Contra todos, PRI aprueba Ley de Seguridad Interior en comisiones del Senado

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 13 de diciembre de 2017

 

Entre marchas, bloqueos al recinto legislativo y pese a los llamados de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), académicos y de más de 200 organizaciones civiles nacionales e internacionales, que advirtieron de los riesgos para los derechos humanos y la democracia en México, la mayoría priista en Comisiones Unidas del Senado de la República aprobó el dictamen de Ley de Seguridad Interior, cuyas modificaciones de las últimas horas desconocían los legisladores de la oposición.

En un duro mensaje, Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, les recordó a los legisladores que un año atrás ya había acudido al Senado para hablar de una iniciativa similar a la actual, pero «no tan mala ni tan peligrosa» como la actual que se aprobó en la Cámara de Diputados sin apenas haberse conocido, sin discusión, en «un madruguete».

Y advirtió sobre lo «más grave para este país» y que «ustedes saben»: «saben que la política de militarizar el país es una política contraproducente, así lo revelan todos los datos, todos los estudios serios»; cuando interviene el Ejército en labores de seguridad pública, los homicidios «aumentan el 9 por ciento» y «sabemos que ustedes saben que esta es una ley anticonstitucional, que está diseñada para darle la vuelta y hacer fraude al artículo 21 constitucional».

Lo más peligroso es lo que dice el artículo 26 del dictamen de ley, «donde viene escondido un pequeño regalo a las Fuerzas Armadas para autogobernarse. Dice el segundo párrafo: las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso se requieran». Es decir, «se pueden suscribir o pueden no suscribirse. No se necesita declaratoria de seguridad interior, por lo tanto no se necesita sanción del Ejecutivo».

Pero ese apenas fue el principio de una cascada de llamados, advertencias y protestas. El colectivo #SeguridadSinGuerra, que aglutina a cerca de 200 organizaciones civiles, dijo que mientras en el hay una grave crisis de derechos humanos, corrupción e impunidad, donde se registra un homicidio doloso cada 19 minutos, «la clase política se empeña en alejarnos del orden constitucional», de «la mano de la imposición de una regulación que perpetúa el horror en materia de seguridad» y que ahora «apuesta por la impunidad al claudicar de realizar una reforma integral al artículo 102 constitucional». Y añadió: los «9 cambios cosméticos que hoy pretenden hacer a la Minuta de la Cámara de Diputados para que el proyecto de Ley quede aprobado esta misma semana» son «palabras y comas que no alejan a la Ley de Seguridad Interior de la inconstitucionalidad, ni le dan a las Fuerzas Armadas el marco jurídico que necesitan, sino que mantienen el espíritu de convertirlas en el ejército discrecional del presidente, en pleno proceso electoral».

La CNDH y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidieron no aprobar el dictamen y, en cambio, convocar a un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de los mexicanos.

En un oficio dirigido al Senado de la República, leído por la senadora Angélica de la Peña, el Parlamento Europeo también se pronunció en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, porque «no es la solución idónea» para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia y delincuencia». “En el caso de México se ha demostrado que el despliegue militar para combatir la delincuencia organizada no sólo no ha llevado a un decremento, por el contrario, ha resultado en más violencia, más violaciones a derechos humanos, al tiempo que los homicidios no descienden”.

Las manifestaciones contra la nueva norma se dieron prácticamente durante todo el día. Por la mañana se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Senado de la República, se clausuraron sus puertas de manera simbólica, al interior activistas ofrecieron una conferencia de prensa y por la noche, cuando ya se sabía que el dictamen había sido aprobado en comisiones, hubo una velada de protesta. El colectivo #SeguridadSinGuerra, al que se unió el actor Diego Luna, pidieron a los senadores no aprobar la ley y en cambio convocar a un diálogo nacional amplio, igual que lo han hecho organismos internacionales de derechos humanos como la ONU-DH y CIDH.

Sin escuchar

Al iniciar los trabajos del día de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, el senador por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, pidió suspender la sesión porque no todos los legisladores conocían las modificaciones que horas antes se le hicieron al dictamen, lo cual, aseguró, violaba el reglamento del Senado. Pidió, además, convocar a un diálogo nacional amplio, como en la víspera lo sugirió el presidente Enrique Peña Nieto. Idea a la que se sumó Alejandro Encinas, pese a no formar parte de ninguna de las comisiones.

Juan Carlos Romero Hicks dijo que no iba a actuar «contra la realidad», en referencia a la mayoría priista que se disponía a aprobar el orden del día y entrar en el análisis del dictamen para luego aprobarlo. Pero propuso que, para entrar en las deliberaciones, se estableciera una metodología de trabajo, lo que se consideró como un nuevo intento por ampliar las discusiones. La propuesta fue retomada por su compañera Pilar Ortega, ambos senadores del Partido Acción Nacional por Guanajuato.

Finalmente, ambas propuestas fueron desechadas por 15 votos en contra y ocho a favor.

El camino que seguió de ahí en adelante ya era conocido. El panista Fernando Torres Graciano, también guanajuatense y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que el debate ha sido amplio y que por  años se han escuchado todas las opiniones, además de que rechazó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track”.

El senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México; “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”, expresó.

Los senadores a favor del dictamen, en su mayoría priistas, rechazaron que la ley implique la militarización del país. Al contrario, sostuvieron que fortalece las acciones del gobierno con reglas claras para la sociedad y las fuerzas armadas, para que no sean utilizadas de forma “caprichosa” por los gobiernos de los estados, además de que establece de forma clara el respeto a los derechos humanos. Al final, aprobaron por mayoría la minuta de ley.

Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el Pleno a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21 22, 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto. En tanto, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez anunció que se reservaba los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.

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Foto de portada: Senado de la República.