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Alfonso Díaz Rey*
Martes 26 de septiembre de 2017
A 3 años de la captura y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hecho ocurrido en Iguala, Gro., el 26 y 27 de septiembre de 2014, después de una brutal represión contra estudiantes cuyo saldo trágico fue de seis personas muertas, entre ellas tres estudiantes, las demandas centrales siguen siendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos y el esclarecimiento de la verdad.
En el manejo de esta situación el gobierno, en todos sus niveles, una vez más evidencia no únicamente ineptitud sino también cinismo y desprecio por el pueblo. Prevalecen la desatención, los atrasos y desvíos en la investigación, respuestas absurdas y sin sustento científico ni metodológico a los familiares de los desaparecidos y a la opinión pública; han obstaculizado la investigación en aspectos relacionados con la participación del ejército en esos hechos y bloqueado la participación de organismos con alta confiabilidad como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Lo sucedido en Iguala no es un caso aislado. Forma parte de una casi interminable lista de agravios contra nuestro pueblo. A eso se suman las múltiples evidencias de actos de corrupción que involucran a personajes de las más altas esferas de gobierno, mientras el pueblo padece las consecuencias de la entrega del patrimonio nacional, la inseguridad, el desempleo, la inflación y la pobreza.
¿Y el Estado mexicano? Bien, gracias. Además de la red de complicidades y mentiras que se han tejido para ocultar la verdad, el gobierno desvía la atención hacia otros problemas no menos graves que padece el país, originados también por la incapacidad, ineptitud y corrupción; para ello, manipula información y desvían la atención con objeto de que la nueva red de mentiras oculte la realidad y se presente a sí mismo y al grupo al que sirve como la mejor opción para conducir al país. De esa manera, y a como dé lugar, en las próximas elecciones tratarán de asegurar su continuidad y así, impunidad de ´por medio, intentar ganar la apuesta por el olvido.
La desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa es un episodio infamante en la historia de nuestro país. El tiempo transcurrido sin esclarecer la verdad refuerza la sospecha de participación de fuerzas federales y de la existencia de una entramada red de complicidades que involucra a diferentes instancias de gobierno, a corporaciones policiacas de distinto nivel y al ejército.
El daño ocasionado a los 43 estudiantes normalistas, a sus familias, que libran desde entonces una incansable lucha por conocer la verdad, y a la sociedad en general que ha sido agraviada por esos reprobables hechos, merece ser resarcido mediante su esclarecimiento, el deslinde de responsabilidades y el justo castigo a los directamente culpables, cómplices, encubridores y a quienes han entorpecido la investigación.
¿Qué hacer? Ante la ineptitud, cinismo que el grupo en el poder, sus personeros en el gobierno y los partidos políticos tradicionales han demostrado, además, su profundo desprecio por el pueblo, es innegable que jamás resolverán los problemas del país y queda claro que no podemos ni debemos permitir que sigan fortaleciéndose económica y políticamente a costa de las carencias de la nación, que cada día son más. Es urgente y necesaria la organización de los ciudadanos (con los vecinos, compañeros de aula, de centro de trabajo, amigos, etc.) para encontrarle solución a los problemas que nos aquejan y participar democráticamente en la construcción de un nuevo país, en el que la inequidad, la desigualdad, la injusticia, la deshonestidad y la miseria no tengan cabida.
Si los ciudadanos callamos ante este agravio estaremos, con nuestro silencio, avalando la consumación de otros quizá más graves y no debiera sorprendernos que la desaparición de personas, la corrupción de los gobernantes, la miseria y la represión al pueblo sean algo común y cotidiano.
Lo sucedido en Iguala hace tres años, así como otros sucesos igual de condenables e infames, nos muestran claramente que este país necesita reconstruirse y no solamente en aspectos físicos. Lo sucedido a raíz de los fenómenos meteorológicos y geológicos recientes lo confirma.
Esa tarea debe emprenderla el pueblo y requerirá la demolición y sustitución de todo aquello que atenta contra su desarrollo y bienestar. De otra manera, seguiremos igual.
Es tiempo, pues, de organización y lucha.
¡Vivos los queremos!
Este texto contiene datos de un volante distribuido en la sesión informativa sobre el caso Ayotzinapa realizada este fin de semana en el municipio de Salamanca.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Frente Regional en Defensa de la Soberanía de Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
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