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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 8 de febrero de 2018
La organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) interpuso un amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerar que su aplicación afectaría a las mujeres, pues pone en riesgo sus derechos a la vida; a su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y seguridad personales; a no ser sometida a torturas, así como al respeto a su dignidad humana. En particular, esta ley coloca en situación de vulnerabilidad a las defensoras de derechos humanos, toda vez que laboran en un contexto nacional de violencia generalizada, machismo e impunidad y podría impedir o limitar su derecho a defender.
Este amparo fue interpuesto el miércoles ante los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México y tiene el objetivo de impugnar la ley, explicó la organización a través de un comunicado en el que, añade, se propone evitar judicialmente el decreto de una legislación que es omisa en señalar cómo va a garantizar los derechos humanos, en específico de las mujeres y las defensoras, obligación señalada en la Convención Belem Do Para, la Convención sobre la Erradicación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Foto: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
«La LSI no establece la obligación de velar por que los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres; obligar a un agente estatal que intervenga en acciones de seguridad interior a que se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de una mujer; modificar prácticas consuetudinarias que respalden o toleren la violencia machista con motivo y/o en ejercicio de acciones de seguridad interior; incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de acciones de seguridad interior; prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia institucional contra las mujeres; establecer sanciones a funcionarios que vulneren los derechos de las mujeres; y no incluye normas penales, civiles y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres».
ProDESC argumenta que la Ley de Seguridad Interior constituye una medida legislativa cuya aplicación pone en riesgo derechos especiales y específicos para las mujeres, «porque la situación de violencia que enfrenta nuestro país impacta de manera diferenciada a las mujeres, y ellas ahora continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres; especialmente en los vinculados a la violencia sexual. A esto se suma que la violencia y discriminación es un elemento fijo en la vida de las mujeres durante tiempos de paz que empeora y degenera durante el enfrentamiento interno, ya que son sujetas a un trato inferior; las consecuencias civiles, políticas, económicas y sociales son desventajosas para ellas; y son explotadas y abusadas por los actores del conflicto armado en su lucha por controlar el territorio y los recursos económicos».
En cuanto al riesgo que esta ley traería para las mujeres defensoras, la organización precisa que un elemento sustancial de su trabajo de defensa integral -con enfoque de género, como eje transversal- está encaminado a evidenciar factores estructurales del marco normativo nacional que obstaculizan el acceso a la justicia entre mujeres y hombres en las comunidades y colectivos que acompaña.
En ese sentido, ha constatado «que la violencia generalizada, la violencia feminicida, el machismo y la impunidad que atraviesa el país se reproduce y potencia en contextos donde laboran las defensoras de derechos humanos frente a la instalación de megaproyectos. Esta realidad no hace propicia el decreto de una que Ley que privilegia el enfoque de militarización al de los derechos humanos».
Esta legislación, añade, es inconstitucional porque no cumple el principio de proporcionalidad, ya que no resulta idónea, necesaria ni es igualmente adecuada para todas las personas. Además, contiene ambigüedades en la definición de conceptos como seguridad interior, y amenazas y riesgos a la seguridad interior.
Foto: CLADEM.
«Frente a este contexto, resulta inadmisible que una medida legislativa como la LSI carezca de las garantías mínimas para asegurar la protección de tales derechos, la prevención y sanción de las conductas lesivas de los mismos y de sus perpetradores, así como la erradicación de prácticas consuetudinarias observadas en la actuación de las fuerzas militares en labores de seguridad».
* Foto de portada: José I. Hernández / Cuartoscuro.
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