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Alfonso Díaz Rey*

Viernes 29 de septiembre de 2017

 

A los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, y las réplicas que les acompañaron, que tanto daño y dolor causaron en nuestro país y nuestro pueblo, siguió un movimiento de pueblo con mayor intensidad y magnitud.

El pueblo, volcado como un tsunami originado por esos movimientos telúricos, inundó las zonas con mayor devastación y, sin distingos, dedicó su tiempo y energía a la noble y urgente tarea de salvamento y rescate de quienes habían quedado atrapados por los escombros.

La inmediata respuesta y las acciones solidarias de miles de mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, contrastaron con la lentitud y en momentos inmovilidad de las diferentes instancias de gobierno que, se supone, deben acudir en auxilio de la población.

Lo fines políticos y mercantilistas que afloraron de la manipulación de la información y de la trágica situación por parte del gobierno en sus diferentes niveles, los partidos políticos, las televisoras y los grandes medios de comunicación, que desoyeron su propio llamado a olvidar posiciones políticas e ideológicas «en estos momentos», aunado a los intentos de desmovilizar a quienes desinteresadamente acudieron en auxilio de sus semejantes, generaron una ola de indignación en la sociedad en general, sentimiento que se suma al provocado por el sinnúmero de agravios previos contra la población.

Si a ello agregamos el manejo desaseado de los recursos materiales y financieros aportados solidariamente por el pueblo, organizaciones nacionales e internacionales, países amigos y personajes en diversas partes del mundo, la indignación aumentó y ha puesto a pensar a quienes detentan el poder y a sus personeros.

Por esa indignación se han ratificado o surgido propuestas, hasta ahora de manera aislada, que intentan contribuir a la búsqueda de recursos para enfrentar la reconstrucción y restitución de las pérdidas materiales; entre otras, se han sugerido:

  • Eliminación del financiamiento a los partidos políticos.
  • Disminución sustancial a los sueldos de altos funcionarios públicos, diputados, senadores, magistrados, etc.
  • Disminución del número de diputados y senadores.
  • La venta del avión presidencial.
  • Incautación de los bienes producto de la corrupción.

A ello podrían añadirse medidas como:

  • La declaración de moratoria de pagos de la deuda pública y asignar ese recurso a restituir el patrimonio de los afectados y al crecimiento y desarrollo del país.
  • La recuperación de los bienes nacionales y áreas estratégicas de la economía entregados al capital privado, para que operen en beneficio de la nación.
  • Elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza para recuperar la armonía con ella y ayudar a preservar la vida en todas sus formas.
  • Llevar a cabo una reforma electoral que considere la eliminación de campañas políticas electorales, rendición de cuentas, revocación de mandato y que el pueblo sea, mediante ejercicios realmente democráticos, quien elija a los candidatos a los puestos de representación.

En fin, sería cuestión de que la sociedad organizada, desde abajo, defina de una manera democrática el tipo de país que quiere y la forma de construirlo.

Para centenas de miles de jóvenes, la participación en las acciones solidarias alrededor de estos sucesos ha sido su primera experiencia realmente colectiva. Las condiciones especiales en las que se ha dado esa participación aceleraron su toma de conciencia y ahora se cuestionan muchas cosas de las que ellos en nada son responsables.

Han tomado conciencia de lo valiosa y necesaria que es la participación del pueblo ante los grandes desafíos, de la enorme fuerza de la solidaridad colectiva y del temor de quienes ejercen el poder a la organización de los de abajo.

Así como después del sismo de 1985, por ese mismo temor desmovilizaron y fragmentaron la organización popular. A 32 años de ese suceso las promesas al pueblo continúan sin cumplirse y su ambición, torpeza e ineptitud han propiciado el empeoramiento de sus condiciones de vida; ahora, mediante nuevas promesas intentan otra vez desmovilizarlo y dividirlo para continuar con un estado de cosas que solamente beneficia al grupo en el poder y sus personeros.

Esos jóvenes y sectores importantes del pueblo de alguna manera advierten que el país necesita ser reconstruido sobre cimientos diferentes a los actuales. Ello implica la remoción y sustitución de estructuras y aspectos superestructurales que obstaculizan e impiden el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.

Son tiempos, pues, de solidaridad, reflexión, organización y lucha. Ese gran movimiento social surgido a raíz de los fenómenos naturales que recientemente asolaron a nuestro país, puede ser determinante para el gran cambio que necesitamos. Y los jóvenes juegan el papel más importante.


* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Frente Regional en Defensa de la Soberanía en Salamanca, Guanajuato.

Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.






Luis López




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