Denuncian consejeros fallas y presupuesto insuficiente en Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Martes 27 de febrero de 2018

 

Las y los siete miembros del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunciaron diversas irregularidades en el funcionamiento del organismo que impiden el establecimiento de las medidas de protección a favor de las personas beneficiarias, lo que vulnera sus derechos humanos. Entre éstas, destacan la falta de presupuesto suficiente, personal insuficiente, limitantes al derecho de audiencia, problemas de logística para el traslado de las y los beneficiarios, y fallas de la única empresa de seguridad privada encargada a nivel nacional de casi todos los planes de protección.

Los consejeros Víctor Ruiz Arrazola, Araceli Domínguez Medina, Alberto Xicotencatl Carrasco, Araceli Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Maurilio Santiago Reyes y Stefan Zimmer emitieron un comunicado conjunto en el que, además de exigir al gobierno federal respete su mandato para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, manifiestan «su preocupación por las irregularidades en que se han venido desarrollando las sesiones de la Junta de Gobierno de este organismo federal desde el mes de diciembre de 2017, a tal grado que a unos días de que se reuniera la Junta de Gobierno este 27 de febrero, se pospuso una semana, argumentando causas de orden administrativo». Y es que en las sesiones, señalan, es donde se establecen las medidas de protección para las personas beneficiarias.

En este sentido, explican que «bajo el argumento de razones administrativas» se les pide a las personas beneficiarias que conozcan la forma en que se resuelven sus casos «por medio de una llamada telefónica, ya que no hay recursos para pagarles el transporte aéreo o terrestre». Incluso, cuando la parte beneficiaria no acepta esa condición, «la deliberación de su caso se pospone a la sesión posterior».

Por todo ello, lanzaron un llamado al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el propósito de que tome cargas para resolver las inconsistencias administrativas y técnicas que han obstaculizado el buen funcionamiento del mecanismo. Porque, argumentan, «desde el más alto nivel de la Secretaría de Gobernación» se deben atender aspectos estructurales del Mecanismo de Protección que «han impedido que las estrategias dadas a conocer por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el año pasado se hayan llevado a la práctica de acuerdo a los requerimientos» de las personas defensoras y periodistas, beneficiarias de esta instancia gubernamental ante el escenario de violencia que se vive en el país».

Recuerdan que al anunciar en 2017 la creación de las unidades de enlace estatales el presidente Peña Nieto dijo que su gobierno está comprometido con la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, «pero las restricciones administrativas o los ajustes que se realicen en esa materia impiden que esa voluntad política se lleve a la práctica.

«Cómo consejo consultivo solicitamos al gobierno de la República que se pongan en marcha acciones gubernamentales que trasciendan a la voluntad o formas de trabajo de las personas servidoras públicas y que el proceso electoral que se vive durante el presente año en el país no distraiga la atención institucional a temas tan graves como la violencia en que desarrollan su actividad profesional las personas defensoras de derechos humanos y periodistas».

«Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita», dijo Peña Nieto el 17 de mayo de 2017, fecha en que prometió fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

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Foto de portada: Plataforma Nacional de Periodistas.