y 2015 ante el Ministerio Públicos son de mujeres. Durante 2015, por cada asesinato de un hombre en que hubo violencia familiar se registraron 8.6 de mujeres.
En la marcha del domingo pasado algunas voces demandaban que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera e investigara el caso de Mara. Pero si uno revisa los niveles de efectividad entre Fiscalías locales y PGR, lo que va a encontrar es que ninguna de estas instituciones garantiza el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La actual indignación se debe convertir en una exigencia permanente para que existan muchas acciones pero todas integrando una estrategia única para enfrentar los feminicidios y todas las causas que impiden que la vida libre de violencia sea una realidad para todas y cada una de las mujeres de este país.
@EdgarCortezm
Foto de portada: Hilda Ríos / Cuartoscuro.
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