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Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 25 de octubre de 2017
- Iniciativas de Ley de Seguridad Interior de PRI y PAN, «un despropósito»: Santiago Corcuera
Defensores de derechos humanos y académicos sostuvieron que en México se ha apostado por un modelo de seguridad militarizado que está asociado al incremento de la violencia y de las transgresiones a los derechos humanos. Por ello, pidieron que el debate no se realice presionados por la Ley de Seguridad Interior que se analiza en el Congreso de la Unión, sino que se aborde el tema de manera integral y que contemple el retiro de las calles, de forma paulatina, de las Fuerzas Armadas.
En el marco de la Conferencia Internacional: Seguridad, Democracia y Derechos humanos. La Vía Civil, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, dijo que ante una realidad en que hay zonas gobernadas por el crimen organizado e instituciones diluidas o cooptadas, y donde las Fuerzas Armadas son el único resquicio de confianza para las personas, organismos internacionales recomiendan la puesta en marcha de un programa para que el Ejército regrese paulatinamente a los cuarteles y, a la vez, de fortalecimiento de las instituciones civiles.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. | Foto: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
Pero el debate sobre el modelo de seguridad y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es nuevo. Desde principios del siglo se discutían temas como el del Sistema Nacional de Seguridad Pública, continuó en 2009 y luego en 2012, año en que «no se sabe» porqué disminuyeron los índices de violencia.
Su participación en la conferencia también sirvió para presentar el libro Perptuar el fallido Modelo de Seguridad. La Ley de Seguridad Interior y el Legado de una Década de Políticas de Seguridad en México contrarias a los Derechos Humanos, del que citó algunas cifras: en la presidencia de Vicente Fox se registraron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Ejército y se emitieron solamente 11 recomendaciones; la cifra se elevó, durante el sexenio de Felipe Calerón y los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, a más de diez mil 751 quejas y 146 recomendaciones emitidas, diez años en que se ha prolongado la llamada guerra contra el narcotráfico. En esa misma década, las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública también aumentaron, al pasar de ocho mil 754 en el año 2007 a 22 mil 473 en el año 2016.
«Frente a esa realidad, y no es que nosotros lo hayamos inventado, sino que son recomendaciones de organismos internacionales (para implementar) un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, y que ese programa esté asociado al fortalecimiento de las instituciones civiles. Eso tendría que significar la reforma al sistema nacional de seguridad pública, que tiene más de 20 años y donde el secretariado se ha convertido en un órgano administrativo que hace estadísticas y no construye políticas y estrategias de seguridad. Y donde no hay incentivos en los estados ni a nivel municipal para invertirle, tanto financieramente como políticamente, a las policías.
«Lo que decimos nosotros es no ir al debate presionados por una Ley de Seguridad Interior, eso lo único que va a provocar es perpetuar el mismo modelo que no ha funcionado desde hace diez años, y lo que decimos es ir a un debate informado, con un diagnóstico de esta guerra de los últimos diez años, pero sobre todo que tenga un énfasis integral y que la apuesta sea fortalecer a las instituciones civiles. De lo contrario, lo único que vamos a seguir teniendo es militarización de la seguridad, sobre exposición del Ejército ante esa realidad del país y por lo tanto violaciones a los derechos humanos. Desnaturalizar a las Fuerzas Armadas con tareas para las que no fueron creadas, volverlas policías, finalmente seguiríamos sin instituciones civiles que garanticen el derecho a la seguridad».
Imagen: Centro Prodh.
Esa es la tesis del libro Perptuar el fallido Modelo de Seguridad, donde se afirma que hay una sociedad intrínseca entre los derechos humanos y la seguridad.
Reconocer el problema
Santiago Corcuera, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, explicó que uno de los tres fines del Derecho: la seguridad, el bien común y la justicia. La seguridad se puede analizar como fin de la existencia de las normas jurídicas. También puede vérsele como derecho a la seguridad jurídica, que tiene la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva. La objetiva, que haya leyes que no sean aplicadas de un modo un día y de otro al día siguiente, y por otro lado que haya autoridades que la gente pueda saber que sólo pueden hacer lo que la ley le permite y no nada más.
Y si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación se «confundió» al decir que el Ejército puede participar el labores de seguridad pública siembre y cuando sean bajo el mando de la autoridad civil, «no pueden actuar por sí ni ante sí». Pero las definiciones de las iniciativas de Ley de Seguridad Interior del PAN y del PRI «son un absoluto despropósito. Eso no es la seguridad interior de la nación, ese no es el valor jurídico de la seguridad interna o seguridad interior de la nación que amerita la participación, justificadísima, de las Fuerzas Armadas para hacer frente a un ejército que se rebela contra las autoridades con el fin de tumbarlas. Para los demás, que no son ejércitos enemigos, ni exteriores ni intestinos, no se deben usar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública».
Así lo sostienen, recordó, el Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias y Extralegales, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en sus informes de sus visitas a México. El Relator dice que en aquellos países donde se opta por las Fuerzas Armadas para realizar funciones de policíacas se genera una espiral de violencia y, eso, no es una buena decisión. El Grupo de Trabajo dijo lo mismo y recomendó que los militares se fueran retirando paulatinamente. «Nadie está sugiriendo que se retiren las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana, que sería la peor de las decisiones en un contexto de violencia tan agudo como el que está sufriendo nuestro país».
Añadió que otra de las sugerencias de ese Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, ésta al gobierno mexicano, es que para resolverlo y como primer paso reconozca la dimensión del problema. Cualquiera sabe que si tiene un problema y no lo reconoce, no va a cambiar de conducta. «Porque si no se reconoce que tenemos un problema y que ese problema, en gran medida, fue causado por la decisión de (Felipe) Calderón de utilizar a una excelente institución que no está hecha para la función que se le asignó, no vamos a salir de esa situación sino que la vamos a querer perpetuar. ¿Cómo? Inventando una definición de seguridad interior que no existe y (…) eso va entonces a legalizar lo que debería seguir siendo ilegal».
Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. | Foto: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas
Luis González Plascencia, secretario Académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, comentó que para entender el problema de inseguridad hay que observar algunas claves y no perderlas de vista: por una parte, un proceso paulatino de privatización de lo público, en el que lo público se ha venido perdiendo y se ha convertido en objeto de interés particular. Y por el otro lado, un proceso de socialización de las pérdidas y una privatización de las ganancias.
Estas claves han sido acompañadas por crecientes desplazamientos en el plano educativo, financiero, laboral y territorial, y esos desplazamientos están generando víctimas. Por ejemplo, personas que no pueden insertarse en el mercado laboral y educativo; en el terreno financiero, hay víctimas de los bancos, y en el plano territorial, desplazamientos por los proyectos extractivos, presas, parques eólicos.
Si se ve la imagen completa, agregó, nos podremos dar cuenta que se ha planteado «un genocidio de distintas intensidades. Un genocidio de alta intensidad, y que ha concentrado la discusión, es el que tiene que ver con la seguridad y los derechos humanos. Sobre todo a partir del «elevadísimo número de pérdidas de vidas», el número de personas desaparecidas y el número de personas desplazadas por efecto de la guerra que se está viviendo en distintas partes del país».
El genocidio de baja intensidad es el relacionado a los delitos de cuello blanco, porque es el responsable de muchos de los desplazamientos que se dan en «cámara lenta» y que se traduce en criminalidad y corrupción convencional, y que hemos pretendido resolverlo a través de la policía y de la fuerza. «Se da una situación paradójica: el propio sistema genera cantidad de violencia estructural, que ya de por sí, sin que intervenga nadie, genera víctimas. Pero en ese contexto se genera más victimización a partir del fenómeno delictivo (…) Debemos tener en cuenta que todas estas víctimas de desplazamiento, de alguna manera, tienen que gestionar su superviviencia, y me parece que existen evidencias de que algunos de los espacios donde esa supervivencia se gestiona son, precisamente, los que genera el crimen organizado».
Fotos: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
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